La ley de Inocencia Fiscal II avanza en Diputados y busca blindar por completo los dólares del colchón

La modificación de la Ley de Inocencia Fiscal otorga seguridad jurídica a quienes decidan exteriorizar dólares del colchón, al permitir rectificar cuando ARCA encuentre discrepancias en lo declarado por el contribuyente. Este miércoles un plenario de la Cámara de Diputados le dio dictamen y quedó lista para ser tratada en el recinto.

Además, Matías Álvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), anunció en la reunión de las Comisiones de Presupuesto y Legislación General que "en la reglamentación se preverá un monitoreo simplificado en materia de lavado de dinero, uno de intensidad media y otro de intensidad alta", para que el primero se aplique a personas humanas que exterioricen fondos en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal.

Esta medida era esperada por los contadores y contribuyentes, porque el principal riesgo de llevar los dólares no declarados al banco es en este momento que la entidad financiera emita un ROS (Reporte de Operación Sospechosa), por el mismo hecho de que no se declara el origen de los dólares.

Álvarez justificó la medida en que, "en lo que va del año, ya se presentaron más de 50.000 ROS ante la Unidad de Información Financiera (UIF), y esto impide detectar cuáles son realmente operaciones vinculadas al narcotráfico o al terrorismo".

El plenario de Comisiones otorgó un Dictamen de Mayoría, con 44 firmas: 32 La Libertad Avanza (LLA), 1 MID, 4 PRO, 2 UCR, 1 Independencia, 2 Innovación Fedederal, 1 PyT, y 1 Provincias Unidas (en disidencia). La oposición también emitió un Dictamen en Minoría.

El proyecto de Inocencia Fiscal II se votaría en el plenario de la Cámara de Diputados la semana próxima.

Por qué los diputados aseguran el blanqueo de dólares

La Fundación Mediterránea había alertado que "la Inocencia Fiscal no ofrece una regularización expresa y definitiva; la protección del pasado queda condicionada de forma revocable a que el contribuyente no cometa discrepancias en el futuro. Esto genera una persistente incertidumbre jurídica".

Sin embargo, Marcelo D. Rodríguez, CEO de MR Consultores, explica la propuesta permite a los contribuyentes rectificar su declaración jurada ante discrepancias significativas que aparezcan durante un proceso de fiscalización, sin perder los beneficios de la "inocencia fiscal" ni la protección del "tapón fiscal" del periodo base.

"La reforma no condiciona la pérdida del beneficio al simple inicio de una orden de intervención. El contribuyente puede rectificar y pagar en etapas muy avanzadas del proceso, teniendo como límite hasta 15 días después de notificada la boleta de deuda o 15 días después de que se inicie el proceso determinativo de oficio", describe Rodríguez.

"Si la ley se aprueba según el proyecto, el contribuyente tendrá la oportunidad de rectificar y pagar una y otra vez sin perder sus beneficios", afirma.

"Mientras el periodo fiscal base se mantenga intacto o incólume, no existe riesgo de que ARCA cuestione el origen de esos fondos exteriorizados. El requisito indispensable es cumplir con las formalidades de presentar y pagar la declaración jurada en tiempo y forma", explica.

Los principales cambios en la nueva Ley de Inocencia Fiscal

Los cambios propuestos a la Ley de Inocencia Fiscal se estructuran en los siguientes ejes:

1. Ampliación del universo de contribuyentes

El régimen original de la Ley limitaba el acceso a contribuyentes con ingresos de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. El nuevo Proyecto propone eliminar estos límites para permitir una mayor adhesión.

En el caso de los categorizados como Grandes Contribuyentes Nacionales por ARCA, se les permite incorporarse al régimen únicamente para presentar en término su declaración jurada simplificada, pero sin acceder a la presunción de exactitud ni a los demás beneficios sustantivos del régimen.

En el dictamen de comisiones se restringió este universo para eliminar la posibilidad de que se inscriban en el Régimen Simplificado de Ganancias los funcionarios públicos.

2. Cómo se modifica el concepto de Discrepancia Significativa

La "discrepancia significativa" es la única vía por la cual la ARCA puede levantar la protección del Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias. El proyecto modifica su definición en tres dimensiones clave:

Cambia la base de cálculo y el porcentaje del 15% para configurar la discrepancia ya no se medirá sobre el "saldo de impuesto a ingresar" (monto final a pagar tras computar retenciones, percepciones y pagos a cuenta), sino sobre el "impuesto determinado" (el impuesto resultante previo a esos descuentos).

Se introduce un piso mínimo de significatividad como salvaguarda y, aun cuando se supere el 15% de diferencia, no se considerará discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia no excede el 5% del umbral del de evasión del Régimen Penal Tributario ($5 millones a valores vigentes).

3. Qué límites se establecen a las presunciones y carga de la prueba

A los fines de evaluar si existe discrepancia significativa, el proyecto deja sin aplicación las normas sobre incremento patrimonial no justificado y depósitos bancarios que superan los ingresos declarados, los que no operarán por sí mismos como prueba autónoma de una renta omitida.

El resto de las presunciones legales vigentes pasan a considerarse únicamente como indicios que no pueden fundar por sí solos una impugnación, requiriendo corroboración con información concreta del contribuyente o de los sistemas del organismo.

Para probar la discrepancia, ARCA únicamente podrá valerse de la información declarada por el propio contribuyente, la disponible en sus sistemas informáticos o la suministrada por terceros.

4. Cómo quedan operaciones con efectivo y devoluciones de ARCA

Los contribuyentes deberán canalizar los dólares del colchón mediante herramientas autorizadas por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta obligación se considera cumplida si la bancarización se verifica al menos en una de las puntas de la transacción (origen o destino).

Se permite que los pagos en efectivo en escrituras públicas de inmuebles cumplan con esta exigencia.

Por otra parte, en caso de que una impugnación de ARCA sea finalmente revocada o anulada por resolución firme, la presunción se restablece con efecto retroactivo y ARCA debe devolver los importes cobrados más intereses dentro de un plazo cierto de 45 días hábiles.

Las fiscalizaciones y órdenes de intervención notificadas antes de la adhesión conservan su validez. No obstante, quienes regularicen los impuestos y los intereses de ajustes previos de Ganancias o IVA antes de adherirse quedarán eximidos de ciertas multas, a condición de renunciar al derecho de repetición.

Por qué la ampliación incluye a los mayores evasores

Un informe de IERAL, el instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea, advierte que la medida reduce de forma drástica la capacidad de control de ARCA y abre la puerta a una mayor evasión, al otorgar "presunción de exactitud" a contribuyentes de altos ingresos y sin reales posibilidades de control.

Este grupo abarca a los profesionales independientes, a las operaciones en efectivo y a quienes explotan unipersonalmente un comercio, una industria, una explotación agrícola o prestan servicios empresariales, y dependen de la facturación que ellos mismos declaran.

Al eliminar los topes, el proyecto extiende de forma masiva la "presunción de exactitud" a sectores donde la facturación depende del propio contribuyente, según IERAL, pero otros analistas consideran que también da mayor seguridad jurídica a los dólares del colchón.