El Gobierno resolvió extender por tres meses más la vigencia de la prohibición de los despidos, hasta fin de abril, y prorrogó por todo el año la doble indemnización, aunque en este último caso con un tope para el recargo.

Ambas medidas fueron las principales resoluciones que surgieron de la reunión del Gabinete Económico que a diferencia de lo ocurrido con las prórrogas anteriores esta vez puso un tope a la doble indemnización, que sin embargo no terminó de ser bien digerido por el sector empresario.

La veda para producir cesantías o suspensiones sin causa rige en la Argentina desde poco después de la declaración de la cuarentena y el aislamiento obligatorio (ASPO), y se prorrogó en iguales términos a lo largo del año.

Para el Gobierno fue una herramienta eficaz para frenar una oleada de despidos en actividades particularmente afectadas por el parate obligado de la cuarentena, y también en aquellos sectores que, sin haber sufrido en ese nivel, podrían haber visto una oportunidad para renovar sus plantillas de personal.

Mientras que la doble indemnización fue implantada antes, a poco de la asunción de Alberto Fernández y como coletazo de la sanción de la ley de Emergencia Económica que le otorgó a la administración del Frente de Todos resortes de política económica excepcionales. En este caso, y a diferencia de las prórrogas que mantuvieron la medida sin cambio, en el Ejecutivo se resolvió estirarla hasta fin de este año con un valor tope de $500.000 para el recargo.

El borrador de decreto de necesidad y urgencia (DNU) a la firma del Presidente establece que si un trabajador, a partir de los años de desempeño y rango ocupado, hubiera tenido que recibir al ser cesanteado una indemnización total de 400 mil pesos antes de la vigencia de este instrumento, a la hora de su desvinculación el costo final para el empleador deberá ser de 800 mil pesos.

Pero para un trabajador que hubiese percibido en circunstancias normales una indemnización de 600 mil pesos, no operará por completo la duplicación y su monto final, en caso de ser despedido, será de 1,1 millón de pesos (su monto original de $ 600 mil y el recargo de $500 mil).

La previa a la reunión del Gabinete económico estuvo cruzada por un intenso circuito de dirigentes empresarios y sindicales por los despachos oficiales para incidir en contra y a favor del sostén de ambas medidas, respectivamente. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le había adelantado a C5N el miércoles que el Gobierno tomaría las decisiones necesarias orientadas a proteger el empleo, y que si bien había reactivación en varios rubros de la economía se hacía necesario extender algunos instrumentos legales.

¿Ùltima prórroga?

Cuando el Presidente firmó la última extensión del DNU antidespidos, el 16 de noviembre, en el Gobierno dejaron trascender que no habría otras. Sin embargo, ahora habrá una nueva extensión.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, había adelantado esta mañana que el Ministerio de Trabajo estaba analizando "cuáles son las herramientas más adecuadas" que permitan proteger las fuentes de trabajo, en un contexto de reactivación.

Siguiendo esa línea, Cafiero confirmó que desde la cartera que conduce Claudio Moroni llevan adelante tratativas con distintos sectores, entre los que se encuentran representantes sindicales y empresariales, con el fin de encontrar un camino adecuado para continuar con el cuidado del empleo.

Los empresarios señalan que si continúan las normas laborales de emergencia muchas firmas deberán bajar las persianas

Sin embargo, los empresarios pedían el fin de ambos decretos y volver a lo establecido en el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo y del Procedimiento Preventivo de Crisis.

Si bien Cafiero afirmó que se observan números firmes de reactivación económica en distintos sectores, las medidas de promoción del empleo continuarán. "Estamos viendo cierta recuperación", dijo, pero "para nada el Estado se va a retirar" de las políticas de protección laboral aplicadas durante la pandemia.

Posibles salidas

Para el abogado laboralista Julián de Diego, "cuanto más prolongadas en el tiempo sean las prohibiciones de suspensiones o despidos, por más tiempo se paralizará la actividad económica y atentará contra la subsistencia de las fuentes de trabajo por efecto de la inanición. Está demostrado que la movilidad social ascendente se activa con la operatoria libre y desregulada del mercado abierto".

Según el especialista, las variables a considerar son las siguientes:

- Para la duplicación de la indemnización por despido y la rebaja del porcentaje y los períodos de reducción hasta llegar al valor normal serían una solución plausible, por ejemplo con recargos de 75% en lugar del 100% en la primera etapa, una segunda con el 50% y finalmente "cero".

- Para de la prohibición de suspensiones y despidos sus alcances y su flexibilización, se podría pensar en dos etapas hasta la normalización, admitiéndolas por ejemplo con el pago del 60% del salario bruto como prestación no remunerativa en las suspensiones por causas económicas y por fuerza mayor, luego del 50% y finalmente "cero" como lo establece la LCT, y para los despidos sin causa, permitir los mismos hasta un máximo por ejemplo del 10% de la población total de la empresa, otra etapa con el límite del 20% y una tercera que se regrese a la normalidad, o la aplicación del Procedimiento Preventivo de Crisis de la Ley de Empleo;

- Una tercera variable que tenga en cuenta el tamaño de las empresas, como lo hace la Ley de Empleo con menos de 400 trabajadores, con más de 400 y menos de 1000 o con más de 1000 trabajadores.

Cómo impactó la pandemia en el empleo y en los salarios

Al tercer trimestre del 2020 se observó una caída del 22,3% en las horas trabajadas respecto al mismo período de 2019

Los puestos de trabajo sufrieron una caída interanual del 9,2% en el tercer trimestre del 2020, por el impacto de la crisis sanitaria, informó este miércoles el INDEC.

Los empleos registrados descendieron 3,3%, los de trabajadores informales o en negro cayeron 18,8% y los monotributistas e independientes descendieron 12,2%.

El trabajo asalariado explicó el 47,1% del total de las remuneraciones y mostró un incremento de 1,9 puntos respecto del 45,25% del tercer trimestre de 2019. Pero el indicador cayó 3,6% respecto del segundo trimestre del 2020, de acuerdo con los datos oficiales.

El denominado "excedente bruto de explotación", que registra el movimiento de las ganancias empresariales, creció 2,7%, al pasar del 44% al 46,7%, entre el tercer trimestre del año anterior e igual período del 2019.

En la misma comparación los puestos de trabajo totales descendieron de 20,7 a 18,4 millones, y los registrados se contrajeron de 15,4 a 14,2 millones.

El empleo de trabajadores informales o en negro bajó de 4,8 a 3,9 millones, mientras que en el sector no asalariado, donde se desempeñan monotributistas, cuentapropistas y trabajadores independientes, descendió de 5,2 a 4,6 millones de puestos.

Las horas efectivamente trabajadas anualizadas, durante el tercer trimestre de 2020, alcanzaron las 25.875 millones, y de ese total 19.282 millones corresponden a asalariados y 6.593 millones a no asalariados.

Dentro de los asalariados, los trabajadores registrados tuvieron 14.227 millones de horas ocupadas y los no registrados, 5.055 millones.

En el tercer trimestre del año anterior se observó una caída del 22,3% en las horas trabajadas respecto del mismo trimestre de 2019, con una baja del 22,6% en las de los asalariados y del 21,4% en las de los no asalariados.