El vicepresidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), Ariel Aguilar, afirmó este martes que la deuda impositiva de las Pymes "la generó la propia política económica del gobierno" y reclamó una "moratoria en serio" para que las empresas puedan pagar.

En declaraciones a NA, Aguilar señaló que en el 2017 "más de 150.000 pymes sufrieron embargos de la AFIP y se calcula que el año pasado ese número creció entre un 20% y un 30%, porque las empresas no pueden pagar los impuestos por la propia crisis que generó el Gobierno".

El dirigente recordó que antes de la crisis del dólar, se le pidió a la AFIP y también al ministerio de Producción (que en ese momento era conducido por Francisco Pancho Cabrera) "una moratoria para afrontar la situación, pero no hubo respuesta.

"Queremos que se aplique una verdadera moratoria, la pedimos hace ocho meses, previendo esta situación, y todavía estamos esperando una respuesta", se quejó Aguilar después de que el Gobierno subiera hasta 50% las tasas de interés de las deudas impositivas.

"Nosotros pedimos una moratoria en serio, con un año de gracia, condonación de intereses, plan de 60 cuotas al 1 por ciento mensual, y lo hicimos en junio del año pasado y todavía estamos esperando una respuesta", dijo el vicepresidente de la CGERA.

Aguilar explicó que el plan de facilidades de pago de la AFIP "es inaplicable porque exigen un anticipo del 15% de la deuda, cuando ni siquiera se puede pagar los impuestos y después 48 cuotas con intereses que ya eran altos y ahora los acaban de subir".

Dijo que el scoring de la AFIP "tiene la misma perversidad que el nivel de tasas, porque si sos un mal contribuyente te aplican un 15% de intereses, sin interesarles, si antes las empresas cumplía, y si sos cumplidor un 10% para regularizar deudas".

"Hay una verdadera burla hacia las pymes, cuando querés aplicar un scoring cuando la economía perdió 10.000 empresas y 120.000 puestos de trabajo y eso es un grado de desconocimiento importante de la realidad que vivimos las pymes", dijo el empresario.

Aguilar, que preside la Cámara Industrial de Manufacturas de Cuero (CIMA) señaló que las empresas "tienen que pagar salarios, los tarifazos, el aumento de la logística, para seguir produciendo y los impuestos, y no es que no los quieran pagar, sino que tienen que elegir que pagar primero para seguir existiendo".

El empresario culpó al gobierno de la morosidad de las pymes al señalar que "todas las medidas que tomo el gobierno desde que asumió, generaron este esquema de morosidad del universo pyme, debido a las importaciones, caída del consumo y actividad y la recesión que tiene su origen en las medidas económicas".

Aguilar advirtió que "esta aumentando el numero de empresas en convocatorio de acreedores" y señaló que "es perverso pensar que las empresas nos estamos financiando con la AFIP, cuando día a día cierran mas empresas, se pierden puestos de trabajo y los empresarios pasan más tiempo negociando deudas con el organismo que en sus empresas.

Peligro de cierre

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) envió este lunes una carta al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para expresar "profunda preocupación" por el aumento en los intereses punitorios y advertir sobre "la posibilidad de que el propio Estado lleve al cierre" de Pymes.

"Consideramos que, en un contexto recesivo en el que la actividad acumula trece meses con descenso de ventas y aumento de costos y servicios, la referida actualización de montos por incumplimiento fiscal generará la posibilidad de que el propio Estado lleve al cierre de pequeñas y medianas empresas que se encuentran asfixiadas por la actual situación económica", alertó.

Además, estimó: "Arrastrará a otras tantas a la morosidad, o lo que sería mucho más grave, a la informalidad como único camino posible para subsistir".

En el documento, la entidad buscó de ese modo exponer la "profunda preocupación" ante la Resolución 50/2019, publicada el 7 de febrero en el Boletín Oficial.

"Lejos de entender el incumplimiento como estrategia especulativa, las pymes, que hemos advertido en más de una ocasión la creciente transferencia de recursos del sistema productivo al financiero, reclamamos que se reconsidere esta disposición con el objeto de resguardar al ya dañado sistema productivo nacional, responsable del 70% del empleo argentino", apuntó.