Señal al mercado: de dónde van a salir los u$s10.000 millones que necesita Caputo para este año
El frente fiscal de la administración actual atraviesa un momento de definiciones críticas. Con vencimientos en moneda extranjera que rondan los u$s9.000 millones hasta fin de año, el Palacio de Hacienda ha diseñado una estrategia de "pinzas" para alcanzar los u$s10.000 millones necesarios para despejar cualquier duda de default.
La piedra angular de este plan no es Wall Street, sino el regreso a las fuentes tradicionales de financiamiento institucional.
El Gobierno ha decidido pivotar hacia los organismos multilaterales. Esta "única ventanilla abierta" es la que aportará el grueso del flujo necesario para cubrir los compromisos.
El "puente" de los organismos internacionales
El esquema de financiamiento multilateral configurado por Caputo podría sumar hasta u$s4.000 millones, de acuerdo a las estimaciones del propio ministro.
El primer paso se dio con el reciente "Staff Level Agreement" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la segunda revisión del programa.
Este entendimiento habilitará un desembolso de unos u$s1.050 millones (800 millones de DEGs), lo que tras el pago de cargos e intereses, dejaría un flujo neto positivo para el país de aproximadamente u$s250 millones.
Sin embargo, el movimiento más audaz involucra al Banco Mundial. Así lo transmitió en la noche del domingo el viceministro, José Luis Daza, en declaraciones televisivas.
A su vez, el equipo económico avanza en negociaciones para obtener una garantía de u$s2.000 millones adicionales, que funcionaría como respaldo para una eventual emisión de deuda en los mercados, reduciendo el riesgo para los inversores.
A esto se suman aportes ya conversados:
- BID por u$s550 millones
- CAF por u$s500 millones potenciales
- Conformando un paquete que busca financiamiento a tasas de entre el 5,5% y 6,5% a seis años
Privatizaciones y Bonares: las otras piezas del rompecabezas
Para completar los u$s10.000 millones previstos, la estrategia contempla dos vías adicionales.
Por un lado, se proyectan ingresos por u$s2.000 millones derivados del proceso de privatizaciones. Por otro lado, la colocación de deuda doméstica en dólares juega un rol central.
En las últimas licitaciones, estos instrumentos mostraron una demanda firme en los tramos cortos, aunque con señales de alerta en las tasas. Por ejemplo, el AO28 debió convalidar una tasa del 8,5% TEA, lo que representa un premio superior a un punto porcentual respecto al mercado secundario, evidenciando que el mercado todavía exige un "plus" por saltar el Rubicón electoral.
Algunas tensiones
A pesar de que el programa financiero parece marchar "sobre ruedas", con un rollover del 127% en la deuda doméstica (en pesos) y una extensión de los plazos promedio a 14 meses, el frente interno presenta nubarrones.
La inflación de marzo sorprendió al alza con un 3,4%, acumulando diez meses consecutivos de subas y presionando el poder adquisitivo.
Asimismo, la sostenibilidad del superávit está en jaque por conflictos judiciales y políticos.
El fallo que ratifica la Ley de Financiamiento Universitario podría obligar al fisco a desembolsar $2,5 billones en partidas adeudadas, una cifra que comprometería seriamente las metas fiscales pactadas con el FMI. Esta situación demuestra que la "motosierra" tiene límites legales y sociales que requieren de consensos políticos para que el ancla fiscal sea duradera.