Varias asociaciones de defensa de los derechos del consumidor comenzaron a pedir ante la Justicia que retrotaiga la decisión del Gobierno nacional de establecer compensaciones para las empresas proveedoras del servicio de gas por la devaluación, que llevará a que los usuarios paguen un diferencial sobre lo ya consumido.

La asociación civil Protectora, ubicada en la provincia de Mendoza, ya presentó este lunes una acción colectiva en el que solicita una medida cautelar contra la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación. Intervendrá el juzgado federal n. 2 de esa provincia, a cargo d Walter Bento.

El amparo se basa en la alteración de las tarifas sin audiencia pública previa y la violación del artículo 30 bis de la Ley de Defensa del Consumidor por negar el efecto extintivo al pago, como también, infrigir el debe de información que prevé aquella norma. De esta manera, para Protectora, se lesionan los derechos de los usuarios protegidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

La acción se suma a la que se inició en los juzgados federales de La Plata, el Centro de estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y la que pidió sea considerada de alcance nacional, como aquella que logró frenar los aumentos del servicio en 2016 y que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

En este caso, según informó Cepis en sus redes sociales, se pide "la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda dictada el viernes pasado por el Poder Ejecutivo Nacional. También del inciso 5° del artículo 37 del decreto 1738/92 y del punto 9.4.2.5 de las Reglas Básicas de Licencia de Distribución aprobadas por Decreto 2255/92".

La asociación Consumidores Libres calificó a la mencionada resolución como "absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria". Su representante legal, Héctor Polino, consideró que "los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso" y agregó que "en todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva".

El ex diputado socialista recordó que la citada resolución "ocurre en medio de aumentos como los de octubre, que llegarán hasta 35 por ciento". "Y en abril y octubre de 2019 habrá otros aumentos", advirtió el representante legal de Consumidores Libres. "Si se les agregan estas diferencias, esas tarifas van a ser totalmente abusivas y los usuarios no van a poder pagarlas", concluyó.

Asimismo, el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, argumentó que los ciudadanos no son "responsables" de la suba del dólar y cuestionó que "la suma total de la diferencia" en los precios del dólar "produce una masa de deuda" que es transferida a los usuarios.

En tanto, la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), expresó en un comunicado, que la resolución cuestionada "pone en evidencia que el único interés que se defiende desde el Poder Ejecutivo en materia energética, es el de las empresas productoras y distribuidoras de gas ; los usuarios somos rehenes y víctimas de esa política".

Pedro Bussetti, titular de esa entidad, comentó que ya en la Audiencia Pública que se hizo el 4 de setiembre se se consideraron las propuestas de modificación tarifaria del gas natural.

"En ese momento, DEUCO rechazó la propuesta realizada por las distribuidoras que plantearon trasladar a los usuarios, como solución al problema de su deuda millonaria en dólares, producida por la variación abrupta del tipo de cambio en que se fija el valor del gas en boca de pozo". "Nosotros explicamos que los usuarios no deben ser la variable de ajuste de la devaluación de la moneda", dijo .

Según el dirigente, con la resolución firmada por el Gobierno, "los usuarios vamos a pagar una deuda que se calcula en $ 10.000 millones, de la cual no somos responsables", dijo.

También en el Congreso, los diputados nacionales del FPV-PJ pidieron la derogación del "escandaloso nuevo aumento en las facturas de gas".

Además, van a solicitar la interpelación del secretario de Energía, Javier Iguacel, "para que dé explicaciones sobre esta medida, que una vez más beneficia a las grandes empresas y hace caer todo el peso del ajuste sobre la población".

La resolución cuestionada

El Gobierno, a través del Boletín Oficial, comunicó la resolución 20/2018, firmada por el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, en la que autoriza a las distribuidoras de gas natural de todo el país a cobrar en las facturas de los usuarios, a partir del 1º de enero de 2019, la deuda que las empresas mantienen con las productoras de gas comprado entre abril y septiembre de este año.

De acuerdo al artículo 1° de la resolución 20/2018, el Enargas será el encargado de instruir a las distribuidoras para el cobro de la deuda en 24 cuotas. Los usuarios pagarán esa diferencia en función del consumo de gas que hayan efectuado entre abril y septiembre, el periodo más frío y de mayor demanda de fluido. Cuanto más gas hayan usado, mayor será el saldo que deban cubrir durante los próximos dos años.

Además, los usuarios se harán cargo del interés que corresponde a esa financiación, en función de la tasa pasiva para plazos fijos del Banco Nación, “incluyendo un plazo de sesenta días que compense la diferencia entre la fecha de facturación y el efectivo pago”. Esa tasa ronda en la actualidad el 20 por ciento anual.

“La decisión del Gobierno de Mauricio Macri demuestra, una vez más la insensibilidad con el pueblo argentino, pero además evidencia que el único interés que se defiende es el de las empresas”, dijo el presidente de la Asociación Consumidores Responsables, Henry Stegmayer.

“Los usuarios y consumidores seguimos siendo rehenes y víctimas de las políticas de Macri”, dijo Stegmayer al tiempo que coincidió con otras asociaciones en que la deuda que pagarán ahora los usuarios ronda los 10.000 millones de pesos.

Además las más de treinta organizaciones que forman parte de la Comisión de Usuarios de Enargas también presentarán en las próximas horas en los tribunales un proyecto para lograr la impugnación y nulidad de la resolución.