De Vido vuelve a la cárcel: la Corte dejó firme la condena por la tragedia de Once y pidieron su detención
Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la condena por la Tragedia de Once, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 4 ordenó la inmediata detención del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta vinculada al accidente ferroviario ocurrido en 2012.
La resolución, firmada por el juez Ricardo Basílico, dispone que el exfuncionario kirchnerista se presente este jueves a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 para hacer efectiva su detención, aunque aún no se definieron las condiciones del cumplimiento de la pena.
De Vido, que ya había sido condenado en otras causas por corrupción, podría solicitar prisión domiciliaria debido a que tiene más de 75 años, un beneficio previsto en la ley para personas mayores.
La decisión del máximo tribunal
El fallo de la Corte Suprema pone fin a las instancias de apelación y ratifica la responsabilidad del exministro en el manejo irregular de los fondos públicos destinados al sistema ferroviario, lo que —según la sentencia— contribuyó al deterioro que derivó en la tragedia de Once, donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.
Este martes, la Corte Suprema de Justicia rechazó los últimos recursos presentados en la causa por la tragedia ferroviaria de Once y dejó firme la sentencia contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien recibió cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
En la reunión de acuerdo de este martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisibles los planteos de la defensa del exfuncionario —que buscaba la absolución— y también los de la Fiscalía, que pretendía una pena mayor.
Al quedar sin efecto los pedidos de revisión, la condena quedó en condiciones de ser cumplida.
Un caso que marcó a la Justicia argentina
La tragedia ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren del Sarmiento impactó contra los paragolpes de la estación de Once, provocando 52 muertes y 789 heridos. El episodio derivó en uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a la gestión del transporte público.
El fallo que alcanzó a De Vido determinó que, desde su rol en el Ministerio de Planificación, no controló el destino de los fondos públicos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Fue absuelto del delito de estrago culposo, relacionado con las víctimas fatales.
Lo que pasó con los otros responsables y el largo recorrido judicial
El juicio que condenó al exministro fue el segundo proceso por la tragedia. El primero, en 2015, terminó con penas para el maquinista del tren, los empresarios dueños de TBA y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
En las últimas semanas, la defensa de De Vido intentó frenar la ejecución de la sentencia argumentando que el plazo para que quedara firme ya había vencido. Ese planteo fue rechazado por el Tribunal Oral Federal 4, luego por la Cámara de Casación y finalmente por la Corte, que este martes cerró la discusión.
La confirmación del máximo tribunal deja al exministro a un paso de cumplir la pena impuesta en 2018.
Julio de Vido y Roberto Baratta, a prisión por fraude al Estado en la compra de gas licuado
El Tribunal Oral Federal N.º 7 también había condenado a finales de septiembre al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a cuatro años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La causa investigó la compra de Gas Natural Licuado (GNL) realizada en 2008 y 2009, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La sentencia, dictada por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, alcanzó también a Roberto Baratta, ex mano derecha de De Vido, quien recibió tres años y seis meses de prisión. Ambos fueron considerados responsables de un perjuicio millonario al Estado por el pago de más de 5,5 millones de dólares en comisiones a intermediarios.
En el mismo fallo, Nicolás Dromi, hijo del exministro Roberto Dromi y director de Diligentia S.A., fue condenado a tres años de prisión en suspenso como partícipe necesario de la maniobra. Su empresa, junto a Dysan SA, habría intervenido como intermediaria en la adquisición de once cargamentos de GNL, sin aportar experiencia técnica ni justificación para su participación.