La denuncia elevada ante el juez Claudio Bonadio contra LATAM por el presunto pago de "adicionales" a La Cámpora sigue ganando velocidad en la Justicia y se encamina a una definición en el mediano plazo.

El recurso en cuestión, presentado por Jorge Said Yarur, reconocido empresario chileno y accionista de trayectoria en LAN y LATAM, involucra directamente a Ignacio Cueto, CEO de la aerolínea, quien en mayo de 2013 reconoció ante medios trasandinos el pago de u$s18 millones a dirigentes de la organización con el fin de destrabar las operaciones de la compañía en el mercado local.

"Fuimos, nos sentamos a la mesa y pagamos lo que nos pidieron. No pudimos negociar lo que queríamos. Nos obligaron y lo hicimos solamente por el respeto a los pasajeros. Nos obligaron a aceptar un contrato que no teníamos por qué aceptarlo. Y estuvimos obligados a hacerlo", declaró Cueto hace algo más de seis años.

Semejante comentario no pasó desapercibido para accionistas como el mismo Said Yarur, quien en diciembre del año pasado acercó al juez local Claudio Bonadío una denuncia para que investigue la naturaleza y el destino del monto desembolsado por LATAM.

El texto, al que iProfesional accedió de forma exclusiva en junio de este año, ahonda en sucesos ocurridos justamente en 2013, en momentos en que el kirchnerismo activó un programa de maniobras comerciales y de logística en búsqueda de blindar el negocio de la estatizada Aerolíneas Argentinas.

Con el fin de ahondar en la situación en que se encuentra la causa, Said Yarur visitó Buenos Aires recientemente y mantuvo reuniones con los equipos de Bonadio, quienes lo notificaron de avances concretos en la denuncia contra Cueto por lo dispuesto para la aerolínea.

"Acudimos a la oficina del Juez Claudio Bonadío para conocer detalles sobre las diligencias encargadas por la denuncia. Estamos confiados en la labor del magistrado. Bonadío ya solicitó y recibió, tanto por parte de LATAM como de Intercargo, los contratos vigentes y correspondientes a los años que involucra la denuncia", expuso Said Yarur, en un encuentro con iProfesional.

"Además, hace muy pocos días llegó el expediente del Juzgado Civil y Comercial Federal 4 que intervino cuando se iniciaron los procesos judiciales e Intercargo dejó de dar servicio a la aerolínea", añadió.

Said Yarur expuso que la intervención de Bonadio ya llegó incluso a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y también se generaron pedidos de información a la Unidad de Investigación Financiera y la Oficina Anticorrupción.

"La AFIP entregó, tras ser requeridas por el propio juez Bonadío, las declaraciones de impuestos de ambas compañías. Con esos datos esperamos se pueda esclarecer de qué cuentas y hacia qué cuentas fueron a parar los 18 millones de dólares que la aerolínea reconoció se vio forzada a pagar", comentó el empresario.

A la par, el inversor señaló que el magistrado requirió antecedentes y se activó una intervención incluso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. "Bonadío solicitó información a la Oficina Anticorrupción y en la Unidad de Investigación Financiera. En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió su propia investigación", dijo Said Yarur.

Para luego concluir: "La intervención de la Procuraduría se da a partir de los hechos denunciados. Y su investigación tiene el propósito de aclarar las responsabilidades administrativas de las personas involucradas".

Jorge Said Yarur es titular del Grupo Said, un conglomerado con inversiones en compañías que van desde, precisamente, LATAM a Parque Arauco –controlante de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia– pasando por SQM, la minera que encabeza la búsqueda y extracción de litio del otro lado de la Cordillera de los Andes.

Otros pagos irregulares

En otro apartado de la denuncia del accionista aportada a Bonadíose expone, textual y más allá de lo referido a La Cámpora, que entre 2006 y 2007, LAN "autorizó pagos indebidos por u$s1,15 millones a un consultor como funcionario público argentino y extranjero, de manera de poner fin a disputas sindicales que afectaban el normal funcionamiento de la compañía en Argentina".

"Los pagos se hacían en base a un contrato de consultoría inexistente, ficticio, en conocimiento del CEO de LAN a esa época, Sr. Ignacio Cueto Plaza. Dichos pagos fueron incorrectamente contabilizados en los libros y registros contables e infringieron controles internos de la propia LAN", se señala por escrito.

En el detalle de la denuncia de Said Yarur, al que iProfesional accedió de forma exclusiva a mediados de año, también se revela: "Lamentablemente, LATAM, antes LAN, no ha tenido un buen comportamiento en materias de cohecho en la Argentina. Con fecha 25 de julio de 2016, el Departamento de Justicia Norteamericano, DJO, como la US. Securities and Exchange Commission, o SEC, anunciaron multas por más de u$s22 millones en contra de LATAM por infringir normas y haberse beneficiado en más de u$s6,7 millones por el cohecho pagado a los sindicatos en Argentina".

En paralelo a la denuncia presentada ante Bonadío por los movimientos de LATAM en Argentina bajo la gestión de Cueto, lo cierto es que los cuestionamientos respecto de los procesos dentro de la aerolínea parecen no interrumpirse. Y alcanzan, incluso, a la figura del mismísimo Sebastián Piñera, presidente de Chile.

En junio del corriente, el senador chileno Alejandro Navarro, titular de la comisión de derechos humanos en ese país, señaló que hace poco más de dos años una denuncia presentada en Estados Unidos expuso que en el 2006 Piñera hizo uso de información privilegiada para engrosar su participación en el capital de LATAM.

"Por esta acción, Piñera fue multado con 363 millones de pesos por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile", dijo Navarro.

El senador fue más allá. Afirmó que, tras una investigación motorizada por reguladores estadounidenses, "LATAM reconoció el pago de coimas al Ministerio de Transporte argentino en el año 2006, por lo que la Justicia inició una indagatoria imputando a Piñera e Ignacio Cueto por estar posiblemente involucrados en el pago de un soborno de 1,15 millones de dólares para que la aerolínea funcione en aires argentinos".

Esto último coincide con lo denunciado por Said Yarur en lo referido a la contratación fraudulenta de un "consultor" para ablandar a los sindicatos aeronáuticos.

Controversia en el aire

Como iProfesional ya detalló en más de un artículo, las irregularidades de la aerolínea no se acotan a la Argentina. Muy por el contrario, fuentes vinculadas a la compañía aportaron precisiones de sendas sanciones que LATAM y su grupo de controladas han acumulado en los últimos años y que apenas si tomaron estado público.

En enero de 2009, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó que LAN Cargo y ABSA –en ese momento propiedad sólo de TAM– acordaron declararse culpables de colusión (cartelización) y debieron desembolsar u$s109 millones como pena por ese ilícito.

En noviembre de 2010, la aerolínea aceptó pagar 66 millones de dólares como compensación ante demandas elevadas por particulares. También en noviembre de 2010, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea le aplicó una sanción del orden de los 11,4 millones de dólares por actos colusorios.

En septiembre de 2013, una corte de Canadá multó a la aerolínea con 975.000 dólares luego de que la empresa reconociera haber participado en un esquema de manipulación de precios en su servicio de carga.

En agosto de ese mismo año, el Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) sancionó a ABSA Aerolíneas Brasileiras, controlada por LATAM, en más de 51 millones de dólares por cartelización.

En 2016, la SEC estadounidense dictaminó que Ignacio Cueto, CEO de LATAM, violó entre 2006 y 2007 la ley americana llamada Foreign Corrupt Practices Act (una ley contra prácticas corruptas en países extranjeros). El ejecutivo fue multado con 75.000 dólares.

"Teniendo en consideración la suma por concepto de multas sólo en los períodos en que Ranco Tres SA fue accionista de LAN, hoy LATAM, la empresa fue multada por un total de u$s239 millones", indicaron a iProfesional fuentes cercanas al accionista Said Yarur. Ranco Tres SA es, precisamente, la unidad de inversiones mediante la cual el empresario participa en la aerolínea.