VIDEO | Escándalo en Pinamar: filman a una funcionaria municipal con dinero estatal y la apartan del cargo
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La conmoción se instaló en Pinamar luego de que salieran a la luz videos donde se observa a una empleada municipal guardarse fajos de billetes que correspondían a la recaudación oficial.
La protagonista es Norma Beatriz Watson, de 59 años y con tres décadas de presencia en la estructura administrativa, quien perdió su cargo como jefa de Tesorería y hoy enfrenta una investigación por presunta defraudación al Estado.
La maniobra no sorprendió del todo a las autoridades locales: los números no cerraban y desde el 24 de enero el Municipio había iniciado un seguimiento pormenorizado de su desempeño, especialmente en la presentación de los registros contables.
La decisión política y la causa judicial
El intendente Juan Ibarguren confirmó a Clarín: "Esto lo denunciamos en enero pasado y se hizo viral ahora porque administrativamente recién ahora logramos echarla. Está imputada por defraudación al Estado y toda la causa judicial está en marcha".
El exsecretario de Turismo y Desarrollo Económico del distrito sostuvo que "apenas se verificaron los movimientos sospechosos", se notificó a la Justicia y se abrió un sumario interno con las pruebas recolectadas.
Durante el período que va del 24 de enero al 4 de febrero se monitorearon sus tareas y, según fuentes municipales, ese seguimiento permitió constatar un desfalco dentro de la administración estatal. La cifra que manejan puertas adentro supera los siete millones de pesos.
Irregularidades detectadas y el peso de los videos
Los auditores municipales detectaron un entramado de irregularidades que incluía movimientos contables manipulados, faltantes de dinero en la caja diaria, ingresos asentados dos veces y el empleo de una cuenta interna cuya razón de existir nadie pudo explicar.
A ese panorama se suman los videos: en ellos se observa a Watson retirar billetes de su área de trabajo y esconderlos dentro de una cartera o un pequeño neceser de color bordó.
Ibarguren fue terminante al explicar la decisión de desplazarla: "Ella evidentemente se abusó del poder que tenía, se puso todo a disposición de la Justicia y quedó imputada. La vía administrativa llevó varios meses, y recién ahora pudimos concluirla y disponer su cesantía y desvincularla como corresponde".
El descargo y la estrategia defensiva
Frente al material que circula, la exempleada planteó su versión. Alegó que el dinero visible en las grabaciones le pertenecía y que prefería cargarlo consigo debido a la situación de inseguridad que —según sostuvo— atraviesa Pinamar.
Su defensa, además, objetó la validez del registro audiovisual y cuestionó varios aspectos del procedimiento. Pero la Junta de Disciplina municipal rechazó cada uno de los argumentos y ratificó tanto la validez de los videos como el camino administrativo recorrido.
Mientras avanzaba el sumario, puertas adentro del municipio empezó una disputa por las responsabilidades. Desde el equipo del intendente, su vocero Diego Andrés Uribe apuntó contra la Fiscalía y la Policía Federal por no frenar la salida de la exempleada cuando dejó el Palacio Municipal. Esa reacción fue leída por buena parte del arco político local como un intento de correr el eje y evitar que se ponga el foco en las fallas de los controles internos.