El Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de Concepción del Uruguay amplió el procesamiento de un hombre acusado de evasión tributaria por intermediación financiera no autorizada.

RJA estaba ya procesado por ser parte de una organización que facilitaba la evasión de impuestos a través de una financiera, y se amplió con un embargo sobre sus bienes por un millón de pesos. En la causa interviene la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, a cargo de Josefina Minatta.

La maniobra

RJA estaba imputado por haber liderado una organización delictiva que facilitaba la evasión de impuestos, como también de dar apariencia lícita a los bienes que adquiría con lo producido por sus propias maniobras espurias. Los contribuyentes que solicitaban sus servicios  se beneficiaban con crédito fiscal ilegítimo, excluyéndolos de carga impositiva, lo que les permitía no abonar impuestos determinados por ley. Al mes de septiembre de 2018, el monto en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) con el que se habría perjudicado al erario público superaba los 210 millones de pesos.

Lo acusan de liderar una organización delictiva que facilitaba la evasión de impuestos

El soporte intelectual y técnico de la organización era brindado por un contador que posibilitaba la creación de  sociedades "pantalla", mediante la inscripción de personas insolventes o de escasos recursos en diferentes organismos.

También facilitaba a los contribuyentes "socios aparentes" para la inscripción de sociedades y así eludir cuestiones de responsabilidad fiscal. El imputado se encargaba también del ofrecimiento de los servicios y la logística destinada a la realización de las facturas apócrifas, que eran negociadas en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires, principalmente en la localidad de Bahía Blanca.

Pero además, dentro de la organización, RJA se encargaba del cambio de los cheques recibidos en parte de pago por la venta de las facturas espurias, divisas y préstamos en efectivo a través de una financiera de su propiedad, ubicada en la ciudad entrerriana de Concordia. Mediante estas actividades que desplegaba con habitualidad, que constituirían una intermediación financiera no autorizada, se diluía la ruta del dinero obtenido. Así habría adquirido un departamento en Punta del Este y otro en Monte Caseros, provincia de Corrientes, llegando a invertir cuarenta millones de pesos en un año. También habría adquirido vehículos que se encontraban a nombre de otras personas.

Para los jueces quedó acreditado que RJA brindaba crédito sin autorización por parte del Banco Central de la República Argentina. En su declaración indagatoria sostuvo que su financiera está inscripta, y en un planteo de nulidad efectuado por su defensa, adujo que los préstamos eran otorgados con  fondos propios. Sin embargo, no pudo verificarse que tuviera semejante capacidad económica ni dinero en efectivo declarado ante la AFIP que justificara que los innumerables préstamos otorgados en efectivo hubieran sido afrontados con fondos propios.

El proceso tuvo su inicio en una denuncia de estado de sospecha efectuada por la AFIP

La causa

El proceso judicial tuvo su inicio en una denuncia de estado de sospecha efectuada por la AFIP Dirección Regional Paraná el 16 de marzo de 2018. A través de la comunicación, el organismo hizo saber que se encontraba realizando una investigación por la posible comisión de delitos de evasión y/o asociación ilícita fiscal, por lo que solicitó la producción de medidas previas para profundizar la pesquisa.

Ante el crecimiento de facturación apócrifa, se tomaron medidas para determinar quienes emitían este tipo de recibos y evitar que así continuase el fraude al Fisco. Por este motivo, se tomó como premisa investigar a aquellos sujetos que a partir de su inscripción en el IVA registran alto nivel de facturación, lo que permitió detectar un importante número de personas físicas, todas con domicilio fiscal en la ciudad de Concordia, con niveles de facturación muy altos y con usuarios de facturas comunes a todos ellos.

Luego de que la AFIP solicitase órdenes de allanamiento junto con medidas cautelares, el 13 de marzo de 2019 se realizaron los procedimientos con personal de la Prefectura Naval Argentina y se tomó declaración indagatoria a los principales acusados, entre los que se encontraba RJA. Practicadas las medidas judiciales de rigor, se dispuso su alojamiento en la Unidad Penal Nº 3 de la ciudad de Concordia.

La querella denunció el delito de asociación ilícita por parte de los cuatro imputados, y de intermediación financiera respecto a RJA y otro imputado de iniciales EP, por lo que solicitó la ampliación del procesamiento en base a las pruebas recolectadas en los allanamientos y a conversaciones registradas durante las escuchas. En efecto, en el domicilio de EP se secuestraron talonarios de recibos, una carpeta con facturas electrónicas "A" por importantes sumas y comprobantes de CUIT, pero luego fue sobreseído por falta de mérito.