Avanza una ley para reestructurar deudas de consumo en la provincia de Buenos Aires
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Puntos importantes
Diputados bonaerenses aprobó leyes contra el sobreendeudamiento familiar.
Reestructuran deudas y limitan abusos de crédito, exigiendo mayor transparencia y evaluación de solvencia.
Tuvo apoyo general, pero generó objeciones sobre el impacto en el acceso al crédito.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a un paquete de leyes orientado a dar soluciones a las familias sobreendedadas con mecanismos de reestructuración administrativos y judiciales, y proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas en créditos de consumo. Ahora deberá tratarlo el Senado.
Uno de los principales puntos es la creación de mecanismos para revisar las condiciones de una deuda cuando cambie significativamente la situación económica del deudor o el contexto macroeconómico. Y también se crea mecanismos ademnistrativos y judicial para facilitar la reestructuración de deudas de consumo.
Cuáles son las medidas aprobadas a favor de los deudores
Las leyes aprobadas en la Legislatura bonaerense establecen en su conjunto:
Obligación de evaluar la solvencia crediticia: las entidades financieras no bancarias, como las billeteras vituales;, fintech, comercios y prestamistas deben realizar un análisis real de la capacidad de pago del solicitante antes de otorgar financiamiento o préstamos personales.
Tope a las retenciones y cuotas: se fijan límites sobre el porcentaje de los ingresos netos familiares o sueldos que pueden comprometerse para el pago de deudas, evitando que las cuotas consuman recursos destinados a necesidades básicas (alimentos, servicios esenciales y salud).
Deber reforzado de información y transparencia: exigencia de detallar de forma clara y visible el Costo Financiero Total (CFT), tasas nominales y efectivas, cargos adicionales, seguros y penalidades por mora, prohibiendo comisiones ocultas o cláusulas ambiguas.
Restricciones a créditos preaprobados e involuntarios: limitaciones al otorgamiento unilateral o automático de líneas de crédito que no hayan sido expresamente solicitadas y aceptadas por el usuario, combatiendo tanto el endeudamiento inducido como posibles maniobras fraudulentas.
Instancias de mediación y renegociación: creación o fortalecimiento de mecanismos administrativos, a través de las áreas de Defensa del Consumidor provinciales y municipales, para que los deudores sobreendeudados de buena fe puedan reestructurar pasivos y acordar planes de pago sustentables frente a situaciones de vulnerabilidad económica.
Los cuatro proyectos a favor de los deudores en mora
El paquete de leyes aprobado por la Cámara de Diputados bonaerense se compone de cuatro iniciativas presentadas por distintos legisladores. El primer proyecto y más de fondo es el de "Protección frente al endeudamiento de consumo, endeudamiento digital y cobranzas abusivas", que unificó iniciativas de Ana Luz Balor, María Noelia Saavedra, Juan Ariel Archanco y Juan Martín Malpeli. Entre otras cosas, establece:
- Mayor información obligatoria sobre tasas, costo y condiciones del crédito;
- Reglas para la publicidad de préstamos.
- Protección frente a cláusulas abusivas.
- Regulación de créditos ofrecidos por billeteras virtuales y plataformas digitales.
- Obligación de transparentar las decisiones automatizadas utilizadas para otorgar crédito.
- Posibilidad de pedir una revisión humana cuando una decisión crediticia haya sido tomada automáticamente.
- Mecanismos para revisar las condiciones de una deuda cuando cambie significativamente la situación económica del deudor o el contexto macroeconómico.
- Herramientas de información y educación financiera.
Qué se establece para cobranzas extrajudiciales y reestructuración de duedas.
Otro proyecto busca impedir el hostigamiento y trato indigno a las personas que tienen deudas. La idea es establecer límites a las prácticas utilizadas para reclamar el pago y brindar protección especial a quienes están sobreendeudados.
Por su parte, la tercera iniciativa establece un régimen de protección de los intereses económicos de los consumidores sobreendeudados.
Estas dos leyes estarán acompañadas por otra iniciativa que crea un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo.
Cómo fue el debate legislativo sobre el endeudamiento de las familias
Durante el debate previo a la votación en la Cámara baja, las distintas bancadas fijaron posturas marcadamente diferenciadas:
En el bloque oficialista Unión por la Patria defendieron el paquete como una respuesta urgente ante el deterioro socioeconómico.
La diputada Ana Luz Balor señaló que "la gente se está endeudando para comer" y remarcó el salto en los niveles de mora bancaria y no bancaria.
Legisladores como Alejandro Acerbo y Leandro Moreno atribuyeron la situación a la caída del poder adquisitivo y a los aumentos tarifarios, sosteniendo que el endeudamiento de los hogares dejó de ser un simple diferendo entre privados para transformarse en un problema de incidencia colectiva donde el Estado debe intervenir.
El diputado Facundo Tignanelli defendió la legitimidad de la Defensoría del Pueblo para intervenir y acompañar a los deudores vulnerables.
Qué hizo la oposición bonaerense frente a la votación
La oposición dialoguista (UCR + Cambio Federal, PRO, CC acompañó en general, aunque con reparos y disidencias parciales.
La diputada Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal) destacó el consenso alcanzado en torno a la regulación del acoso en cobranzas extrajudiciales (unificando su iniciativa con la de Balor), celebrando poner frenos a metodologías extorsivas como llamados intimidatorios o contactos fuera de horarios laborales.
No obstante, desde estos sectores advirtieron sobre la necesidad de evitar mecanismos que puedan restringir el acceso formal al crédito o generar solapamientos con la Ley de Quiebras y la justicia ordinaria.
La Libertad Avanza votó en contra del paquete y presentó dictamen propio centrado en la educación y transparencia financiera.
El diputado Francisco Adorni argumentó que el crédito es una herramienta positiva que se expandió a nivel nacional, rechazó que exista una «crisis terminal» que amerite regulaciones restrictivas y advirtió que sobrelegislar o imponer trabas a los contratos entre privados encarecerá el costo del financiamiento y terminará expulsando a más personas hacia prestamistas informales.
La izquierda cuestionó que los proyectos constituyen meros paliativos ante la crisis y reclamó medidas de fondo, como la anulación de tarifazos e incluso la condonación de deudas familiares, señalando al programa macroeconómico nacional como responsable directo de la vulnerabilidad social.
Los cuatro proyectos componen un cuerpo legislativo que busca proteger a las familias contra el sobrendeudamiento y crear mecanismos administrativos y judiciales para facilitar la reestructuración de duedas.
