Los productores de yerba están furiosos por polémica medida y tomar mate podrá salir más caro

El Gobierno nacional reescribió el decreto reglamentario de la Ley 25.564 y modificó por completo el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), eliminando la atribución central por la cual fue creado en 2002, que es la de regular el mercado y fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.

La medida profundizó un escenario de tensión que se arrastra desde el inicio de la gestión actual y abrió un nuevo capítulo en la crisis de la producción yerbatera, con fuertes cuestionamientos del gobernador de Misiones y un frente de protesta que los productores ya comenzaron a reorganizar.

Un organismo creado para intervenir en el mercado

El INYM nació en 2002, luego de una fuerte crisis en la cadena yerbatera. En aquel momento, la Ley 25.564 definió un organismo mixto encargado de establecer reglas de funcionamiento, promover la actividad y, de manera central, intervenir en los procesos de formación del precio para proteger a pequeños y medianos productores. El decreto reglamentario 1240/2002, explicitaba en su artículo 8° que el Instituto debía "implementar las medidas necesarias para facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda" y habilitaba mecanismos de intervención.

Durante más de dos décadas, el INYM fijó dos veces por año los valores de referencia para la hoja verde y para la yerba canchada. El directorio buscaba consensuar un precio que cubriera costos de producción y asegurara rentabilidad básica para los colonos. Cuando no había acuerdo, intervenía la Secretaría de Agricultura con un laudo fundado en estudios de costos del INTA. Ese esquema se mantuvo hasta diciembre de 2023.

La actual gestión nacional cuestionó desde su inicio la intervención estatal en la actividad. En marzo de 2024, sin modificar la ley, dejó vacante la presidencia del INYM -cargo que debe designar la Secretaría de Agricultura- lo que impidió que el organismo convocara a las reuniones semestrales para fijar precios. Desde entonces tampoco hubo laudo por parte de Agricultura, lo que dejó a los productores sin valores mínimos de referencia y a merced de lo que disponga pagar la industria, muy por debajo incluso de los costos de producción.

Representantes de sectores yerbateros presentaron una denuncia penal en Comodoro Py por presunto incumplimiento de la ley, pero hasta ahora no hubo avances. Paralelamente, el Decreto 70/2023 de desregulación económica incluyó artículos que afectaban al Instituto, aunque el alcance era ambiguo. Con el nuevo Decreto 812/2025, el Gobierno avanzó en una reforma explícita del marco regulatorio.

El nuevo decreto: prohibición de intervenir y revisión normativa

El Decreto 812/2025 modificó de manera directa el artículo 8° del decreto original. La nueva redacción establece que el INYM "no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda". Además, ordena al Instituto revisar y adecuar en 30 días todas las resoluciones previas que contradigan este criterio.

La normativa también derogó diez artículos del decreto original, que definían mecanismos para alcanzar un equilibrio entre oferta y demanda y regulaba el procedimiento para fijar precios semestrales.

En los considerandos, el Gobierno sostiene que busca "modernizar" el INYM, concentrar su actividad en verificaciones de calidad y evitar "intromisiones en un mercado competitivo".

Efectos sobre el precio y la situación de los productores

Desde que el INYM dejó de fijar valores de referencia, el precio pagado al productor se desplomó. Según estimaciones del propio organismo, los costos de producción de la hoja verde rondan los 450 pesos por kilo. Sin embargo, durante gran parte del año, los colonos cobraron entre 180 y 300 pesos, muy por debajo de los niveles necesarios para sostener la actividad. Además, el pago se hace en cheques que pueden llegar hasta los 120 días, cuando las tareas de cosecha se pagan en el día.

Productores y cooperativas sostienen que la falta de regulación agravó la concentración en el sector y derivó en una transferencia de ingresos hacia los molinos, que compran la materia prima. La rebaja no se trasladó al precio de góndola para el consumidor final, lo que sumó más cuestionamientos al proceso de desregulación. De hecho, la amenaza de los productores de frenar la producción podría redundar en una suba del precio en las góndolas.

El posicionamiento del Gobierno de Misiones

Al conocerse la publicación del decreto, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su rechazo. En un comunicado señaló: "Nos sentimos en la obligación de reiterar nuestro llamado de atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector. Es, fue y será siempre nuestra prioridad cuidar a toda la familia yerbatera: productores, tareferos, cooperativas e industrias. Solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo".

Si bien Misiones concentra el 75% de la producción nacional y cuenta con alrededor de 15.000 pequeños productores, la provincia mantuvo durante el último año una posición moderada frente al proceso de desregulación. El nuevo decreto abrió interrogantes sobre la reacción política que adoptará en adelante.

Productores en alerta: posibilidad de frenar la cosecha

La publicación del Decreto 812/2025 reactivó la protesta de los sectores productivos. Con la segunda cosecha anual y de menor volumen (llamada zafriña) por comenzar, dirigentes yerbateros advierten que podrían no levantar la producción. También evalúan parar camiones con hoja verde y realizar asambleas en distintas localidades, como San Vicente y San Pedro, para definir un plan de lucha unificado.

"Las últimas medidas terminan de liquidar al instituto, quitándole las facultades que tenía. Solo le queda la promoción del consumo", afirmó el productor Luis Alberto Andrusyszyn. Según explicó, el valor más reciente que cobraron por la hoja verde fue de 180 pesos por kilo, lejos del costo de producción estimado. "Lo primero que vamos a hacer es no cosechar ni permitir que circulen camiones. Esto es un certificado de defunción de la actividad", señaló.

El dirigente también indicó que planean movilizarse hacia Buenos Aires para plantear su situación ante las autoridades nacionales. "El Gobierno promueve el libre mercado y nos deja sin precios de referencia ni defensa alguna", sostuvo.

La desregulación del mercado yerbatero, iniciada con la falta de designación de las autoridades del INYM, continuada con los cambios incluidos en la Ley Bases y ahora profundizada con el Decreto 812/2025, reconfiguró por completo el esquema institucional del sector. Los productores denuncian un escenario de incertidumbre y caída de ingresos, mientras que el Gobierno sostiene que busca eliminar distorsiones y favorecer la competencia.

Con la protesta en reorganización, el posicionamiento de Misiones en debate y un marco regulatorio transformado, el conflicto entra en una nueva etapa que podría volver a tensar la relación entre la Nación y una de las principales economías regionales del país.