Una tragedia que podría acelerar la reestructuración de la deuda externa de Venezuela
Un evento como la tragedia que vive Venezuela como el reciente doble terremoto podría convertirse en un argumento adicional para que las autoridades venezolanas encabezadas por la Presidenta Delcy Rodríguez aceleren un acuerdo con los acreedores para solucionar el problema de una deuda pública que está en default desde 2017.
No obstante, es muy probable que los inversores exijan una evidencia concreta sobre el impacto económico del desastre antes de aceptar cambios significativos en los supuestos de sostenibilidad fiscal y capacidad de pago que servirán de base para llegar a una reestructuración exitosa.
Un reciente informe elaborado por el banco Citi, muy consultado ayer por operadores de Wall Street, sostiene que el esquema de sostenibilidad de deuda que preparan el gobierno venezolano y su asesor financiero, Centerview Partners, contempla supuestos significativamente más agresivos que los que manejaba hasta ahora el mercado, lo que podría traducirse en recuperaciones menores de la inversión para los acreedores.
Según el informe, la propuesta en elaboración parte de una deuda pública total del Estado y de PDVSA cercana a los u$s240.000 M, considerando un Producto Interno Bruto (PBI) nominal de unos u$s100.000 M.
Este valor de la deuda a reestructurar supera las estimaciones de bancos de inversión de Estados Unidos que oscilan entre los u$s150.000 M y u$s200.000 M, e incluso quedaría muy por encima del escenario base del Citi, que ubicaba la deuda en torno a u$s165.000 M a fines del año pasado.
El informe del Citi anticipa que es probable que los acreedores cuestionen el monto de la deuda incorporada al análisis como también las hipótesis macroeconómicas utilizadas para justificarla.
Por qué una quita superior al 60% genera alarma en Wall Street
Con estos supuestos, la relación deuda/PBI superaría el 240%, una de las más elevadas del mundo, y obligaría a aplicar una reducción o quita de la deuda superior al 60% para alcanzar un nivel considerado sostenible tras la reestructuración.
Para la entidad, el marco que estaría preparando Caracas debe interpretarse como una posición inicial de negociación más que como el resultado final del proceso, pero esta reestructuración se podría acelerar en los próximos meses.
Uno de los puntos más conflictivos es la definición del universo de obligaciones que serían incluidas en la reestructuración. Es que además de los bonos soberanos y los intereses acumulados desde el default, el esquema incorpora reclamos comerciales, laudos arbitrales y compromisos bilaterales, lo que genera disputas sobre qué pasivos deberían formar parte del cálculo final.
El informe del Citi considera probable que parte de esos pasivos sean objeto de disputas por parte de los tenedores de deuda, quienes podrían argumentar que algunas de esas obligaciones no deberían formar parte del cálculo final de la reestructuración.
El informe del banco destaca que desde el punto de vista de valuación, el escenario planteado por Venezuela y Centerview implicaría valores de recuperación de los bonos de la deuda en default de entre 25% y 30%, que son muy inferiores a los precios actuales de mercado.
El informe además describe que el banco mantiene una visión intermedia basada en una deuda cercana a u$s200.000 M y un PBI de unos u$s120.000 M, un escenario que implicaría un impacto mucho más acotado sobre las cotizaciones vigentes de los bonos.
Cómo reaccionaron los precios de los bonos venezolanos ante el temor de quitas mayores
La entidad sostiene que los precios de los bonos venezolanos ya comenzaron a reflejar parte de estas preocupaciones y que actualmente se encuentran más cerca de un escenario de compromiso entre las posiciones de los acreedores y las aspiraciones del gobierno que del esquema más agresivo que trascendió en las últimas horas posteriores al terremoto.
La caída del riesgo país de Venezuela durante los primeros meses de 2026 se ha convertido en una de las señales más llamativas para los mercados financieros internacionales. Después de permanecer entre las economías más riesgosas del mundo para los inversores, el indicador registró una reducción acelerada que despertó expectativas sobre una posible normalización financiera del país.
El descenso refleja una percepción más favorable sobre el futuro económico venezolano y responde a circunstancias muy particulares que distinguen a Venezuela de cualquier otro país de América Latina (y casi de todo el mundo).
Los acontecimientos políticos ocurridos a comienzos de 2026 modificaron las expectativas de los operadores de Wall Street sobre el futuro de la deuda venezolana.
Los inversores comenzaron a considerar que existía una posibilidad real de iniciar un proceso de renegociación ordenada de los compromisos externos y, como consecuencia de esto, los bonos venezolanos registraron una fuerte recuperación y el riesgo país inició una baja importante.
Al cierre de 2025 el indicador del JP Morgan estaba en los 12.645 puntos básicos, en febrero de 2026 ya se había reducido hasta 8.116 puntos y continuó descendiendo hasta alcanzar los 6.370 puntos básicos en marzo y 5.722 puntos básicos actuales, marcando una caída del 55% en ese lapso.
Qué autorizó Estados Unidos para impulsar la reestructuración de deuda
Uno de los factores que impulsó la reducción del riesgo país fue el anuncio formal del inicio del proceso de reestructuración de la deuda externa venezolana y, por primera vez desde el default de 2017, existe un marco legal que permite avanzar en la preparación de una renegociación integral de los pasivos de la República y de PDVSA.
La autorización emitida por las autoridades estadounidenses en mayo de 2026 abrió la puerta para que Venezuela contratara asesores financieros y legales especializados con el objetivo de diseñar una estrategia de reestructuración, incorporando a la firma Centerview Partners y al bufete internacional Hogan Lovells para los trabajos preparatorios.
El objetivo es construir una propuesta que permita hacer sostenible una deuda que actualmente supera ampliamente la capacidad de pago de la economía venezolana y, además, se anunció que este mes se presentará el panorama macroeconómico junto al reinicio de la publicación de cifras oficiales por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), que aportarán al mercado herramientas para evaluar la situación económica actual.
La posibilidad de reorganizar la deuda podría liberar recursos para atender necesidades de infraestructura, servicios públicos y recuperación productiva. Al mismo tiempo, la normalización financiera facilitaría el regreso de inversiones internacionales, especialmente en el sector energético, considerado el principal motor para impulsar el crecimiento económico durante los próximos años.
Las estimaciones de valor razonable promedio de bancos de inversión de Wall Street de la deuda venezolana es de unos 53,5 centavos por dólar para los bonos del gobierno y 47,9 centavos para los de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y representan una prima respecto a los precios actuales del mercado.
La deuda venezolana, que ha permanecido en mora durante casi una década, se ha revalorizado cerca de un 60% este año ante la perspectiva de una futura reestructuración que se podría acelerar como consecuencia de la tragedia actual.
Las proyecciones económicas que alimentan el optimismo a pesar del contexto social crítico
La consultora venezolana Ecoanalítica estima un crecimiento del PIB de entre 10% y 12% para 2026 impulsado por la reactivación petrolera, y proyecta que los ingresos de divisas podrían llegar a u$s35.000 M este año, frente a los u$s12.000 M ingresados en 2025.
La mayor preocupación de los analistas es que la pobreza total de los hogares, si bien bajó de 73% en 2024 a 68% en 2025, se sigue manteniendo en ese nivel y con un salario mínimo de u$s0,30.
La economía venezolana cerró 2025 atravesada por desequilibrios macroeconómicos persistentes que condicionan el escenario político y social.
La inflación llegó al 600% anual, el salario mínimo quedó licuado en dólares y el tipo de cambio profundizó la brecha entre el mercado oficial y el paralelo.
La dinámica cambiaria volvió a tensionarse en 2025. El bolívar se depreció un 82,7% frente al dólar en el año, según cifras oficiales del BCV, y el tipo de cambio pasó de 52,02 a más de 301 bolívares. Solo en diciembre, el valor del dólar oficial subió un 22% y, en lo que va del 2026, el valor del dólar en Venezuela acumula una suba del 105% al pasar de 300 a los actuales 622 bolívares por unidad.