Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) permitió desarticular una organización dedicada a la generación de facturas falsas que eran utilizadas por reconocidas marcas de calzado, por lo que hay once personas detenidas.

Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas investigadas emitieron comprobantes por más de 1.900 millones de pesos, entre enero de 2018 y abril de 2020 que habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos.

La División Investigación del Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina detuvo a 11 personas denunciadas por asociación ilícita tributaria tras 25 allanamientos realizados distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

La organización desarticulada utilizaba empresas sin actividad real así como firmas que teniéndola simulaban operaciones de ventas hacia otras firmas de la organización para que éstas pudiesen computarse créditos fiscales y gastos ficticios. De esa forma, disminuían de manera fraudulenta su carga tributaria.

La asociación ilícita tributaria denunciada estaba compuesta por un grupo de profesionales contables y jurídicos que tenían a su cargo del "mantenimiento" (presentación de las declaraciones juradas y elaboración de balances, entre otras tareas) de las sociedades utilizadas como usinas de facturas apócrifas.

En tanto, los usuarios de los comprobantes falsos eran reconocidas firmas del sector del calzado que no sólo recibían por parte del "grupo de profesionales" el auxilio cuando eran inspeccionadas por la AFIP, sino que confeccionaban y firmaban los balances contables en donde figuraban las operaciones con las usinas.

Tras la denuncia de la AFIP, las tareas investigativas llevadas a cabo por los efectivos de la PFA permitieron establecer los domicilios de las personas involucradas. Con esa información, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana ordenó realizar 25 allanamientos: 9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 en Lomas de Zamora, 2 en la Localidad de Morón y 8 entre Campana y Zárate. Como resultado del operativo, se detuvo a 11 personas y se secuestró gran cantidad de documentación de interés para la causa.

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana ordenó realizar 25 allanamientos

Facturas truchas: cómo es la pata profesional de la megaevasión

A dos meses y medio de los allanamientos masivos por la llamada "megaevasión" en la ciudad de Córdoba, el monto bajo sospecha acaba de actualizarse: más de 2.400 millones de pesos en facturación apócrifa, según calculan los investigadores federales.

Asociación ilícita, alteración dolosa de registro, evasión y administración fraudulenta son las figuras penales que se leen en los hasta ahora 92 hechos delictivos fijados en la acusación que llevaban adelante los fiscales federales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, bajo la supervisión y el aval del Juzgado Federal N° 1, que lidera Ricardo Bustos Fierro, indicó el diario La Voz.

Una compleja causa en la que se analizan más de 15 mil facturas truchas diseñadas, y en la que hasta ahora aparecen imputados dos intendentes (Daniel Salibi, de Mendiolaza, y Cayetano Canto, de Saldán), 48 empresarios o contribuyentes y 18 contadores.

En tanto, se analiza la situación legal de personas de muy bajos recursos cuyas claves fiscales fueron utilizadas para generar la facturación apócrifa, según se sospecha.

En términos simples, se persigue a una organización que generaba facturas apócrifas, las que luego eran vendidas a empresas y particulares que buscaban simular gastos para evadir el pago de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).

Como supuesto líder de la presunta asociación ilícita figura Diego Vieyra Ferreyra, quien permanece detenido, agregó el matutino.

La Justicia federal avanza en la investigación por evasión millonaria a través de facturas apócrifas

Los contadores

Entre los diversos roles que los investigadores de la Justicia federal y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) han ido anotando en el enorme organigrama de la causa, a los contadores les han guardado un lugar destacado.

Al menos ocho de estos profesionales investigados pasaron varios días detenidos, aunque ya todos salieron de la cárcel.

La persecución legal contra los contadores ha generado inquietud en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE), ya que no es común que sus asociados integren las causas penales.

¿Cuál es el reproche general en la causa contra los profesionales? Ellos son quienes habrían firmado los balances de las empresas ahora sospechadas de haber utilizado esas facturas apócrifas para simular gastos y así intentar evadir la carga impositiva, siempre de acuerdo al expediente que se instruye en la torre de Tribunales Federales de Córdoba.

En ese sentido, el presidente del CPCE, José Simonella, planteó que entre los contadores colegiados existe preocupación en dos direcciones a raíz de esta mega investigación.

"Por un lado, en caso de que los profesionales sean responsables, desde la institución nos preocupamos por el daño y la reputación general", explicó.

Y continuó: "Pero no siempre está claro el alcance de la responsabilidad de los profesionales en este tipo de casos. Muchas veces se certifica el balance sin tener toda la información de la firma disponible, sino que se hace sobre un muestreo. Porque el profesional ve lo que el cliente le deja ver. Además, el listado de las llamadas ‘facturas apoc’ (por apócrifas) que publica la Afip puede ser posterior al balance que firmó el contador".

Por ello, Simonella advirtió que desde el CPCE están analizando que "las responsabilidades que asumen los profesionales son cada vez mayores".

Y completó que en la actualidad el CPCE está trabajando con la Justicia provincial para "explicar bien el alcance de la tarea profesional", con la idea de que los funcionarios judiciales puedan conocer de manera clara de qué manera los contadores realizan su trabajo.