El anuncio de la expropiación de Vicentin por parte del Gobierno nacional tuvo fuertes repercusiones en diversos sectores, incluso en la Asociación Bancaria, la que dio a conocer su postura a través de un comunicado.

En el mismo, confirmaron su "respaldo en la decisión adoptada por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, al intervenir el Grupo Vicentín, proponiendo al Congreso de la Nación su expropiación".

El gremio encabezado por Sergio Palazzo aseguró que "no quedó otro camino habida cuenta la irresponsable gestión de sus dueños que colocaron a esta rentable e importante agroexportadora y sus vinculadas en una situación de quebranto que compromete a miles de trabajadores y productores nacionales".

Esa decisión permite preservar las acreencias que tienen diversos bancos públicos, particularmente su principal acreedor el Banco de la Nación Argentina.

Además, sostienen que dicha entidad "con manifiesto tráfico de influencias durante el Gobierno de la Alianza Cambiemos– fue comprometida con una ingente asistencia crediticia de 18.000 millones de pesos. Como es sabido –luego del resultado electoral 2019– Vicentín se negó a cumplir con los pagos a los que está obligado".

Vicentin se encuentra con una deuda acumulada de más de 1.300 millones de dólares.

Para los bancarios, esta decisión es necesaria ya que no cabe duda la "utilidad pública" de ese conglomerado empresario, teniendo en cuenta su rol en la producción de alimentos y presencia en el mercado mundial.

"El Estado tendrá así una empresa testigo en el mercado de cereales y derivados que permitirá promover alimentos al alcance de todos los argentinos y nuestra Soberanía Alimentaria", concluye el comunicado.

El comunicado completo

Qué dijo Vicentin

El directorio de la empresa Vicentin se manifestó en contra de las medidas de intervención y expropiación anunciadas este lunes por el Gobierno, al afirmar: "El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación".

La compañía se colocó sorpresivamente en el centro de la atención pública luego de que Alberto Fernández anunciara que será intervenida y, tras la aprobación de una ley en el Congreso, expropiada.

La agroexportadora, que se encuentra en default y acumula deudas por más de u$s1.300 millones a bancos y acreedores, salió en defensa de su autonomía y manifestó ser capaz de resolver sus problemas.

"Desde diciembre de 2019 el Directorio de Vicentin viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado", explica la compañía en un comunicado emitido en la noche del lunes.

"Los activos de la empresa son muy importantes y están intactos", continúa. Y agrega que "No se ha despedido durante todo el proceso a un solo trabajador. Más allá de que muchos no han podido trabajar por la pandemia, todos han cobrado como corresponde".

En rechazo al proyecto de expropiación, el directorio de Vicentin afirma: "Reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas".

Además, señala que la empresa "se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos".

El Gobierno explicó la expropiación

En un documento difundido por el Gobierno, enumeró los motivos para intervenir la compañía y proponer expropiarla, y advirtió que a fines de 2019 se anunció una "repentina crisis financiera" que contrasta con los balances.

Allí, argumentó que decidió tomar el control de la firma para evitar la caída definitiva y que con ello se afecte la economía en general, se concentre aún más el negocio, provoque unos 1.200 despidos y termine golpeando financieramente al Banco Nación, uno de sus principales acreedores.

Alberto Fernández durante el anuncio de la intervención y expropiación.

Explicó que la facturación de la compañía -ocupa el sexto lugar entre los agroexportadores- creció desde u$s3.535 millones en 2017 hasta 4.256 millones en 2019, el 71,9 % originada en el aceite y los subproductos de la soja.

En el detallado trabajo, expresó respecto de los estados contables que: "Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin".

Explicó al respecto que "en relación a los montos de facturación de los años 2017 y 2018, los mismos ascendieron a la sumas de 61.000 y 118.000 millones de pesos, respectivamente, es decir aumentaron un 93% de un año a otro".

"Respecto de los pasivos financieros, según se indica en el informe representa un 20% del total de la facturación, con lo cual todo indica que la situación de liquidez y endeudamiento era razonable y controlada", sostuvo.

Advirtió que, "según la indicación de los balances 2018 y anteriores, la empresa venía atravesando una situación de expansión más que de crisis o endeudamiento".

"La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que denominan estrés financiero", explicó.

Para el Gobierno, la posibilidad de una quiebra o de dilación de procesos judiciales haría que el volumen agroexportador de Vicentin -9 por ciento del total de oferta exportable- "pase a manos de sus competidores y consecuentemente el mercado se concentre aún más en los mismos actores transnacionales".

"Si la crisis de Vicentin se convierte en su caída definitiva tendrá resultados negativos sobre la actividad económica nacional, en primer lugar se verificará una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria", alertó.

Además, señaló que también impactará en empresas afectadas, cooperativas agrícolas y sus asociaciones, acopiadores, productores agropecuarios de la zona de influencia y podría generar un efecto dominó.

"Tampoco puede soslayarse la exposición del Banco de la Nación Argentina en esta situación", consideró el Gobierno en el estudio realizado sobre la firma.