En vísperas de las elecciones del Consejo de la Magistratura, el Gobierno decidió reactivar su iniciativa para traspasar la Justicia a la Ciudad. La comisión respectiva de la Cámara de Diputados votó este miércoles un dictamen que ratifica la transferencia de los tribunales del Consumo al ámbito porteño. Pero el avance del proyecto despertó de inmediato el rechazo generalizado de los jueces y del gremio de empleados judiciales, que además se oponen a pagar el impuesto a las Ganancias.

“La comisión de Justicia ha considerado el Mensaje N° 0024/17 y proyecto de Ley del poder Ejecutivo por el cual se aprueba el Convenio interjurisdiccional de Transferencia de la Justicia Nacional en las relaciones de Consumo entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebrado el 19 de enero de 2017, y por las razones expuestas en el informe que oportuniamente dará el miembro infomante, aconseja su sanción”, reza el dictamen.

El convenio en cuestión prevé la creación de 20 organismos dedicados a los conflictos de consumo. La iniciativa debe ser aprobada por ambas cámaras y la Legislatura porteña, más afín al macrismo. Con esos dos avales, la Ciudad tendría el camino libre para iniciar el traspaso en 120 días. Según las autoridades, así se agilizaría el proceso judicial y se ejerce la autonomía, que estableció la reforma constitucional de 1994 en su artículo 129.

El oficialismo busca además traspasar a 49 órganos en lo criminal y correccional, y 361 personas, entre juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías, que incluyen la competencia sobre robo y hurtos, que concentran la mayor cantidad de causas y delitos contra la administración pública, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de la Justicia, que supervisa la inscripción de empresas y asociaciones civiles, así como Civil, Comercial, Laboral y Familia.

El dictamen cayó como una bomba entre los jueces que este jueves eligirán sus representantes para el Consejo de la Magistratura. El impacto fue tal que las tres listas que compiten en los comicios de mañana salieron a rechazar el proyecto en un comunicado conjunto, incluyendo las encabezadas por Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo, de buen diálogo con Cambiemos, que están atentas al malestar dentro de los tribunales.

“Atento la información periodística aparecida el día de auer, respecto de la Ley de Jubilaciones e Impuesto a las Ganancias y asimismo en relación con un proyecto de ley que intenta acelerar el traspaso de la Justicia Nacional, los candidatos a Consejeros titulares al Consejo de la Magistratura reiteramos nuestra oposición a todo de intentro de avasallamiento de los derechos de todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los Ministerio Públicos y nos comprometemos a trabajar en forma conuta en la defensa de los mismos”, señalaron los magistrados.

El comunicado lleva las firmas de los jueces Ricardo Recondo, Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones. Recondo busca ocupar nuevamente una silla en la mesa oval en representación de la Lista Bordo, en reemplazo del actual consejero Luis María Cabral; Culotta representa a la lista Compromiso Judicial en reemplazo del juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes; mientras que Lugones es el candidato de la lista Celeste para ocupar el lugar de la camarista laboral Gabriela Vázquez, y habría sido el impulsor del pronunciamiento.

En agosto pasado, tal como anticipó iProfesional, el Gobierno avanzó en su plan para que los jueces paguen Ganancias con la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema. De ese modo, busca destrabar la reforma a la ley aprobada por el Congreso en 2016 y cuyo impacto la Justicia limitó a los magistrados, funcionarios y empleados que ingresaron a carrera desde el 1 de enero de 2017, dejando fuera de su alcance a la gran mayoría de los 20.300 integrantes del personal judicial.

En tanto, el gremio de empleados judiciales UEJN, liderado por Julio Piumato, se declaró en estado de alerta y movilización, sin descartar el lanzamiento de un nuevo plan de lucha, en rechazo al traspaso. "Este avance constituye un ataque directo al conjunto de los trabajadores judiciales y también, como lo manifestaramos oportunamente, afecta la independecia del Poder Judicial", advirtió el sindicato.

"En un clima de incertidumbre política y ajuste económico, el desmembramiento de la Justicia Nacional del Trabajo significa la reduccion de garantías jurídicas para defender los derechos de los trabajadores artneitnos. Por eso estamos preparados para comenzar un nuevo plan de lucha contra el traspaso", concluyó.

Los empleados creen que la transferencia puede derivar en un recorte presupuestario, mientras que los jueces intuyen que el nombramiento de los futuros magistrados puede obedecer a “razones políticas”. Entre los principales cambios, los jueces pueden ser enjuiciados enjuiciados y expulsados por el sistema de mayoría simple de la Magistratura porteña, a diferencia del Consejo nacional que se maneja con dos tercios.