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La lista crece: qué funcionarios de La Libertad Avanza ya eligieron el nuevo régimen

Cada vez más funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza solicitan ingresar al régimen simplificado de Ganancias impulsado por el propio Gobierno
Por IM
12/06/2026 - 13:30hs
La lista crece: qué funcionarios de La Libertad Avanza ya eligieron el nuevo régimen

La adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias continúa sumando nombres dentro de La Libertad Avanza. Luego de que trascendiera el pedido realizado por la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, otros funcionarios y dirigentes oficialistas iniciaron trámites ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para incorporarse al esquema creado por la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

Entre quienes solicitaron el ingreso figuran el propio Adorni, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el exdiputado José Luis Espert, el documentalista Santiago Oría, el titular de ARCA, Andrés Vázquez, el exdirector del organismo Juan Pazo, el senador José Benegas Lynch, el economista y senador Agustín Monteverde y el embajador argentino ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias.

De acuerdo con registros del organismo recaudador, las solicitudes fueron presentadas en distintas fechas. Sturzenegger habría iniciado el trámite el 7 de mayo, mientras que Espert lo hizo el 9 de junio. En tanto, Adorni y su esposa avanzaron posteriormente con el proceso.

Régimen Simplificado de Ganancias: qué beneficios ofrece

El Régimen Simplificado de Ganancias constituye uno de los pilares de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional. Su objetivo es simplificar la presentación de declaraciones juradas y reducir determinadas exigencias vinculadas al control patrimonial.

Bajo este esquema, quienes sean aceptados pueden realizar una declaración más acotada, basada principalmente en la información que ARCA ya posee en sus sistemas. Además, quedan exceptuados de justificar de manera detallada determinadas variaciones patrimoniales durante cada ejercicio fiscal.

Desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a facilitar el cumplimiento tributario y promover la formalización de la economía. Sin embargo, distintos sectores cuestionan que la iniciativa podría disminuir la capacidad de fiscalización del Estado sobre el origen y evolución de determinados patrimonios.

Ley de Inocencia Fiscal: por qué genera debate político

La incorporación de funcionarios de primera línea al régimen reavivó la discusión sobre los alcances de la Ley de Inocencia Fiscal. Los cuestionamientos se enfocan en que varios de los adherentes forman parte del mismo Gobierno que promovió y reglamentó la normativa.

A las presentaciones realizadas por Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se sumaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuya adhesión fue respaldada por considerar que se trata de una herramienta disponible para cualquier contribuyente que cumpla los requisitos.

La lista también incluye a funcionarios cercanos a la administración nacional, como la asesora Aimé "Meme" Vázquez y el asesor económico Felipe Núñez. Asimismo, generó repercusiones la adhesión de Andrés Vázquez y Juan Pazo, quienes estuvieron al frente de ARCA y son responsables de la administración tributaria.

La controversia también alcanzó al Congreso. Entre los legisladores oficialistas que solicitaron ingresar al régimen aparecen Agustín Monteverde, quien votó la ley, José Benegas Lynch y José Luis Espert.

Mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para simplificar obligaciones fiscales y reducir burocracia, sectores de la oposición advierten que el nuevo sistema podría dificultar investigaciones sobre evolución patrimonial, evasión tributaria y posibles maniobras de lavado de dinero. También figura entre los adherentes Santiago Oría, realizador audiovisual vinculado al entorno presidencial.

La medida recibió críticas de sectores opositores. Entre ellas, Martín Lousteau advirtió que el nuevo régimen podría limitar la capacidad de fiscalización del Estado sobre determinados movimientos patrimoniales.