La oposición desafía al Gobierno y busca avanzar en leyes de discapacidad y morosidad

La oposición al gobierno de Javier Milei decidió convertir uno de los resultados de la última sesión de Diputados en una señal política y convocó para el miércoles 9 de septiembre, a las 12, a una sesión especial destinada a obligar al oficialismo a abrir el debate sobre dos problemas que la Casa Rosada prefiere mantener fuera de su agenda para cuidar su plan fiscal: la prórroga emergencia en discapacidad en todo 2027 y una solución a los morosos de deudas familiares.

Según confiaron a iProfesional fuentes de todos los bloques opositores, el mecanismo elegido será el emplazamiento de las comisiones. No se buscará aprobar las leyes en ese día en el recinto, sino obligar a que las comisiones comiencen a tratarlas y emitan dictamen. Esto es así porque este miércoles intentaron debatirlas sin dictamen y alcanzaron 133 votos, número insuficiente para habilitar el debate sin dictamen, pero suficiente para sancionarlas con dictamen.

Es un paso parlamentario menos espectacular que una votación definitiva, pero políticamente tendrá impacto mucho más relevante para un Gobierno que hasta ahora consiguió administrar los tiempos de Diputados y evitar que prosperaran iniciativas con impacto fiscal. En los bloques libertarios y el PRO temen perder el control de la agenda.

El encargado de anunciar la ofensiva en su cuenta de X fue Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas y exradical, uno de los dirigentes que viene articulando esa gesta opositora. El pedido de sesión especial fue firmado por legisladores de un arco que va desde Unión por la Patria hasta sectores del radicalismo, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y otros bloques provinciales.

El dato que encendió las alarmas en la Casa Rosada fue el resultado de la sesión de este miércoles. La oposición consiguió 133 votos para avanzar con el tratamiento de estas cuestiones, además de 11 abstenciones. No alcanzaba para incorporarlas directamente al temario sobre tablas sin dictamen de comisión: se necesitaba una mayoría especial de tres cuartas partes.

Pero la votación dejó algo más importante que una derrota circunstancial: un número potencialmente suficiente para aprobar proyectos en una futura instancia parlamentaria luego de que los proyectos pasen por las comisiones, y más aún si esos 11 diputados que se abstuvieron, o parte de ellos, terminan acompañando.

La lectura política de la oposición es sencilla: el Gobierno todavía tiene capacidad para bloquear el tratamiento inmediato, pero ya no puede dar por descontado que tiene una mayoría propia para impedir que estos temas lleguen al recinto.

El primer frente que busca desafiar la oposición: discapacidad

El proyecto que buscarán emplazar establece la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta fines de 2026 y contempló la posibilidad de extenderla por un año. Entre otras medidas, estableció mecanismos de actualización de las prestaciones y aranceles, disposiciones sobre pensiones por discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad, el cupo laboral y pautas de financiamiento para evitar que las medidas de protección del sector fueran neutralizadas mediante recortes presupuestarios.

El problema es que la aplicación de la ley se convirtió desde el comienzo en un conflicto entre el Congreso, el Poder Ejecutivo, los prestadores y la Justicia.

El Gobierno había vetado la norma sancionada por el Congreso, pero el Parlamento insistió y dejó firme la ley. Luego, la Justicia Federal ordenó su aplicación. Para los sectores de discapacidad, sin embargo, el cumplimiento sigue siendo parcial y conflictivo.

En la oposición sostienen que el Gobierno nunca aplicó integralmente el mecanismo de actualización que establecía la ley y que las prestaciones quedaron retrasadas frente a la inflación y a los cambios de precios producidos desde la primera devaluación. El argumento opositor es que no alcanza con recomponer parcialmente los valores cuando el sistema arrastra un atraso acumulado.

Ahora aparece además un problema de calendario: la emergencia vence a fin de año. Por eso buscan extenderla hasta diciembre de 2027.

Todavía no está determinado el costo fiscal definitivo de la prórroga, un dato que será central en la discusión con Economía. Precisamente allí aparece el principal argumento del Gobierno: cualquier iniciativa que genere nuevas obligaciones para el Estado puede alterar el equilibrio fiscal que Milei considera la columna vertebral de su programa económico y de sus compromisos con el FMI.

Para Juliano, en cambio, el Congreso no puede limitarse a discutir exclusivamente la agenda que fija el Poder Ejecutivo.

"No se puede especular con la angustia de la gente", planteó el diputado, que cuestionó que el Gobierno considere que estos problemas no forman parte de sus prioridades. "Hay seis millones de argentinos en mora y sobreendeudados que necesitan que el Congreso los escuche y les dé una solución", sostuvo.

Morosidad récord: otro de los puntos claves en Diputados

El segundo frente es bastante más complejo y puede convertirse en una discusión mucho más profunda con bancos, compañías financieras y billeteras virtuales.

Hay 38 proyectos presentados en Diputados vinculados con el endeudamiento familiar, las tarjetas de crédito, los préstamos personales, las deudas con fintech, los créditos hipotecarios UVA, la protección de los consumidores financieros y los mecanismos de refinanciación.

No existe una única propuesta. Algunas iniciativas plantean límites a intereses y cargos; otras buscan mecanismos de refinanciación, protección frente a embargos, prevención del sobreendeudamiento, programas de saneamiento financiero, segunda oportunidad para personas insolventes o modificaciones al régimen de tarjetas de crédito. "Sobre esto tenemos que trabajar", dijo un diputado de Unión por la Patria.

La propia heterogeneidad de los proyectos revela la dificultad del problema. No es lo mismo un deudor de una tarjeta de crédito que alguien que tomó un préstamo personal, una familia endeudada con una fintech, un jubilado atrapado en un crédito o una persona que no puede afrontar una cuota hipotecaria UVA.

Por eso la discusión que se abrirá en comisión será, previsiblemente, una negociación para encontrar un núcleo común entre iniciativas diferentes. La oposición pretende que las comisiones tengan una fecha cierta para comenzar a trabajar y que de allí surja un dictamen que pueda llegar al recinto.

El Gobierno, mientras tanto, sostiene otra lógica: el Estado no debería hacerse cargo de las deudas contraídas entre particulares. La alternativa que comenzó a analizarse es que sean los propios acreedores —bancos y fintech— quienes refinancien los préstamos, evitando que el Tesoro deba desembolsar recursos para cancelar deudas privadas.

Es una diferencia conceptual importante. La oposición habla de una emergencia de endeudamiento familiar que requiere una respuesta legislativa. La Casa Rosada intenta evitar que esa emergencia termine convirtiéndose en un nuevo programa de asistencia financiado por el Estado.

La posición de Patricia Bullrich complica el tablero

La discusión incluso empezó a atravesar al oficialismo y a sus aliados. La senadora Patricia Bullrich planteó este jueves en el Senado una posición que busca ubicarse en el medio de la discusión. La senadora sostuvo que los bancos y las billeteras virtuales deberían presentar planes de refinanciación para los deudores y reclamó mayor transparencia sobre el costo de los préstamos.

Su propuesta es que el Costo Financiero Total (CFT) tenga un "etiquetado frontal": que aparezca informado de manera visible, con un "cartel gigante" y no escondido en la letra chica de los contratos. Bullrich, sin embargo, mantuvo un punto central coincidente con Milei: el Estado no debería hacerse cargo de las deudas privadas.

Según la legisladora, la mora afecta al 12,8% de quienes tomaron préstamos con bancos o billeteras virtuales, una proporción que, a su juicio, no justifica que el Estado termine absorbiendo el costo financiero. Pero al mismo tiempo fue categórica respecto de las entidades privadas: "los bancos y las fintech tienen que presentar un plan de refinanciación y hacerse cargo".

La posición es políticamente significativa porque aparece en momentos en que la relación entre Bullrich y la Casa Rosada atraviesa un momento de evidente frialdad. Y porque abre una tercera vía: ni rescate estatal de los deudores ni indiferencia frente al problema.

El desafío detrás de los números y el plan fiscal del Gobierno

La sesión del 9 de septiembre será, por lo tanto, algo más que una discusión reglamentaria. La oposición descubrió que puede reunir un número relevante en Diputados y ahora pretende utilizarlo para forzar al Gobierno a discutir asuntos que considera socialmente sensibles y políticamente difíciles de rechazar.

El oficialismo todavía conserva herramientas para retrasar los tiempos parlamentarios. Pero si las comisiones son emplazadas, la discusión ya no dependerá exclusivamente de la voluntad de la Casa Rosada.

El calendario también juega a favor de la oposición. Si el 9 de septiembre se aprueban los emplazamientos, luego comenzará una negociación en las comisiones. Los dictámenes podrían llegar recién durante las semanas siguientes y, en ese escenario, el debate en el recinto quedaría para octubre. Allí aparecerá la verdadera batalla.

Milei necesita preservar la disciplina fiscal y evitar que el Congreso sancione leyes que impliquen nuevos gastos o compromisos para el Estado. La oposición, por el contrario, encontró dos temas —discapacidad y endeudamiento— capaces de perforar el discurso fiscalista porque afectan directamente a familias, jubilados, trabajadores y prestadores.

El Gobierno puede argumentar que no hay recursos para financiar nuevas obligaciones. Lo que no puede hacer con tanta facilidad es evitar la discusión política sobre qué ocurre cuando un sistema de prestaciones queda atrasado o cuando millones de personas dejan de poder pagar sus créditos.

Por eso los 133 votos del miércoles tienen un valor que excede la votación concreta. No alcanzaron para aprobar las leyes. Pero alcanzaron para mostrar que el oficialismo ya no puede mirar el recinto con la tranquilidad de los primeros tiempos. La oposición encontró una grieta parlamentaria. Y ahora quiere convertirla en mayoría.

El 9 de septiembre comenzará a verse si aquella foto de 133 votos fue solamente una coincidencia parlamentaria o el anticipo de una nueva relación de fuerzas en Diputados.