Ruta del dinero K: se entregó Fabián Rossi, apoderado de La Rosadita y exmarido de la actriz Ileana Calabró
Fabián Rossi, el ex marido de la vedette Iliana Calabró, se entregó esta mañana en los Tribunales federales de Retiro para comenzar a cumplir su condena de 4 años y seis meses de prisión por lavado de dinero. Rossi fue el primero de los seis condenados citados para esta jornada en ingresar al Tribunal Oral Federal 4, en el sexto piso de Comodoro Py 2002.
El área amaneció con custodia policial y restricciones de circulación a la espera de los convocados por el juez del Tribunal, Néstor Costabel, luego que la Corte Suprema de Justicia dejó firmes todas las condenas.
Justicia por "la Rosadita": cae Rossi y la Corte cierra el camino a las apelaciones
Rossi era apoderado de SGI, conocida como "la Rosadita", la financiera de Puerto Madero donde fue filmado el hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, contando miles de dólares.
Los restantes citados por el Tribunal son el expresidente de "Austral Construcciones", Julio Mendoza, el exempleado bancario que participó en operaciones de lavado Juan De Rasis, un exempleado de SGI César Fernández, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro, de 79 años.
Rossi presentó informes médicos sobre diversas patologías que sufriría por lo cual su defensa podría intentar obtener un arresto domiciliario que no podrá basarse en la edad porque tiene 60 años. Otros condenados mayores de 70 también podrían intentar obtener ese beneficio.
La Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja directa que presentaron todas las defensas contra las condenas resueltas en el juicio oral, entre ellas la de Lázaro Báez a diez años de cárcel. Báez está con arresto domiciliario en otra causa penal y el Tribunal dispuso determinar cuánto le falta cumplir de condena.
La Corte Suprema confirmó la condena a 12 años de prisión para Lázaro Báez
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el jueves pasado la condena a 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, que investigó una compleja maniobra de lavado de activos con fondos de origen ilícito.
La resolución fue adoptada por mayoría, con los votos favorables de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y dos conjueces. En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz propuso remitir el expediente a la Procuración General de la Nación.
Según el fallo, Báez y otros acusados integraron una red jurídica, societaria y financiera tanto en Argentina como en el exterior, destinada a canalizar, ocultar y reintroducir al circuito legal grandes sumas de dinero provenientes de delitos previos. Para ello, se emplearon sociedades pantalla, mecanismos financieros sofisticados y operaciones internacionales.
Las maniobras incluyeron la transferencia de fondos al extranjero mediante transacciones bancarias a través de cuentas abiertas principalmente en Suiza, utilizando sistemas de "cable" o "compensación". Este método consistía en el uso de intermediarios financieros con cuentas en bancos internacionales, que facilitaban la salida y el retorno de divisas al margen de los controles fiscales y regulatorios.
Los fondos así expatriados regresaban a la Argentina a través de cuentas de personas jurídicas vinculadas a la estructura, lo que permitía a los involucrados disfrazar el origen del dinero y volver a insertarlo en el circuito económico legal.
La Corte también avaló los fundamentos de las instancias anteriores que señalaron que Lázaro Báez fue el nexo central de este esquema de lavado. En el fallo se destaca que su patrimonio creció un 12.127 % entre los años 2004 y 2015, período en el que habría operado este entramado financiero.
¿Qué es la Ruta del Dinero K?
La causa conocida como Ruta del Dinero K se inició en 2013 a partir de una investigación periodística que expuso una posible red de lavado de dinero vinculada a empresarios cercanos al poder político de entonces.
El caso cobró notoriedad cuando el financista Leonardo Fariña, en declaraciones mediáticas y luego judiciales, detalló maniobras de fuga de capitales y blanqueo de fondos supuestamente obtenidos de forma ilegal a través de contratos de obra pública otorgados al grupo empresarial Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez.
La investigación judicial, impulsada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, logró reconstruir un esquema financiero que incluía la creación de sociedades offshore, el uso de paraísos fiscales, movimientos bancarios en Suiza y Panamá, y operaciones inmobiliarias en la Argentina.
En 2021, el Tribunal Oral Federal N.º 4 condenó a Báez a 12 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, al considerar probado que, entre 2010 y 2013, se movieron ilegalmente más de 55 millones de dólares. La condena también alcanzó a sus hijos, colaboradores y al propio Fariña, quien recibió una pena reducida tras acogerse a la figura del arrepentido.