En el marco de la cuarententa obligatoria, y mientras se endurecen los controles aduaneros para las importaciones, un funcionario y un agente transitorio de la Aduana argentina fueron detenidos este miércoles en Paraguay con una mochila que contenía 500.000 pesos los que, según se supone, fueron llevados a ese país provenientes de planes sociales que en Argentina otorgaban a beneficiarios paraguayos.

El dinero fue encontrado en la zona primaria de la cabecera del Puente San Roque González de Santa Cruz del lado correspondiente al país vecino.

Estaba distribuido en pequeños fajos en cuyo interior también tenía una tarjeta de débito y un nombre en específico. Este armado de paquetes más los datos que contenía cada uno hacen presumir que subsidiarios de aportes sociales de la Argentina, residentes en el Paraguay, habrían contratado una persona en específico para que pueda ir a cobrar el dinero y posteriormente llevarlos hacia ese país.

El procedimiento dejó ver una situación que suele suceder y que consiste en que personas que residen en Encarnación y zonas aledañas tramitan su documento nacional de identidad argentino tras declarar un falso domicilio en el país y luego realizan los trámites ante ANSES para el cobro de diferentes beneficios sociales.

Sobre este tema se refirió el Jefe de la Dirección contra hechos punibles económicos de la Policía Nacional en Encarnación, Subcomisario Alcides Añasco, quien informó respecto al procedimiento realizado en zona primaria de Encarnación donde se incautó el dinero.

El dinero estaba distribuido en pequeños fajos en cuyo interior también tenía una tarjeta de débito

La modalidad delictiva es que ciudadanos paraguayos que no residen en el país sacan documentos argentinos para conseguir beneficios sociales. Como no pueden entrar por el coronavirus, los detenidos les estaban llevando el dinero de manera irregular y cobraban una comisión.

Cómo era el procedimiento

Según la hipótesis que se sostiene con más fuerza, estos fajos incautados de plata contenían determinadas sumas, además de tarjetas de débito y un nombre por lo que se estima que se trata de cobros de aportes subsidiarios de argentinos residentes en Paraguay. Actualmente, el dinero se encuentra en poder del Ministerio Público y se sigue investigando.

El procedimiento lo realizó la Armada de Paraguay en la zona primaria aduanera cuando los militares requisaron el baúl de la motocicleta del empleado de Transportes. Allí se toparon con alrededor de 30 tarjetas de débitos con diferentes sumas de dinero que estaban adosadas a una anotación donde se especificaba el monto retirado y la comisión cobrada por el trámite. Por cada trámite percibían entre 2.000 y 3.000 pesos.

Los funcionarios recibían por cada trámite entre 2.000 y 3.000 pesos

Los aprehendidos en el caso, que son Leandro Andrés Rodríguez y Luis Alberto Romano, los dos de nacionalidad argentina, agente transitorio y funcionario respectivamente, eran quienes estaba a cargo de cobrar los aportes de los beneficiarios ya que podían circular sin inconvenientes en zona de fronteras por desempeñarse en aduanas.

Luego de recibir el subsidio con las tarjetas de los correspondientes titulares, llevaban el dinero a Paraguay y, una vez instalados en el país vecino, lo entregaban a quienes eran realmente los beneficiarios.

A pesar de la gravedad del hecho, y de acuerdo a lo expresado por Añasco, esta práctica, según las leyes de Paraguay, no representa ningún hecho punible teniendo en cuenta que el monto incautado no supera los 10.000 dólares mínimos requeridos.

Tras la detención del empleado, la Directora Regional dispuso el traslado preventivo del funcionario a otra dependencia dentro de la región y dio de baja su certificado de circulación. También inició una investigación sumarial interna por el uso de su condición de aduanero para hacer este tipo de operaciones y hará una denuncia penal en la fiscalía argentina.

La aduana desempeñó un papel central en la cuarentena. En los pasos fronterizos, colaborando con operativos de repatriación y en las aduanas de todo el país, garantizando el funcionamiento del comercio exterior y, en particular, el ingreso de los insumos esenciales.