Desde la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce) enviaron una nota a la AFIP solicitando ajustes a la Moratoria 2020 que se encuentra en plena vigencia.

En particular, los contadores hacen foco sobre la posibilidad que tienen para acogerse a la misma los empleados en relación de dependencia, los directores de SA y/o gerentes de SRL, dada la interpretación emitida por la Dirección Nacional de Competitividad de Financiamiento, referida a la inscripción en el Registro MiPyME de los socios de sociedades y/o directores.

En razón de los beneficios que la Ley de Solidaridad establece para las MiPyMES, y respecto del acogimiento de las mismas al régimen de moratoria, la obtención del certificado MiPyME resultaría una condición resolutoria para el ingreso.

Ello así, se desprende que, obtenido el certificado, el contribuyente ingresa en una moratoria para lo cual deberá, en algunos casos, rectificar sus declaraciones juradas omitidas, en otros presentar las omitidas; pero de lo que no hay duda es que el monto de sus obligaciones fiscales exigibles frente a la AFIP, serán aquellas que el contribuyente declare en su ingreso a la moratoria.

"Resulta carente de seguridad jurídica la pretensión que, una vez obtenido el certificado y materializado el ingreso a la moratoria, la Subsecretaría, como consecuencia de auditorías posteriores, pretenda retirar el certificado de aquellos que ya plasmaron su acogimiento. Esto implicaría establecer una condición suspensiva de la que no se menciona ni en la ley ni en la reglamentación efectivizada por la AFIP", señalan desde la Facpce. 

Al proceder de esa manera, se estaría obligando a un contribuyente a declarar en contra de si mismo para luego quitarle el supuesto beneficio de la amnistía que fuera concedido por el Legislador a través del dictado de la Ley de Solidaridad.

Esta interpretación de la Subsecretaría, dado la injusta situación en la que se ha colocado a los empleados en relación de dependencia, como a los directores de SA y/o gerentes de SRL, y considerando las particularidades de estas tres categorías, se contrapone a la intención del legislador de ayudar a quienes manifestaran su voluntad de pagar y saldar sus deudas fiscales, siempre y cuando no fueran grandes empresas para quienes se había anunciado un plan de pagos especial."Entendemos que la AFIP debiera, atento a sus facultades, definir condiciones diferenciales a fin de facilitar y estimular la adhesión a estos sujetos que pese a encuadrar en el universo de contribuyentes objeto de regularización, por un requisito formal, se les imposibilita el ingreso al régimen, recayendo sobre estos un manto de inequidad contrario a la intención legislativa", agregan desde la Facpce.

Ha de tenerse muy presente que al no admitirse el ingreso de estos especiales sujetos se estaría frente a un supuesto de vulnerabilidad del principio de igualdad, de raigambre constitucional, que obligaría a quienes sientan vulnerado su derecho igualitario al ingreso a la moratoria, a interponer las correspondientes acciones judiciales que consideren prudentes.