El dólar llegó a los $1.400 y el mercado detectó intervención oficial para contener la suba
En la última rueda del mes, el dólar minorista subió este martes $20 pesos y cerró en $1.400, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa se negoció con tendencia alcista, a $1.380, desacelerando la suba que había mostrado a comienzos de la rueda luego de una posible intervención oficial.
En el segmento informal, el dólar blue se ubicó con una suba de quince pesos, en $1.445. En el segmento financiero, el contado con liquidación avanzó a $1.544 ( 3,2%), mientras que el MEP ascendió a $1.4946 ( 2,7%).
Si bien el BCRA no vendió reservas, ya que el dólar mayorista no tocó el techo de la banda, en el mercado descuentan una intervención oficial para contener el dólar oficial. Luego de que alcanzara el pico de $1.435, cerca del techo de la banda, apareció una barrera de órdenes de venta que a $1.380 por un volumen cercano a los u$s450 millones, que se tratarían de posturas oficiales.
En la red social X, Christian Buteler advirtió: "Dólar mayorista ahora en $1.372, pero llegó a tocar $1.450, $30 por debajo del techo de la banda" y remarcó: "Si todavía en el último día de liquidación del campo el Tesoro tiene que empezar a vender los dólares que acaba de comprar hace cinco minutos, la situación es mucho más frágil de lo que se cree".
En la misma línea, Salvador Vitelli, economista de Romano Group, señaló que "el dólar mayorista tocó un máximo hoy de $1450 y rápidamente apareció oferta para hacerlo bajar. Ahora cotiza en la zona de los $1376".
El mercado cambiario argentino volvió a quedar bajo el centro de la escena tras una nueva decisión del Banco Central que reinstaló restricciones para los individuos. La medida, aplicada de forma inmediata, busca frenar la operatoria de arbitraje entre el dólar oficial y los dólares financieros, un mecanismo que hasta hace poco era utilizado por empresas y personas físicas para aprovechar las diferencias de precios. Con esta resolución, quienes accedan al tipo de cambio oficial quedan imposibilitados de comprar contado con liquidación (CCL) o mercado electrónico de pagos (MEP) durante noventa días, interrumpiendo un canal que funcionaba como válvula de escape frente a las tensiones cambiarias.
El trasfondo de esta decisión revela un dilema clásico en la política económica local: el intento de maximizar la captación de divisas oficiales en un contexto de oferta extraordinaria del agro, aun cuando ello suponga agrandar la brecha y trasladar más presión a los mercados paralelos. El cepo, en sus distintas versiones, se ha transformado en una herramienta de control que resuelve coyunturas de corto plazo, pero que a la vez genera distorsiones crecientes y limita las posibilidades de estabilización hacia adelante.
Mientras tanto, el Tesoro logró aprovechar el nuevo esquema para comprar más dólares en el mercado oficial, asegurándose un flujo mayor que en las jornadas previas. El contraste en las cifras habla por sí solo: antes de la norma, la participación estatal en las divisas liquidadas era reducida, mientras que después de su implementación el porcentaje se multiplicó. Sin embargo, el costo de esta estrategia no es menor: una brecha cambiaria más amplia, expectativas devaluatorias crecientes y la certeza de que, sin un ancla macroeconómica sólida, las restricciones terminan por extenderse y retroalimentar la inestabilidad.
La medida que cambió la dinámica del mercado
La nueva normativa cortó de raíz la operatoria que permitía a individuos y empresas arbitrar entre los distintos mercados. Hasta ahora, el mecanismo consistía en comprar dólares al tipo de cambio oficial, venderlos luego a través de bonos en el segmento financiero y, con los pesos obtenidos, volver a ingresar al mercado oficial. Ese ciclo se tradujo durante meses en una presión sostenida sobre las reservas y en un canal paralelo para achicar la brecha.
Con la Comunicación "A" 8336, el Banco Central decidió interrumpir ese circuito, extendiendo una restricción que antes solo alcanzaba a las empresas y a determinados cargos jerárquicos dentro del sector financiero. Ahora, todos los individuos quedan bajo las mismas condiciones, lo que amplía de manera significativa el alcance del cepo.
Los defensores de la medida sostienen que esta jugada permite al Tesoro acceder a un mayor caudal de divisas en un momento clave del calendario económico, cuando las liquidaciones del agro son fundamentales para sostener el nivel de reservas. La lógica oficial es clara: restringir la competencia para asegurarse los dólares en una coyuntura decisiva.
Sin embargo, el impacto inmediato también se tradujo en un ensanchamiento de la brecha cambiaria. Al cerrarse los canales legales de arbitraje, el mercado informal se convierte en la alternativa más atractiva para los individuos, lo que refuerza la dolarización paralela y aumenta las tensiones en el frente cambiario.
Una estrategia con beneficios inmediatos y costos crecientes
Los especialistas de la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones advirtieron que, en términos prácticos, la medida tuvo un efecto contundente. El día previo a la implementación, el Tesoro solo había logrado captar una porción reducida de los dólares ingresados por el agro, mientras que en la jornada posterior, con la restricción activa, el volumen adquirido se multiplicó. El contraste mostró que la normativa cumplió su objetivo de corto plazo: asegurar al Gobierno una mayor participación en el mercado de divisas.
Para PPI, el riesgo está en lo que vendrá una vez agotado el caudal extraordinario del agro. Sin esa oferta masiva, el desbalance entre la demanda persistente y una oferta cada vez más débil empujará nuevamente al tipo de cambio oficial hacia el techo de la banda, forzando al Banco Central a vender reservas en montos considerables. Ese escenario abre la puerta a nuevas tensiones y a la posibilidad de que el Gobierno avance con restricciones aún más severas.
En paralelo, los especialistas remarcaron que el ensanchamiento de la brecha genera incentivos adicionales para recurrir al mercado informal, lo que a la larga erosiona la efectividad de las medidas oficiales. En lugar de reducir la presión, el cepo puede terminar trasladando las operaciones a canales menos transparentes y más difíciles de controlar.
El diagnóstico es claro: la estrategia oficial otorga oxígeno en el corto plazo, pero compromete aún más el equilibrio futuro. En ausencia de un plan integral, cada restricción nueva se transforma en un parche que multiplica los costos y limita el margen de maniobra.
El cepo híbrido y sus contradicciones
Desde la ALyC Max Capital remarcaron que las restricciones cambiarias no funcionan de manera parcial: tarde o temprano se aplican por completo o terminan eliminándose. La reinstalación de la restricción cruzada para personas físicas es, para ellos, un ejemplo concreto de cómo un cepo híbrido termina generando distorsiones crecientes.
El esquema previo permitía un subsidio implícito desde las empresas hacia los individuos que arbitraban, lo que distorsionaba los precios relativos y ampliaba los costos para el Gobierno. Con la nueva regulación, se eliminó ese canal, pero al mismo tiempo se ensanchó la brecha y se incentivó el arbitraje a través del mercado informal.
Los analistas del bróker explicaron que incluso si el Gobierno interviniera en los dólares financieros para reducir la brecha, el incentivo a arbitrar seguiría existiendo. En ese caso, los individuos podrían trasladar el arbitraje hacia la compra de bienes al tipo de cambio oficial, lo que presionaría las importaciones y obligaría a reforzar las restricciones comerciales.
El círculo se completa con un efecto inflacionario creciente. Las medidas terminan diluyendo sus ventajas aparentes, ya que los precios internos absorben los costos de las distorsiones y reflejan la falta de un ancla sólida. Así, las restricciones dejan de ser un mecanismo de control para transformarse en un factor adicional de inestabilidad.
El horizonte después de octubre
Tanto desde PPI como desde Max Capital coinciden en que el escenario hacia adelante estará marcado por la tensión entre la necesidad de captar divisas y la imposibilidad de sostener un esquema de controles indefinidamente. En un contexto de demanda firme y oferta debilitada, el riesgo de un salto en el tipo de cambio oficial crece a medida que se acerca el cierre del calendario electoral.
Para los analistas, la única salida sostenible pasa por un cambio profundo en la política macroeconómica. Con un ancla fiscal y monetaria consistente, las restricciones podrían eliminarse y el mercado podría avanzar hacia una flotación plena. Ese esquema, aunque con costos iniciales, otorgaría beneficios más estables y permitiría reducir las distorsiones acumuladas.
Los especialistas de Max Capital fueron claros en advertir que el rol de Estados Unidos como garante internacional puede ser un factor determinante para empujar una apertura después de las elecciones. Sin embargo, los últimos movimientos regulatorios generan dudas sobre la disposición real del Gobierno para encarar ese camino.
En tanto, desde PPI alertaron que, sin un plan consistente, la dinámica actual obligará al Banco Central a redoblar la intervención y a endurecer las restricciones, lo que solo retrasaría el ajuste y multiplicaría los costos futuros.
La disyuntiva está planteada: reforzar un cepo cada vez más rígido o avanzar hacia un esquema de normalización cambiaria que hasta ahora se mantiene como una posibilidad lejana, pero inevitable.