La Justicia argentina debe decidir si extradita a Vandenbroele a Uruguay
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La Justicia argentina debe definir en las próximas horas, a instancias de lo que disponga la Cancillería dirigida por Héctor Timerman, si extradita a Uruguay al presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, acusado en el país vecino de lavado de dinero.
El empresario pasó el fin de semana encarcelado en la sede de los Tribunales federales de Mendoza y será recibido el martes por el magistrado federal de la provincia cuyana, Walter Bento, para notificarlo de su situación.
Fue apresado el viernes luego de que Uruguay pidiera la captura internacional por una causa que llevan el juez uruguayo Néstor Valetti y el fiscal Juan Bautista Gómez. Ambos pretenden que Vandenbroele explique el origen de los u$s620.000 que la sociedad Dusbel S.A. transfirió desde Montevideo y en bonos a una cuenta bancaria argentina de The Old Fund, la compañía a cargo del paquete accionario de la calcográfica Ciccone. Dos veces lo citaron sin que se presentara a declarar por lo que pidieron ayuda a Interpol.
La pesquisa uruguaya comenzó poco después del 17 de marzo de 2012, cuando el diario La Nación reveló que el 29 de octubre de 2010 Dusbel se había quedado con la mitad de las acciones de The Old Fund -que a su vez controla el 70% de la ex Ciccone- a cambio de aportar u$s620.000, pese a que la sociedad uruguaya aún no había completado los trámites de radicación en la Argentina.
La unidad antilavado uruguaya, que depende de su Banco Central (BCU), analizó los registros y movimientos de Dusbel en su país, estimó que presentaban "apariencia delictiva" y solicitó a la Justicia que abriera una investigación por "lavado de activos". Vandenbroele ya dio una explicación sobre Dusbel en los tribunales argentinos.
Fue a fines de 2012, cuando presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo, en el que adjudicó esos u$s620.000 a Mayer Business Corporation, una sociedad panameña del ex banquero Raúl Moneta.
