Se vota en el Senado el blanqueo para pagar al FMI: ¿es una amenaza para la gente común?
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/03/533471.jpg)
El Senado buscará aprobar el jueves próximo la creación de un fondo específico para el pago de la deuda con el FMI, que se financiará con el producido del ingreso al país de bienes en el exterior, previo un pago de 20%.
El proyecto tiene pocas ventajas para los contribuyentes y muchas amenazas, ya que incluso se faculta a la AFIP para poner en duda, salvo prueba en contrario, que un cambio de residencia fiscal fue una maniobra para evadir impuestos, y para establecer un monto de impuestos a pagar.
También se crea la figura del colaborador, que podrá cobrar 30% de lo que recaude el Estado por su delación y podrá ser un banco.
Para las entidades financieras, aumentan las sanciones por no haber actuado como agente de recaudación de impuestos por fondos que salieron al exterior.
Lo que se propone es la creación de un fondo que será constituido con un "aporte especial" (ahora denominado "pago") a cargo de las personas humanas o jurídicas que posean bienes no declarados en el exterior, precisó Andrés Edelstein, del estudio Edelstein, Mariscal, Torassa & Asoc.
La posición oficial en el Senado
La senadora Nora Giménez (Frente de Todos, Salta) que acompañó a Oscar Parrilli y Arabella Fernández Sagasti en la firma del proyecto, negó que se trate de un "blanqueo".
"Este proyecto, que ya tiene dictamen de comisión, va contra todos los fondos no declararlos, para que sean declarados y ceder un porcentaje para un fondo específico que sirva para que se pague al FMI", explicó.
"Una vez que se retienen los porcentajes destinados al fondo específico, el resto del dinero declarado se acredita como fondos en el extranjero", indicó, y aclaró que el pago no será coparticipable, ya que tiene un destino concreto.
"Una ley complementaria a este proyecto es la que propone el levantamiento parcial ante determinados organismos que lo requieran, del secreto bancario, bursátil y fiduciario", recalcó la legisladora kirchnerista, pero reconoció que "esto no está ingresando mañana".
"Para mí es un tema de justicia social. El trasfondo de esto es que la deuda la paguen los que la usaron, los que fugaron las divisas, los que se beneficiaron con la fuga y de este modo validaron sus capitales", subrayó.
El proyecto oficial para pagar al FMI
La ley creará el Fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, que tendrá por objetivo la cancelación total de la deuda con el FMI, actual y/o futura, será constituido en dólares estadounidenses
El Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía y controlado por la Comisión Bicameral Permanente de control de la deuda externa.
Los recursos del Fondo provendrán de lo recaudado por un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten y no hayan sido declarados ante la AFIP.
Qué bienes serán afectados al fondo
Los bienes en el exterior que se podrán declarar son los siguientes:
- Tenencia de moneda nacional y/o extranjera.
- Inmuebles.
- Muebles: acciones, fideicomisos, bonos, obligaciones negociables, ADR, FCI, criptoactivos y otros.
Y, además, cualquier tipo de bienes en el exterior: inmateriales, créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico.
El porcentaje que se quedará el Estado
El pago a ingresar será el que resulte de aplicar 20% sobre la totalidad de los bienes en el exterior que no hubieran estado declarados con anterioridad a la vigencia de la leyl.
Después de los primeros 6 meses de la vigencia, se elevará el pago al 35%.
Si la AFIP inicia una fiscalización y el contribuyente se allana a la pretensión fiscal, todavía podrá beneficiarse del proyecto, pero deberá pagar el 50%.
Normas sobre límites del Estado
Si bien se cayó el intento de terminar con el secreto bancario y fiscal, el proyecto todavía sostiene que "no habrá ninguna limitación en el marco de la presente ley a la capacidad actual del Estado de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y sancionar conductas" relacionadas.
La Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de perseguir el lavado de dinero, podrá comunicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación.
El Banco Central deberá incluir, en el "Régimen Disciplinario a cargo del BCRA, Catálogo de Infracciones", como infracción específica a ser penalizada en carácter de Gravedad Muy Alta, la falta de cumplimiento del rol de agente de recaudación por cuenta de la República Argentina" de los bancos.
Período de sospecha
El artículo 23 establece que "cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al pago, durante los 5 años anteriores a la vigencia de la ley, hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que se computen a los efectos de su determinación".
Y el siguiente artículo estipula que "cuando se detecten modificaciones de la residencia fiscal durante los 5 años anteriores a la vigencia de la ley, y éstas hicieran presumir, salvo prueba en contrario, que existió una maniobra maliciosa para desvirtuar el verdadero lugar de residencia, la AFIP podrá disponer que continúen siendo residentes hasta tanto se apruebe la baja solicitada".
El colaborador y su recompensa
El proyecto crea la figura del colaborador de la AFIP, el que podrá ser un banco y recibirá una recompensa de 30% de los fondos recaudados sobre los bienes detectados en el exterior. Sin embargo, otra vez le falta acá a la iniciativa el aspecto clave para el kirchnerismo, de que estos sujetos puedan saltar el secreto bancario.
De avanzar el proyecto, una vez más se estaría apelando a un régimen de regularización excepcional con beneficios fiscales para quienes se acojan al mismo, toda vez que el ingreso del 20%, 35% o 50%, según el momento de la adhesión, reemplaza a los impuestos y accesorios omitidos y libera de sanciones, incluidas las derivadas del régimen penal tributario, advirtió Edelstein.
"Sería el quinto régimen de este tipo en menos de 15 años, con el consiguiente deterioro de la cultura tributaria y del cumplimiento regular y voluntario por parte de los contribuyentes", subrayó.