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Perdió la billetera y empezó un calvario: sacaron créditos y compraron de todo a su nombre

Un hecho fortuito derivó en una cadena de sinsabores, a pesar de haber realizado la denuncia a tiempo. Por qué el usurpador no terminó tras las rejas
09/03/2020 - 17:10hs
Perdió la billetera y empezó un calvario: sacaron créditos y compraron de todo a su nombre

Extravió la billetera en el subte. Guardaba su DNI, registro de conducir, tarjeta de crédito y cédula verde del auto. Fue a la comisaría más cercana, denunció la pérdida y se quedó tranquilo. Luego, repuso toda la documentación.

El episodio, casi una anécdota, fue sin embargo, el inicio de un calvario que duró una década, durante la cual quedó registrado como deudor en el sistema financiero, tuvo que mandar cartas, dar explicaciones y declarar como testigo en una causa penal.

Todo acaba de terminar con una condena a tres años de prisión en suspenso en juicio abreviado para el hombre que encontró su documento, le cambió la foto y usurpó su identidad para cometer defraudaciones.

Ese 25 de noviembre de 2009, la víctima salió del subte y fue directo a la comisaría octava de la Policía Federal a radicar la denuncia. Y tras los trámites de rigor para reemplazar lo perdido, siguió con su vida diaria.

Meses después, llegó la primera alerta: recibió en su trabajo intimaciones por deudas que no había contraído. Desde el Banco Sáenz le reclamaban un crédito sacado para comprar dos teléfonos celulares. Envió dos cartas de desconocimiento por los aparatos y las líneas telefónicas que nunca adquirió.

Poco después, recibió una intimación de pago desde la Compañía Financiera Argentina -Efectivo Sí- por un crédito gestionado por alguien con su documento y nombre. Entonces, explicó que "la letra y firmas" de los formularios de gestión del préstamo no le pertenecían.

El raid de la persona que usaba su documento perdido continuaba: la empresa Frávega reclamó por el pago de un crédito sacado para la compra de un televisor en su sucursal de General Pacheco. Esta empresa denunció lo ocurrido a la Justicia.

Una vez presentada la denuncia penal, se demostró que el ahora condenado había cambiado la fotografía original -del DNI cartular que se usaba por ese entonces- por una suya.

"Pasado el tiempo y luego de haberse comprobado la falta de pago del préstamo mencionado, se hizo presente" la persona a la que se le reclamaba y "negó su intervención" en la operación, a la par que suscribió una "carta de no reconocimiento de solicitud del crédito", resumió la empresa ante la Justicia.

"No conozco a la persona de la foto del DNI y no conozco al titular" de la factura de gas que se había presentado como reaseguro del domicilio declarado. "No tengo conocidos en Rincón de Milberg", declaró la víctima.

Además, el usurpador presentaba un falso recibo de sueldo a su nombre, que no era obviamente el que mes a mes emitía su empleador. El jefe tuvo que ir a Tribunales a declarar para ratificar sus dichos.

La División Rastros de la Policía Federal llegó al estafador en base a una huella digital que se le pidió para ingresarlo al "Listado de Clientes Registrados en Casa Central" que aportó Frávega.

Tras ser identificado, el hombre quedó procesado y el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió que se lo envíe a juicio oral por "haber falsificado y/o haber adulterado" el documento de identidad.

Con este documento realizó los fraudes, hizo las compras y sacó los créditos que nunca pagó. La maniobra "generó un perjuicio patrimonial a Frávega SACIeI" y además se consideró el "perjuicio ocasionado" al dueño del DNI, "quien fue informado como deudor en el sistema financiero".

También se lo acusó por simular ser otra persona y se pidió enviarlo a juicio por estafa y falsificación de documento público.

El estafador confesó y se firmó un acuerdo de juicio abreviado que pactó una pena de tres años de prisión condicional ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de San Martín.

El juicio abreviado se implementó para dar celeridad a los Tribunales Orales y se contempla para delitos que no superen una condena a diez años de cárcel. Para firmarlo debe haber un acuerdo entre la defensa del acusado, la fiscalía y los querellantes.

Además, se tiene que contar con pruebas independientes más allá de la confesión del acusado que busca el acuerdo. El juez o tribunal del caso realiza una audiencia previa y puede aceptar lo pactado. O rechazarlo y enviar el caso a juicio oral.

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