Plan de rescate para salvar a las pymes con reducción de impuestos y acceso al financiamiento
Las pequeñas y medianas empresas argentinas (PyMEs) atraviesan su peor momento en años. Desde diciembre de 2023, cerraron 22.000 pymes en todo el país. El impacto se siente en cada rincón productivo.
Ante este panorama, el diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) presentó el proyecto de ley "Régimen Integral de Promoción de las PyMEs". La iniciativa busca frenar la sangría de cierres con una batería de medidas que incluyen alivio fiscal, incentivos al empleo formal y canales más ágiles de financiamiento.
El legislador fue contundente al fundamentar su propuesta. "A pesar de la crítica situación que viven las pequeñas y medianas empresas en el país, todos los programas de incentivos especiales creados hasta el momento por el Gobierno nacional sólo apuntan a los sectores energéticos, mineros y tecnológicos", advirtió.
Massot apuntó directamente al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Ese programa concentra beneficios en industrias de gran escala, pero deja afuera al grueso del tejido productivo argentino.
Las pymes generan alrededor del 65% del empleo registrado en Argentina. También representan cerca del 42% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, quedaron relegadas en la agenda de incentivos oficiales.
"Por eso, necesitamos un marco normativo para rescatar y promover a las pymes", insistió el diputado. "Son el corazón productivo del país e impulsan la inversión, el crecimiento y el empleo".
Qué beneficios tributarios propone el proyecto para las pymes
El capítulo fiscal del proyecto apunta a bajar la presión impositiva de manera directa. Las empresas que aumenten su plantilla accederán a una reducción del 50% en las contribuciones patronales durante tres años. La medida busca convertir el costo laboral en un incentivo, no en una barrera.
El texto también plantea eliminar el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para las pymes. Esa carga tributaria encarece cada movimiento financiero y frena la bancarización del sector.
Otro punto clave: una alícuota de Ganancias reducida al 20% para las pequeñas y medianas empresas. Hoy, las pymes pagan la misma tasa que las grandes corporaciones, sin importar su capacidad contributiva.
El régimen incluye además beneficios por la reinversión en bienes de capital. Las empresas que destinen utilidades a renovar maquinarias o equipos podrán acceder a deducciones especiales. La idea es premiar la modernización productiva.
Para cerrar el paquete tributario, el proyecto ofrece garantías de estabilidad fiscal. Esto implica que las empresas adheridas no sufrirán cambios en su carga impositiva durante el período de vigencia del régimen, protegiéndolas de sorpresas tributarias.
Cómo el plan facilita el acceso al financiamiento productivo
El financiamiento es uno de los cuellos de botella históricos de las pymes argentinas. El proyecto de Massot busca destrabar ese nudo con herramientas concretas.
La pieza central es el Sistema Automático de Calificación Crediticia (SACC-Pyme). Este mecanismo está pensado para agilizar el acceso al crédito productivo, eliminando burocracias y acortando los tiempos de aprobación.
El esquema funcionaría con algoritmos que evalúen la salud financiera de las empresas de forma estandarizada. Así, una pyme de Tucumán tendría las mismas chances que una de Buenos Aires si cumple con los parámetros establecidos.
Otra herramienta clave es el Sistema Simplificado de Reestructuración de Pasivos. Las empresas en problemas podrían frenar por hasta 120 días las ejecuciones, los pedidos de quiebra y otras medidas cautelares mientras reorganizan su situación financiera.
Ese plazo de 120 días funciona como un respiro para negociar con acreedores sin la presión de un juicio inminente. La medida se inspira en regímenes exitosos de Brasil y Colombia, donde esquemas similares redujeron la tasa de quiebras.
El proyecto también crea un régimen especial de regularización fiscal. Las pymes con deudas tributarias podrían acceder a planes de pago flexibles, con quitas de multas y facilidades de hasta 60 cuotas.
Quiénes respaldan la iniciativa en el Congreso
El proyecto de Massot llega al Congreso con un respaldo político amplio. Firman diputados de distintos bloques, una señal de que el tema trasciende las grietas partidarias.
Entre los acompañantes figuran Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Martín Lousteau (UCR), Gisela Scaglia (PRO), Fernanda Ávila (PJ), Pablo Outes (Innovación Federal), Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID).
También sumaron su firma Carolina Basualdo, María Inés Zigarán y José Núñez (Provincias Unidas), junto a Lourdes Arrieta (Coherencia). La diversidad de espacios refleja que el colapso de las pymes preocupa a todo el arco político.
La propuesta se inspira en lineamientos exitosos de Brasil, Colombia y Perú. En esos países, regímenes similares lograron reducir el cierre de empresas y aumentar la formalización del empleo en sectores productivos clave.
La Agencia Federal Pyme, la ventanilla única del nuevo sistema
El esquema se completa con la creación de la Agencia Federal Pyme (AFePyMe). Esta institución funcionaría como ventanilla única para canalizar financiamiento, asistencia técnica y beneficios impositivos. El objetivo es que las empresas no tengan que recorrer múltiples organismos para acceder a los incentivos del régimen.
La AFePyMe centralizaría la gestión de créditos blandos, subsidios a tasas de interés y programas de capacitación. También coordinaría con provincias y municipios para evitar superposiciones burocráticas.
Massot insiste en que el proyecto busca "ubicar a las pymes en el centro del crecimiento de la Argentina". El diputado remarcó que sin un plan específico para el sector, la reactivación económica será parcial e insuficiente.
El Régimen Integral de Promoción de las PyMEs ya ingresó a la Cámara de Diputados. Ahora deberá sortear el debate en comisiones y la discusión en el recinto para convertirse en ley.