Reforma laboral: la decisión del juez que mantiene en vilo a empresas y sindicatos tras una convocatoria

Mientras que no responde a la inhibitoria para deje de actuar en la causa de la CGT contra la reforma laboral, el juez del Trabajo Raúl Ojeda aceptó la participación de la Unión Industrial Argentina (UIA) como parte interesada y abrió un plazo de 3 días para que se inscriban otras cámaras empresarias. Hasta que termine ese plazo, el trámite está suspendido.

El magistrado celebró una audiencia pública entre la CGT, la UIA y representantes del Gobierno nacional, con el objetivo de escuchar a las partes antes de avanzar con el expediente principal, y decidió ampliar el alcance a otros actores que pueden estar afectados.

Qué se debatió en la audiencia judicial

En el encuentro se enfrentaron dos posturas opuestas:

1. La CGT ratificó su postura de rechazo a 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral por considera que la reforma vulnera el principio de progresividad y protección del trabajador, al facilitar despidos y precarizar las condiciones de contratación bajo la figura de "modernización", y también al pase de la Justicia del Trabajo a la ciudad de Buenos Aires..

La central obrara también se opuso al cambio de fuero e insistió en que la causa debe permanecer en la Justicia Nacional del Trabajo, rechazando el pedido del Gobierno de trasladar el expediente a jueces en lo Contencioso Administrativo Federal.

2. El Gobierno, representado por la Procuración del Tesoro, defendió la legalidad de la reforma y planteó dos estrategias procesales: que el sector privado sea aceptado como parte interesada y que el caso salga de la justicia laboral para pasar a la Justicia Contencioso Administrativo Federal, un fuero que espera que sea más receptivo a su posición.

Qué decidió el juez tras la audiencia

Tras escuchar las exposiciones, el juez Ojeda tomó medidas inmediatas sobre la estructura del juicio:

Incorporación del sector privado: el juez aceptó la participación de la UIA y permitió que la central fabril se incorpore al expediente. Esto es relevante porque da voz oficial a las cámaras empresarias que defienden la flexibilización de las indemnizaciones y los periodos de prueba.

Suspención del proceso: fijó un plazo de 3 días hábiles para que otras cámaras empresarias soliciten su participación en el proceso, con el objetivo de que todas las partes con un interés legítimo en la aplicación o suspensión de la reforma laboral puedan exponer sus argumentos antes de que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.

Mantenimiento de la cautelar: por el momento, la suspensión de los 83 artículos laborales de la reforma laboral sigue vigente, lo que significa que los cambios en las leyes de trabajo, empleo y sindicales continúan frenados mientras se resuelve el fondo.

Qué dejó pendiente la resolución

El magistrado dejó dos temas críticos en suspenso que marcarán el destino de la causa:

Ojeda aún no resolvió el pedido del Gobierno para que la causa se mude de fuero como indicó la "inhibitoria" dictada por un juez federal. Si decide enviarla al fuero Contencioso Administrativo, la CGT perdería la ventaja de litigar ante jueces especialistas en derecho laboral.

Sobre la cuestión de fondo, todavía no dictó sentencia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad definitiva de los artículos de la reforma laboral. La audiencia fue un paso previo, pero la resolución final sigue pendiente.

Este escenario mantiene la reforma laboral en un "limbo" jurídico, aumentando la inseguridad jurídica para las empresas, en tanto el juez laboral sigue actuando en la cuasa, aunque con una suspensión de 3 días.del proceso para convocar a partes interesadas del sector privado, y no dicide sobre la inhibitoria del juez Contencioso Administrativo Federal.