De qué se trata la nueva ley de "propiedad privada" que impulsa Milei y empieza a tratar el Senado

Decidido a retomar el control de la agenda legislativa, el gobierno de Javier Milei envió al Senado un proyecto de ley para "ordenar el derecho de propiedad" que contiene al menos seis reformas clave que van desde los juicios por desalojo hasta la compra de tierras por parte de extranjeros y que el bloque liderado por Patricia Bullrich quiere empezar a tratar después de Semana Santa.

Si bien se preveía que fueran varios proyectos separados, el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger confirmó que las reformas se concentrarán en un único texto bajo el título de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada".

La Casa Rosada le anticipó a Bullrich que la iniciativa ingresaría por el Senado y así ocurrió este viernes. Fuentes del oficialismo señalaron a iProfesional que quieren empezar a dialogar sobre el tema con los bloques aliados la semana próxima, para acelerar con el debate en comisiones después del fin de semana largo.

Más allá de que LLA siempre necesita apoyo de la UCR, el PRO y bloques provinciales frente a la oposición cerrada del kirchnerismo, el proyecto motivará una discusión transversal especialmente en cuanto a las reformas que introduce en la Ley de Tierras Rurales y en la Ley de Fuegos.

Nueva ley sobre "propiedad privada": las dos reformas que más discutirán en el Senado  

La Ley 26.737 limita la titularidad extranjera de tierras rurales al 15% a nivel nacional, provincial y departamental, al tiempo que establece que una misma nacionalidad no puede superar el 30% de ese 15% y prohíbe la compra en zonas estratégicas. El Gobierno quiso derogarla con el decreto 70/2023 (conocido como "mega DNU) pero la Justicia dejó en suspenso la medida.

Ahora, el proyecto sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" apunta a flexibilizar esa restricción y permitir que extranjeros puedan comprar más de 1.000 hectáreas. Se mantiene la autorización previa para Estados extranjeros o empresas con participación estatal, pero "las personas privadas extranjeras quedan sujetas a las mismas reglas que cualquier inversor", señaló el Ministerio de Desregulación.

El Gobierno sostuvo que "la objeción de que esto extranjeriza la tierra confunde la eliminación de una restricción general con la ausencia de cualquier control" y aseguró que con esta reforma "lo que desaparece es la prohibición que no discriminaba entre un gobierno extranjero y un particular que quiere invertir en producción agropecuaria". De esta forma, apunta de forma directa contra una limitación que fue impulsada oportunamente por el kirchnerismo.

La reforma de la Ley de Manejo del Fuego también va en sentido opuesto a los cambios que introdujo en 2020 una iniciativa de Máximo Kirchner. El oficialismo argumenta que se extendieron "las restricciones de la ley del fuego a bosques implantados y tierras productivas" y esto tuvo como efecto que "un productor víctima de un incendio quedaba impedido por décadas de recuperar el uso de su tierra".

Con ese argumento, el proyecto limita la restricción a "bosques nativos y áreas sensibles según el ordenamiento de cada jurisdicción". El Gobierno señala que la reforma establece una protección precisa sobre bosques nativos y la complementa con obligación de recomposición del daño ambiental en casos de incendios intencionales, mientras que "elimina la restricción sobre tierras que no son bosque nativo".

Cambios en desalojos y regularización dominial en barrios populares: qué plantea el proyecto de Milei

El proyecto también introduce cambios en el Código Procesal Civil y Comercial y en el Código Civil y Comercial de la Nación para establecer un trámite por vía sumarísima para los desalojos de inmuebles tomados u ocupados ilegalmente e incorporar mecanismos de restitución anticipada, con la idea de que no lleve más de cinco días.

Asimismo, apunta a modernizar los sistemas de notificación mediante la incorporación del domicilio electrónico y le otorga más facultades al juez para identificar a los ocupantes. El argumento central del Gobierno pasa por el mercado inmobiliario y el déficit habitacional.

En ese sentido, el oficialismo señaló que esta medida no "acelera desalojos sin resolver el déficit habitacional", sino que funciona a la inversa porque "cuando los propietarios no tienen garantías de recuperar su inmueble, reducen la oferta disponible" y "un mercado con más propiedades circulando" puede "absorber la demanda" mejor que "uno paralizado por incertidumbre judicial".

Dentro de ese ámbito, la cuarta reforma que propone el proyecto de Milei y Sturzenegger apunta al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, más conocida como "ley de barrios populares", con el argumento de que no funcionó porque "solo el 0,08% del suelo de los barrios del RENABAP tiene título de propiedad privada".

En este punto, el proyecto tiene un elemento que ayuda al oficialismo a acordar con los gobernadores: le transfiere a las provincias y municipios el control sobre ese mecanismo y la potestad de aplicar instrumentos jurídicos para avanzar en la regularización de los títulos de dominio.

Expropiaciones y Registro de Propiedad Inmueble, las otras dos reformas del proyecto

La quinta reforma central que incluye el proyecto es sobre la Ley de Expropiaciones para limitar "la discrecionalidad del Estado" en esos procesos. El texto enviado por el Gobierno establece criterios más objetivos para la determinación del valor del bien, al tomar como referencia la fecha inmediatamente anterior a la expropiación para que la acción estatal no haga bajar su precio.

Asimismo se establece una actualización del monto indemnizatorio por IPC y el "reconocimiento de lucro cesante cuando corresponda y esté acreditado". Además fija un límite de 60 días para la "ocupación temporánea", prorrogable por única vez en casos de emergencia verificable.

Por último, la iniciativa del Gobierno establece una "modernización del Registro de la Propiedad Inmueble", con la incorporación de la firma digital y una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para gestionar certificados e informes de cualquier registro del país de forma remota.

El argumento central en este caso es que "gran parte de los registros inmobiliarios del país opera sobre soporte físico, con demoras y costos que frenan transacciones" y el ejemplo que pone la cartera de Sturzenegger es que "en 2025, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 70% respecto de 2023" pero "el sistema actual no está en condiciones de acompañar esa dinámica".

De esta forma, con el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" Javier Milei apunta a ratificar la vocación "reformista" con la que le gusta describir a su gestión y a la vez retomar el control de la agenda del Congreso, en este caso del Senado, mientras la Cámara de Diputados se aboca a los cambios en el Código Penal, la otra parte del paquete con el que el Gobierno intenta recuperar la iniciativa política.