¿Justicia o negocio ambiental? Los abogados cobrarán $1.100 millones por una medida cautelar
Un caso de abuso del costo en abogados en los juicios aparece con claridad en un caso de defensa del ambiente en San Luis, donde se paralizó una obra de $1.800 millones, se fijó el costo total en abogados en el doble y, a los abogados de primera instancia que se retiraron en esa etapa, la jueza les adjudica casi $1.100 millones en honorarios.
El conflicto: qué pasó y por qué está parada la obra
El proyecto original, impulsado por la gestión del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, consistía en una obra de infraestructura (acueducto y puesta en valor) en el Parque Vulpiani, en Juana Koslay. La obra tenía un presupuesto oficial de $1.820 millones.
Sin embargo, la construcción se detuvo completamente debido a una medida cautelar dictada por la Justicia tras la fuerte resistencia de la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani.
Los ambientalistas denunciaron que el proyecto implicaba un daño irreversible al ecosistema local y al patrimonio histórico. Actualmente, las máquinas y obreros de la empresa adjudicataria se mantienen retirados del predio por orden judicial.
Qué dijeron los ambientalistas en la causa
Ante la Justicia, la Asamblea sostuvo:
Falta de participación: no se realizaron las consultas populares obligatorias ni se respetaron los mecanismos de transparencia.
Impacto ambiental: la obra afectaría el cauce del río y la biodiversidad del parque, que es considerado el "pulmón" de la zona.
Patrimonio: el acueducto original es parte de la identidad de Juana Koslay y no debía ser intervenido con fines comerciales o de infraestructura masiva.
Qué resolvió la jueza en primera instancia
La jueza Cynthia Fernández Paz, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Ambiental 5 de San Luis, dictó una resolución que encendió las alarmas en el Gobierno provincial.
Esa resolución determinó que el costo total del proceso (la base sobre la cual se calculan los honorarios) es de $3.600 millones. Esta cifra es el doble del presupuesto original de la obra misma.
Basándose en ese monto, la jueza reguló honorarios multimillonarios para los abogados de los asambleístas.
Además, los letrados Gustavo Alfredo Quiroga e Ivana Romina Muzevic representaron a los ambientalistas solo durante la primera etapa del litigio (la obtención de la cautelar). Una vez cumplida esa etapa, los abogados decidieron dar un paso al costado y renunciar a seguir representando a la Asamblea.
Al retirarse del proceso, solicitaron que se les fijen sus honorarios por el trabajo realizado hasta ese momento. Al basarse el porcentual en el "costo del proceso" (fijado en $3.600 millones), la cifra resultante es exorbitante.
Cómo se calcularon los honorarios multimillonarios
La cifra exacta fijada por la jueza Cynthia Fernández Paz ha generado un fuerte impacto debido a que el monto de los honorarios duplica el presupuesto total de la obra que se pretendía realizar.
El Costo del Proceso (base de cálculo)
La magistrada determinó que el "valor" de lo que se estaba discutiendo (el medio ambiente y la obra) no era solo el presupuesto de construcción, sino un monto superior:
Monto del proceso fijado: 93.000 JUS.
La equivalencia en pesos es de aproximadamente $3.633 millones (tomando un valor de JUS de $39.066, aunque este valor se actualiza constantemente por el Colegio Forense de San Luis).
Honorarios para los abogados
Sobre esa base de $3.633 millones, la jueza aplicó un porcentaje del 30% (un máximo legal habitual para la parte ganadora) para repartir entre los doctores Gustavo Alfredo Quiroga e Ivana Romina Muzevic:
Monto total a pagar por el Estado: $1.089 millones.
Cifra exacta por abogado: cada uno recibiría aproximadamente $544 millones
El Fiscal de Estado, Víctor Endeiza, remarcó que los honorarios representan el 60% del valor total de la obra por una sola etapa del juicio.
En mayo de 2025, la misma jueza les había regulado $1,7 millones a cada uno (45 JUS). El salto a $544 millones es lo que la Fiscalía califica como "insólito" e "irrazonable".
Qué dijo la Fiscalía en la apelación
La Fiscalía de Estado, bajo la conducción del fiscal Endeiza, interpuso un recurso ante la Cámara Civil para frenar este pago. Los argumentos de la Fiscalía son:
Irrazonabilidad: consideran absurdo que los honorarios de dos abogados por una sola etapa del juicio superen o dupliquen el valor de la obra que se pretendía construir.
Perjuicio al erario público: el Estado provincial debería desembolsar una cifra que consideran desproporcionada y que afectaría las cuentas públicas.
Cálculo erróneo: cuestionan la base de cálculo de $3.600 millones utilizada por la magistrada Fernández Paz.
Así, está trabada la disputa por honorarios de abogados exorbitantes en un juicio en el que ni siquiera se ventila un monto de daño ambiental real, sino solo un "costo de proceso" consistente en lo que cobran los letrados por litigar.