El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación por presunto "enriquecimiento ilícito" contra el ex presidente Mauricio Macri, por la supuesta "omisión maliciosa" de parte de su patrimonio relacionado con la empresa Agropecuaria del Guayquiraró SA.

Se trata de la denuncia que formuló una semana atrás la Oficina Anticorrupción (OA), a raíz de un trabajo elaborado por la Inspección General de Justicia (IGJ).

El fiscal reclamó, precisamente, al titular de la IGJ, Ricardo Nissen, copias digitales de las constancias de sucesivas asambleas generales de la empresa agropecuaria para verificar en esos documentos los supuestos movimientos ilegales del ex presidente.

Asimismo, reclamó a la OA, a cargo de Félix Crous, "la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente a los años 2015 y 2016, oportunamente presentada por el Sr. Mauricio Macri".

Las medidas fueron pedidas en el contexto de la causa que está a cargo de la jueza María Servini y cuya investigación tiene delegada el fiscal González.

La causa gira en torno a supuestos movimientos accionarios para la presunta simulación de sociedades cuyo único dueño, según la denuncia, era Macri. Los movimientos bajo investigación representan una suma superior a los 54 millones de pesos. 

Esas supuestas maniobras ocurrieron, siempre de acuerdo a la presentación de la OA, mientras al patrimonio de Macri estaba a resguardo en un fideicomiso ciego, durante su gestión como jefe del Estado.

Las maniobras denunciadas ocurrieron mientras Macri estaba como Presidente

Movimientos accionarios

Según surge de la denuncia, Macri mintió cuando declaró poseer el 14 por ciento de las acciones de Agro G, cuando en realidad tenía el 20 por ciento, y omitió además haber adquirido la titularidad de más de 5 millones de acciones preferidas de la firma, hecho que quedó en evidencia cuando, sin haber declarado previamente su titularidad, las transfirió al fideicomiso ciego.

"Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos", se indicó en la denuncia.

Las maniobras "consistieron en omitir deliberadamente la comunicación a la IGJ del aumento de capital social resuelto el 02/09/13, y de asentar en los libros de acciones la titularidad de las 5.064.938 acciones preferidas, se conjugan con la conducta concretada por el propio Mauricio Macri, consistente en omitir maliciosamente la declaración de su real tenencia accionaria en dicha sociedad en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015, presentada ante esta Oficina Anticorrupción", se relató.

Macri se alzó -según surge del texto de la denuncia- con la suma de 54.286.824 pesos "resultando el único socio de Agro G S.A. que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación, que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos".

"No puede soslayarse que los $54.286.824 fueron transferidos en concepto de dividendos por la firma Latin Bio S.A., cuyos accionistas mayoritarios son Agro G S.A., titular del 29,75% del capital social, y Juliana Awada, cónyuge de Mauricio Macri, quien resulta titular del 20,25% de dicho capital", según se indicó en la denuncia.

Le imputan a Mauricio Macri la transferencia de al menos $5.064.938 provenientes de un ilícito penal

Presunto lavado de activos

Además, se informó que, entre quienes conformaron el directorio de Latin Bio S.A, se encuentran el exsecretario de Legal y Técnica de la presidencia de Macri, Pablo Clusellas; y Alejandro Jaime Braun Peña y Luz Braun Peña, primos segundos del exJefe de Gabinete Marcos Peña, según se denunció.

De la lectura completa de la denuncia, que cayó en manos de la jueza María Servini, se desprende que Macri se habría transferido a sí mismo más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2020, "lo que constituye otra clara maniobra de lavado de activos nacida de la compra con dinero espurio de las acciones preferidas de Agro G S.A".