Piden imputar a Duhalde y Fernández en la causa por la masacre de Avellaneda
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Familiares de los militantes sociales asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, junto a organizaciones sociales, reclamaron el jueves cárcel para el ex presidente Eduardo Duhalde y al actual senador Aníbal Fernández, y criticaron los proyectos en el Congreso para restringir el derecho a la protesta, al cumplirse el doceavo aniversario de la Masacre de Avellaneda.
En un acto sobre el Puente Pueyrredon, que permaneció cortado, los familiares agradecieron la presencia de más de 3 mil personas que participaron de la jornada para recordar los asesinatos, que cerró una vigilia con actividades culturales en la estación ferroviaria que lleva los nombres de Kosteki y Santillán.
"Le exijo al juez Ariel Lijo la apertura de la causa. Que se vuelva a reactivar, que desde Eduardo Duhalde hasta Aníbal Fernández y todos los que siguen sean llevados a declarar como imputados en al causa y tengamos justicia", dijo Vanina Kosteki, hermana del joven asesinado.
En este sentido, Kosteki apuntó contra funcionarios y políticos de la actual gestión de Cristina Kirchner que ocuparon cargos de jerarquía durante la presidencia de Duhalde al momento de lanzar la sangrienta represión contra los movimientos de trabajadores de desocupados.
"Los responsables políticos de este gobierno deben pagar su condena, y no solamente la condena social que tienen, sino con la justicia (...) Nosotros queremos justicia, y la vamos a hacer en la calle y nunca negociando con nadie", sostuvo.
El 26 de junio de 2002, cuando se desencadenó una feroz represión policial contra una manifestación en reclamo de planes sociales y trabajo, Férnandez era secretario general de la presidencia y había declarado que desde el ámbito gubernamental conocían lo que sucedería en Puente Pueyrredón ya que tenían información a través de servicios de inteligencia de lo discutido en una asamblea piquetera . El actual senador dijo que se trataba de "un cronograma de hostilidades" en el que se contemplaba una "lucha armada".
Por otra parte, la hermana del joven asesnado criticó los proyectos impulsados por el Gobierno y la oposición para restringir los piquetes. "Ahora nos quieren imponer que pidamos permiso para protestar: no vamos a pedir permiso por reclamar por lo que es justo", advirtió en el acto, en el que también se cuestionó al kirchnerismo por el "espionaje" contra los luchadores sociales y la "criminalización" de la protesta.
En tanto, Alberto Santillán, padre de uno de los militantes asesinados, dijo el jueves que "desde hace 12 años el odio me carcome y cuando lo veo a Duhalde me da bronca", y afirmó sentir "impotencia por la impunidad con la que se mueve".
Las organizaciones sociales y familiares pidieron el jueves juicio para los responsables políticos de los asesinatos y advirtieron que "es lamentable" que a 12 años de la Masacre de Avellaneda "la impunidad siga vigente".
Durante el acto, leyeron un documento con fuertes críticas a políticos del oficialismo y la oposición, incluidos el ex presidente Néstor Kirchner, a los que responsabilizaron por su papel durante el operativo policial del 2002.
"Varios de los responsables continúan activos en la arena política, repartidos entre las filas del oficialismo (Aníbal Fernández, Jorge Capitanich) y las de la oposición, como Felipe Solá, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff y Jorge Vanossi. Otros, como José Genoud y Carlos Soria -jefe de la SIDE en aquel entonces y luego gobernador de Rio Negro por el Frente para la Victoria- murieron en la impunidad", indica el documento.
Asimismo, el escrito afirma que "la masacre de Avellaneda contó con la complicidad de los medios de comunicación, los empresarios y el imperialismo. Los gobernadores -incluido Néstor Kirchner- e intendentes que fogoneaban un giro represivo".
Como consecuencia, "delegados y militantes de las organizaciones populares sufrieron atentados y amenazas en todo el país. En los meses previos, fue asesinado Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría y, poco después, balearon a Juan Arredondo en Lanús", advirtien las organizaciones.
En la represión policial en la que asesinaron a los dos militantes sociales fueron heridas otras 33 personas por disparos de las fuerzas policiales y el hecho derivó en una conmoción social que obligó a Duhalde a adelantar las elecciones generales.
El 9 de enero de 2006 el Tribunal Oral 7 condenó por los crímenes a prisión perpetua al ex comisario inspector Alfredo Fanchiotti y al ex cabo primero Alejandro Acosta.
También dictó penas de cuatro años de prisión efectiva a otros tres efectivos de la Policía Bonaerense, Félix Vega, Carlos Quevedo y Héctor De la Fuente, por el delito de encubrimiento agravado.
El ex policía Gastón Sierra recibió tres años por el mismo delito, mientras que el también ex efectivo Lorenzo Colman fue condenado a dos años de prisión y el ex policía Celestino Robledo recibió una condena de diez meses al ser encontrado culpable de usurpación de títulos y honores.
Duhalde, "tranquilo"
En respuesta a las críticas, el ex presidente Eduardo Duhalde rechazó las críticas de los familiares de los militantes sociales asesinados en la Masacre de Avellaneda y manifestó tener "tranqulidad" porque los autores de esos crímenes "fueron condenados a la pena máxima".
"Yo dije en su momento que fue una cacería", sostuvo Duhalde al recordar el asesinato de los dos militantes de la Coordinadora Aníbal Verón, perpetrado el 26 de junio de 2002 durante una protesta en reclamo de planes sociales.
El ex mandatario destacó en declaraciones a FM Nacional Rock que tiene "la tranquilidad de que de los setenta y pico de muertos a manos de sectores del Estado, provincial y nacional, solo este tiene sentencia para los homicidas".
Vanina Kosteki advirtió en esa oportunidad que "algunos dicen que se condenó a (el ex comisario Alfredo) Fanchiotti y (al ex cabo primero Alejandro) Acosta pero la condena no está firme. No hay condena que valga si no tiene condena firme".
Duhalde rechazó los cuestionamientos de los familiares de Kosteki y Santillán, y sostuvo que "los asesinos fueron condenados a la pena máxima".
"En el año 2002, 2003 se le prometió a los familiares que se iban a abrir los archivos de la SIDE, que es lo que han pedido. Le pedí en telegrama a la presidenta (Cristina Fernández) que abran los registros, porque son historias muy dolorosas", expresó.
El ex mandatario consideró que ante "este tipo de homicidios la primera en perjudicarse es la familia, obviamente, segundo los militantes y amigos y en tercer lugar el Estado".
En ese sentido, dijo que ante hechos de violencia "siempre me puse al frente aunque no tuvieran que ver los organismos que dependían del Estado nacional".
