En el marco de la discusión en torno a la Ley Ómnibus y en el contexto de la persistente búsqueda por mantener la estabilidad fiscal, una medida se posiciona en el centro del debate: la posible actualización del impuesto a los combustibles, congelado desde el año 2021. Esta medida, que podría generar un incremento del 11% en los precios en surtidores, se presenta como una opción para mejorar las cuentas públicas en términos de ingresos, aunque no exenta de impactos económicos directos en los consumidores.

El impuesto a los combustibles, instaurado mediante la ley 23.966 en 1998, tiene como objetivo principal financiar fondos destinados a viviendas e infraestructura a lo largo y ancho del país. Compuesto por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al dióxido de Carbono, estos tributos imponen montos fijos actualizables cada tres meses en función del Índice de Precios al Consumidor, indicador medido por el INDEC.

La decisión de congelar la aplicación de este impuesto se tomó durante el primer trimestre de 2021, como estrategia para evitar un incremento sistemático en los precios de los combustibles en un contexto inflacionario. A pesar de ser una medida inicialmente temporal, el congelamiento se ha prolongado, y la última disposición oficial al respecto, publicada en noviembre de 2023, estableció que la vigencia de dicho congelamiento se extendería hasta el 1 de febrero de 2024.

El Gobierno argumentó que la suspensión de los impuestos a los combustibles tenía como objetivo mejorar la competitividad de los precios y aliviar los costos para los ciudadanos. No obstante, esta decisión podría revertirse, ya que el Ejecutivo tiene la posibilidad de no renovar el congelamiento, lo que se traduciría en un aumento directo de los precios en surtidores. Los expertos del sector estiman que este aumento podría alcanzar un 11% sobre los valores actuales.

Precios vigentes de la nafta y el gasoil 

Si consideramos como referencia los precios vigentes de la nafta y el gasoil en la red de estaciones de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, los nuevos valores podrían ser los siguientes:

• Nafta Súper: $775,89 por litro
• Nafta Infinia: $956,82 por litro
• Diésel: $816,96 por litro
• Diésel Infinia: $1041,18 por litro

Es importante destacar que la posible actualización del impuesto a los combustibles no solo impactaría en el bolsillo de los consumidores, sino que también tendría repercusiones en las finanzas públicas. La recaudación adicional generada por este incremento impositivo podría destinarse a financiar proyectos de viviendas e infraestructura, conforme a los objetivos establecidos por la ley que creó este tributo.

El Gobierno analiza actualizar un impuesto que podría aumentar hasta un 11% el precio de la nafta

La incertidumbre en torno a esta medida se intensifica debido al contexto político y económico actual, marcado por la discusión en torno a la Ley Ómnibus y la necesidad de mantener un equilibrio fiscal. La actualización del impuesto a los combustibles se presenta como una opción que el Gobierno podría considerar para fortalecer sus ingresos y cumplir con las metas fiscales propuestas.

No obstante, este posible aumento en los precios de los combustibles también podría generar preocupaciones en la ciudadanía, especialmente en un contexto económico donde la inflación y la incertidumbre financiera son factores determinantes. Los consumidores podrían ver afectado su poder adquisitivo, lo que podría tener consecuencias en el consumo y en la actividad económica en general.

El sector empresarial vinculado a la industria de los combustibles está atento a los posibles cambios en la política impositiva, ya que esto podría influir en sus márgenes de ganancia y en la competitividad del mercado. La actualización del impuesto a los combustibles podría generar un reajuste en los precios finales, impactando directamente en la estructura de costos de las empresas del sector.