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Procesaron a funcionarios y a extitulares de IECSA e Isolux por irregularidades en dos licitaciones

El juez federal Sebastián Casanello consideró acreditadas la denuncia por administración fraudulenta en la construcción de dos centrales termoeléctricas
13/05/2020 - 11:44hs
Procesaron a funcionarios y a extitulares de IECSA e Isolux por irregularidades en dos licitaciones

El juez federal Sebastián Casanello procesó a ex directivos de las firmas Isolux y Iecsa, y a ex funcionarios de ex empresa estatal ENARSA por presuntas irregularidades en las licitaciones para la construcción de dos centrales termoeléctricas –Ensenada de Barragán y Brigadier López–, que habían sido adjudicadas durante el gobierno kirchnerista.

El magistrado procesó a Exequiel Espinosa, quien estuvo al frente de ENARSA entre 2003 y 2013, y el ex gerente Santiago Pierro, responsable del proyecto, llevado adelante en 2007, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

También fueron procesados los empresarios Juan Carlos de Goycochea, de Isolux, y el ex CEO de Iecsa Héctor Sánchez Caballero, considerados junto a otros tres representantes de las firmas partícipes necesarios de esa administración fraudulenta.

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El juez federal Sebastián Casanello trabó embargo a los procesados y firmas involucradas

Vinculaciones evidentes

Casanello consideró que "el procedimiento de contratación estuvo caracterizado por evidentes vinculaciones entre las oferentes y numerosas prórrogas de los plazos" aunque remarcó que "se desconoce si a cambio (de la contratación de la UTE Isolux-IECSA) hubo una contraprestación".

"Mediante el actuar coordinado de los imputados, esas circunstancias supusieron para las empresas privadas un beneficio ilícito, que se traduce en la obtención de los contratos y en los provechos que implicaron las adendas a los contratos", agregó.

De acuerdo al magistrado, "ENARSA pagó en forma irregular a la UTE Isolux-IECSA para la Central Ensenada de Barragán las siguientes sumas: $367.965.234,65 (adenda 3), $89.686.573,07 (adenda 4) y 223.499.987,07 (adenda 5). Y para la Central Brigadier López pagó en forma irregular la suma de $111.5000.000 (adenda 4). La suma de esos montos arroja un total, a octubre de 2011, de $792.651.795,48".

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Para el juez hay pruebas suficientes para procesar a los funcionarios y empresarios

De esta manera, procesó a Espinosa y Pierro, junto a De Goycoechea, Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Alejandra Kademian y Osvaldo Macías, que integraron la UTE que construyó las obras. A cada uno de los cinco empresarios y los dos ex funcionarios se les trabó un embargo de 795 millones de pesos. Pero ese embargo también alcanzó a las personas jurídicas de IECSA e Isolux, por el mismo monto.

Casanello entendió que se encontraba acreditado el delito de administración fraudulenta y aseguró que "cada uno de los imputados realizó el aporte necesario para que la maniobra se desarrollase del modo ideado", tanto los funcionarios como los empresarios.

 

Intereses del Estado

Sobre los ex funcionarios dijo que tenían la responsabilidad de la "administración de los intereses del Estado –entre ellos sus patrimonio– que disponía ENARSA para que se cumplan las obras" y que "la infidelidad en el ejercicio de esa manda se verifica en todos y cada uno de los actos llevados a cabo por los imputados e identificados durante el trámite de los procesos licitatorios".

"El direccionamiento de las licitaciones por parte de los funcionarios de ENARSA no podría haberse cometido sin un aporte necesario de parte de los ejecutivos Juan Carlos de Goycoechea, Héctor Javier Sánchez Caballero, Alejandra Erika María Kademian, Santiago Ramón Altieri y Osvaldo Macías. Ellos –en nombre de las firmas que representaban– participaron de los actos administrativos de las licitaciones, ya sea mediante la presentación de las correspondientes ofertas por precios superiores a los presupuestados, la negociación de las mismas y/o la celebración de los correspondientes acuerdos", afirmó el juez.

Tras sostener que "esto les permitió a las empresas que conformaban la UTE asegurarse la adjudicación de las obras y obtener un lucro indebido", Casanello resaltó que "la connivencia con los actores públicos les permitió a los privados ‘negociar’ las ofertas presentadas, que les fuesen aprobadas por montos superiores a los originariamente presupuestados, y obtener numerosas ventajas".