El Banco Central de Uruguay sancionó con la cancelación de sus actividades a la firma de asesoría de inversión Big Capital y la dio de baja del Registro de Mercado de Valores.

Big Capital es una empresa argentina que desembarcó en Uruguay en febrero de 2022, cuando los accionistas de Fimix vendieron su participación a los socios de Big Capital, Damián Marizza y Pedro Viggiano.

Según la resolución del BCU, la Superintendencia de Servicios Financieros le inició actuaciones de supervisión en 2023 en donde constató una "multiplicidad de incumplimientos".

Entre ellos que Big Capital "no se encuentra desarrollando asesoramiento en inversión o canalización de órdenes de clientes, siendo estas actividades las que definen la licencia" de asesor de inversión, señala El País de Uruguay.

El BCU encontró que "la actividad principal de la entidad es la colocación a terceros de cesiones de créditos otorgados por Wenance Uruguay S.A." (una fintech de origen argentino que captaba dinero de inversores para dar créditos y fue denunciada por estafa por unos 600 uruguayos).

Además, "los ingresos de Big Capital corresponden solo a esta actividad, emitiéndose la totalidad de las facturas a Wenance Uruguay S.A.", indicó la resolución.

La "infracción grave" de una asesora argentina de inversiones en Uruguay

Pero no fue lo único que incumplió la firma, según el BCU. "No se cuenta con los antecedentes personales y profesionales de Viggiano y Marizza, en tanto no fueron presentados durante el trámite de cesión de cuotas sociales y tampoco fue posible obtener esta información en las actuaciones de supervisión". Esto incumple la normativa del Mercado de Valores.

El BCU citó a ambos socios, pero "Viggiano alegó la existencia de inconvenientes de salud que no le permitían asistir o comunicarse vía Zoom" y Marizza no acusó recibo de las citaciones", explicó el documento.

A su vez, "no se logró verificar que Big Capital cuente con personal con la capacitación y experiencia requerida para desarrollar la actividad", otro incumplimiento a la normativa.

La resolución describió varios incumplimientos más como que "no se comprobó la existencia de políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos" y la "debida diligencia"; "durante las actuaciones de supervisión no fue posible acceder a toda la información vinculada a la actividad de la sociedad"; la firma "no lleva los registros dispuestos por la normativa", entre otros.

Para el Central, la firma "no cuenta con personal en el país que posea la experiencia y capacitación necesaria para dirigir y gestionar a la firma, así como desarrollar las actividades permitidas por la licencia".

Por eso, el BCU concluyó que "la multiplicidad de incumplimientos, la imposibilidad de evaluar al personal superior de la firma, así como la falta de acceso a la información vinculada con su actividad, en particular a los registros que debe mantener como asesor de inversión, no permite ejercer la debida fiscalización por parte de este Banco Central, lo cual supone una infracción grave que amerita la cancelación de actividades".