Javier Milei intenta sumar a Kicillof y a Jorge Macri al "Plan Colchón": qué le reclama la oposición

El gobierno de Javier Milei desnuda creciente impaciencia y falta de respuestas sobre el "Plan Colchón". El director ejecutivo del ARCA (ex AFIP), Juan Pazo, recibió a su contraparte bonaerense, Cristian Girard, y al ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, para convencerlos de adherir al convenio con todas las provincias para el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, pero por ahora no tuvo respuestas positivas.

El titular del ARBA bonaerense le reclamó "precisiones" y mayor "seguridad jurídica" que Pazo no le pudo dar y prometió respuestas en pocos días. El ministro porteño le dijo que "primero queremos analizar los detalles de la propuesta".

"Fue una reunión cordial e informativa de 45 minutos, pero precisiones hubo muy pocas", dijo a iProfesional un allegado al director de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). Tanto Gibard como Arengo luego informaron los detalles del encuentro al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Por ahora, la incertidumbre domina en ambos distritos.

Cristian Girard le dijo a Pazo que solo "hay un anuncio de un régimen simplificado de ganancias para un blanqueo sin ley" que deja expuestos a contribuyentes. En rigor, el Gobierno anunció que instrumentará un plan de exteriorización de dólares no declarados, sin preguntar el origen de los fondos, sin informar al ARCA los consumos y los aumentos patrimoniales debajo del umbral de información por parte de bancos o billeteras virtuales a la ex AFIP. Este umbral obligatorio de informar aumentaría de 2 a 50 millones para personas y a 30 millones para empresas.

En paralelo anunció que enviará una ley de Régimen Simplificado de Ganancias mediante el cual el contribuyente solo pagará el impuesto a las ganancias por el importe que facture por su actividad, restados los gastos deducibles, y no pagará ganancias por el monto que exteriorice sin declarar, aunque sí pagará Bienes Personales.

"Hasta ahora, este anuncio es muy impreciso y falta mucha seguridad jurídica, porque si no hay un perdón explícito por el dinero blanqueado, o sea una ley de blanqueo, la AFIP o el ARCA tienen obligación de computar ese monto como un incremento patrimonial no justificado y tiene sanciones y multas muy severas", señalaron a iProfesional fuentes del personal superior del ARCA.

Javier Milei quiere que todas las provincias adhieran a su "Plan Colchón"

Sin embargo, Milei quiere que todas las provincias adhieran a la nueva Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que puede dar lugar al ingreso de dinero sucio o poco claro, ya sea del narcotráfico o del delito.

Además, como no tiene fecha de caducidad, podría ingresar indefinidamente dinero sin declarar e incentivar a los contribuyentes a reducir la facturación de ciertas actividades. Así caería la recaudación en los impuestos de IVA y Ganancias, con la consiguiente caída de la coparticipación federal, que impacta directamente en las arcas provinciales.

En caso de que las provincias no adhieran, la Nación las amenazó con cortarles la información sobre la facturación, los consumos y los incrementos patrimoniales por encima de los umbrales establecidos en meras resoluciones.

Con el "Plan Colchón", Milei está urgido por acumular dólares a las reservas del Banco Central y reactivar la economía estancada. Pero muchas provincias se preocupan porque un blanqueo sin ley que fije un "perdón explícito" al pago de impuestos y multas podría, por un lado, exponer a los contribuyentes a sufrir sanciones severas por el eventual delito de "incrementos patrimoniales no justificados" que persigue la Ley Penal Tributaria con multas muy altas.

"Cualquier inspección te podría obligar a pagar por supuesto incremento no declarado y exteriorizado, a menos que una ley de blanqueo te exima de impuestos", señalan los altos funcionarios técnicos de la AFIP a iProfesional.

Por otro lado, podría exponer a las provincias a una baja en la coparticipación federal por una eventual caída en la recaudación en IVA e impuesto a las ganancias. "Resulta que somos los comunistas que pedimos seguridad jurídica", dijo este jueves Cristian Girard antes de ver a Pazo.

"No hay nada a lo que adherir, lo único que anunciaron fue la creación un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo sin ley", argumentó el jefe de ARBA. Luego visitó a Pazo en su oficina de Plaza de Mayo.

En estos días, Pazo estuvo con varios gobernadores, algunos por vía virtual, para explicarles la medida. En líneas generales, no hubo objeciones al programa, sino muchas preguntas que el titular de ARCA no pudo despejar y los gobernadores se comprometieron a analizar.

Inseguridad jurídica por falta de una ley de blanqueo

Tal como informamos en iProfesional el martes último, el gobierno de Kicillof asegura que los anuncios no contienen una ley de blanqueo, por lo cual sin esa ley los montos exteriorizados podrían sufrir una grabación de ganancias, IVA, bienes personales y multas por un incremento patrimonial no justificado tal como hoy dice la ley.

Quedaron en seguir hablando, Pazo le enviará un proyecto de convenio para que firmen. "Hubo una reunión cordial e informativa, pero precisiones muy pocas", dicen en ARBA.

En caso de no existir una ley de blanqueo, cualquier incremento patrimonial no justificado en una declaración jurada dispara una inspección por ley en el ARCA. Ese delito merece multas y sanciones por un monto del 10% superior en virtud de una renta consumida presunta.

En una exteriorización de 100 millones de pesos adicionales (50 millones en dos meses sucesivos) las multas e impuestos se estiman sobre la base imponible de 110 millones.

El ARCA le cobraría un 35% de ganancias, que equivaldría a 38 millones de pesos, 21% de IVA, unos 23 millones, 0,5% de bienes personales, 550 mil pesos, más una multa equivalente a dos a diez veces el impuesto total.

El impuesto sumaría unos 62 millones de pesos, con lo cual la multa podría ser de 124 millones de pesos, pero si el contribuyente la admite sin protestar se divide por tres, con lo cual quedaría en 41 millones de pesos. En suma, el monto total a pagar por sanciones sería de 103 millones de pesos, o sea 3 millones más que el dinero exteriorizado.

"Todo esto genera mucha inseguridad jurídica y todavía faltan muchos detalles para conocerse de los anuncios", dijo a iProfesional el abogado tributarista y profesor de la Universidad Austral, Diego Fraga, en sintonía con los técnicos de la AFIP y algunos gobernadores.

Además de ello, el ARCA queda impedido de pedir información a los bancos sobre los montos que exterioricen los deudores de alimentos, alquileres o empresas o bancos y no se los podría ejecutar por vía judicial. "Convierten al ARCA en un elefante bobo", señalan funcionarios del ARCA a iProfesional en estricta reserva.

En caso de eliminar todos esos impuestos de la exteriorización, hay otro problema: si no se cobran impuestos, mucha gente podria verse incentivada a dejar de facturar e ingresar el dinero sin declarar y tener el perdón, con lo cual bajaría la recaudación de IVA y ganancias y con ello la coparticipación de las provincias.

Allegados a Girar informaron que Pazo le presentó los lineamientos generales del plan anunciado recientemente y explicó qué se espera de las provincias. "Desde la Provincia se destacó que ya se viene trabajando en una agenda de simplificación tributaria, entendida como un objetivo necesario, pero se remarcó la importancia de contar con mayor precisión normativa, ya que aún no se conocen los detalles del régimen", confirmaron en ARBA.

"En particular, se subrayó la necesidad de que cualquier esquema de blanqueo cuente con el respaldo de una ley aprobada por el Congreso Nacional, a fin de garantizar la seguridad jurídica, especialmente en lo referido a la utilización de dólares no declarados", confirmaron. En resumidas cuentas, no hubo un acuerdo.

El ARCA propuso firmar una adenda al convenio de colaboración vigente con ARBA y se comprometió a enviar en los próximos días la documentación correspondiente para su análisis por parte del equipo técnico de la provincia de Buenos Aires. También participo el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en la reunión.

En las horas previas, Girard dijo irónicamente: "Ellos se presentan como los defensores de los argentinos de bien, y resulta que nosotros somos los comunistas -como sinónimo de soviéticos- que pedimos seguridad jurídica".

Y agregó: "Se apuraron. No sé cuál es la urgencia que tienen. O el ministro (Luis Caputo) no contaba con toda la información, o el presidente (Javier Milei) creyó que con su palabra alcanzaba. Pero no se modificó el régimen penal tributario, ni el Código Fiscal, ni las normativas vinculadas a la prevención del lavado de activos".

En ese sentido, recordó que "si alguien utiliza fondos no declarados para adquirir un bien, el Estado cuenta con cinco años para exigir el pago de los impuestos omitidos. Les guste o no, eso está establecido por ley".

En tanto, el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, dijo al salir de su encuentro con Pazo que "desde la Ciudad tenemos una actitud propositiva y que vamos a acompañar todas aquellas acciones que incentiven y promuevan el crecimiento de la actividad económica, así como también eliminar burocracia". Sin embargo, aclaró que "en este caso, en particular, queremos primero analizar los detalles de la propuesta".

De ese modo, acordaron conformar una mesa de trabajo a través de la cual analizar la implementación de estas medidas, además de "otros temas pendientes entre la Ciudad y ARCA, y que beneficiarán a los porteños". El ministro de Hacienda porteño concurrió con Germán Krivocapich, titular de la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos).