La Comisión Nacional de Valores (CNV) trabaja para adecuar e implementar el alcance de la ley que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

La Ley 27.739, aprobada el pasado 14 de marzo en el Senado, reforma la Ley 25.246 de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, sancionada en el año 2000.

La reforma establece nuevas facultades para la CNV, entre ellas se destaca la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), a través del cual centralizará la información adecuada, precisa y actualizada sobre todas las personas humanas y jurídicas que revisten el carácter de proveedores de registros virtuales.

Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

Además, el organismo ejercerá las funciones de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción de dichos proveedores. La sanción de la Ley y su promulgación se da en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Argentina de GAFI/GAFILAT.

En este sentido Roberto E. Silva, presidente de la CNV destacó "venimos trabajando desde que la posibilidad de que se sancione la Ley se volvió una probabilidad cierta, ahora que es una realidad avanzaremos en la creación del registro de proveedores de activos virtuales en cumplimiento con las recomendaciones de GAFI".

Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

Por su parte, la directora Sonia F. Salvatierra, vocal del directorio de CNV que acompañó recientemente el inicio de la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dijo que "para la CNV es muy importante acompañar y cumplir con la evaluación de GAFI/ GAFILAT. Por ello, nuestro equipo está abocado en cumplir metas y recomendaciones con el objetivo de lograr el fortalecimiento e impulsar el desarrollo del mercado de capitales de Argentina".

Por último, el directorio de la CNV integrado también por Patricia Boedo, afirmó que "se va a hacer una tarea coordinada con UIF, organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas para que el resultado de la implementación de la nueva normativa sea eficaz y transparente, genere nuevas oportunidades en el combate contra el crimen organizado, propicie la efectividad del sistema preventivo y represivo, promueva el cumplimiento de las obligaciones ALA/CFT por parte del sector privado e impulse la adaptación a nuevas tecnologías".