La ley ómnibus tiene un capítulo que modifica la Ley de Sociedades para intentar resolver un problema grave del socio minoritario con hasta el 49% de las acciones, estableciendo el derecho a retirarse sin causa y sin plazo, y pedir que se le pague su participación en cualquier momento.

El motivo de esta incorporación en la Ley de Sociedades responde a que, cuando cambian las condiciones, por falta de resultados o administración abusiva, por ejemplo, el costo de salida es tan alto que atenta contra la inversión.

Los tribunales están plagados de pleitos que son ineficaces porque, si bien la Ley regula el derecho del socio minoritario a llevarse su parte cuando le cambian las condiciones, lo cierto es que el socio mayoritario lo tiene preso del plazo pactado y lo termina obligando a vender su participación a un precio muy bajo.

Sin embargo, la salida intempestiva de socios con hasta el 49% de la sociedad, tal como se plantea en el proyecto de ley ómnibus, destruiría desde dentro un gran número de empresas, según plantea Leopoldo Burghini, asesor en estructuración jurídica de los negocios.

Qué dice la ley ómnibus sobre el derecho de socios a dejar la empresa sin causa

El proyecto de ley ómnibus en tratamiento ante el Congreso de la Nación incluye dentro de las reformas propuestas modificaciones a la Ley General de Sociedades, incorporando un derecho de receso sin causa, indica Burghini.

Esto consiste en que cualquier socio minoritario, es decir, tenedor de participaciones que pueden llegar incluso hasta el 49% del capital social y votos, pueda ejercer el derecho de retirarse de la sociedad, sin importar el plazo de duración por el cual se haya constituido la sociedad y por el cual se haya obligado a participar de ella, explica.

El diputado Menem negocia la ley ómnibus y un cambio en la Ley de Sociedades

El artículo establece que el derecho a retirarse de la sociedad se podrá ejercer, notificando a la sociedad dentro de los 90 días de la realización de la Asamblea Ordinaria que tenga por finalidad aprobar los estados contables, o de la última fecha para su realización si no fueran puestos a consideración de los socios, considera.

El valor de las acciones correspondientes al o los socios que ejerzan el derecho de retirarse y que deberá pagar la sociedad, se calculará según el último balance aprobado, pero la norma autoriza a solicitar la revisión de los valores contables, y en su caso, peticionar una tasación judicial, señala.

Para esto, se designará un tasador que determinará el precio a pagar, según el estado de los negocios sociales al momento del ejercicio del derecho de receso, actualizado al momento del efectivo pago, precisa.

Por qué puede este derecho puede terminar con la empresa

El ejercicio de este derecho a retirarse de la sociedad puede ejercerse todos los años, pues los balances se deben considerar al cierre de cada ejercicio económico, y es susceptible de arrastrar a cualquier sociedad a su disolución. Ninguna sociedad está preparada para enfrentar la salida de una porción importante de su patrimonio, advierte Burghini.

El proyecto dispone que "si la cantidad de acciones a pagar hiciera inviable la continuidad de la sociedad, a criterio del Directorio o a pedido de socios que representen el 5% del capital social, se convocará, dentro de los 40 días de la notificación del ejercido el derecho de receso, a una Asamblea Extraordinaria para que trate la disolución de la sociedad", asegura.

Así las cosas, esta incorporación a la Ley General de Sociedades es susceptible de arrastrar a la disolución a miles de empresas estructuradas bajo la forma de sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas o sociedades por acciones simplificadas, manifiesta.

Socios con hasta el 49% del capital podrán ejercer el derecho de receso sin causa en cualquier momento

Por este motivo, su aprobación no es recomendable en un país que se encuentra en una grave crisis, según se consigna en los fundamentos tanto del DNU 70/2023 como del proyecto de ley ómnibus, opina.

Cuál es la problemática del socio minoritario

Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario reconocer que la salida de una sociedad cerrada por parte de un socio es una situación problemática que debe ser abordada, reconoce Burghini.

En la actualidad, cuando un socio minoritario advierte que la inversión no rinde los frutos esperados, porque la inversión no prospera o porque los dividendos no son distribuidos, o que los socios mayoritarios controlan la inversión y la administran de manera abusiva, poco profesional y no transparente, carece de los medios legales efectivos para retirarse y recuperar el capital invertido, remarca.

Esto es así porque el régimen de impugnación del acto asambleario que estableció la Ley 19.550 en el año 1972 y fue reformado en el año 1983 es un instrumento ineficaz para solucionar la problemática del abuso, subraya.

El socio disconforme puede lograr triunfo tras triunfo en acciones de impugnación asamblearias, luego de peregrinar años en los tribunales, pero ello no lo habilita a retirarse de la sociedad, porque el resultado de dichas acciones siempre es volver las cosas al estado anterior, alerta.

Esto quiere decir que el socio siempre vuelve al lugar en que se encontraba, en minoría y frente a una mayoría abusiva, que podrá desgastarlo hasta adquirir su participación por un valor inferior al real, relata.

Aunque recorra tribunales con impugnaciones, el socio minoritario siempre está preso del paso pactado

Esta situación desalienta claramente el ingreso a sociedades en la Argentina, porque para que una inversión de capital de riesgo sea atractiva no sólo importa el retorno financiero, sino los costos que debe soportar el inversor para hacerse de ese retorno, es decir, el costo de salida, enfatiza.

Por qué no es conveniente la solución de la ley ómnibus

La solución no está en permitir a cualquier socio ejercer el derecho a retirarse de la sociedad en cualquier tiempo, desconociendo de ese modo el plazo por el cual se incorporó a la sociedad y destruyendo la empresa como fuente de producción de riqueza.

Por el contrario, se debería modificar el régimen impugnatorio, estableciendo el pacto comisorio a favor del socio cumplidor, es decir, otorgándole el derecho a retirarse de la sociedad cuando la sociedad viole el régimen legal. De ese modo, se incentiva el cumplimiento de la ley, por parte de todos, mayorías y minorías.

Por otra parte, la norma aparece contradictoria con las reformas que se proponen en el plano laboral. En efecto, mientras que por una parte se busca evitar que un pleito laboral destruya a una pyme desde afuera, por otra parte, se facilita que la sociedad sea arrastrada a su disolución en el plano interno para favorecer la salida de un socio.

En conclusión, la incorporación de este art. 55 Bis a la Ley General de Sociedades es un caballo de Troya, parece una solución a la problemática del retiro del socio, promoviendo el ingreso a las sociedades al reducir el costo de salida, pero constituiría el medio para la disolución de miles de sociedades, que generan riqueza, remata.