Crisis total en SanCor: una causa penal por propiación de aportes jubilatorios complica a dos exdirectivos
Durante décadas, SanCor fue sinónimo de cooperativismo, producción láctea y presencia federal en la economía argentina. Hoy, su nombre aparece asociado a un expediente penal que acaba de dar un paso clave, ya que la Justicia Federal procesó a dos expresidentes de la cooperativa acusados de apropiación indebida de aportes patronales descontados a los trabajadores y nunca ingresados al sistema de seguridad social.
El juez federal Aurelio Cuello Murúa dispuso el procesamiento de José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes presidieron el Consejo de Administración de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas en distintos períodos, tras el pedido formulado por el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, de la unidad santafesina del Ministerio Público Fiscal.
Ambos están acusados de haber retenido y no depositado aportes jubilatorios por más de $1.644 millones, una cifra que, actualizada a valores actuales, resulta considerablemente mayor. El delito imputado es el de evasión agravada, previsto en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430), que contempla penas de tres a nueve años de prisión.
Con el rechazo judicial a los recursos presentados por la defensa, la causa quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio oral, una instancia que podría marcar un punto de inflexión en la larga crisis institucional de la cooperativa.
Dos gestiones bajo la lupa judicial
La causa penal se originó a partir de dos denuncias casi simultáneas, presentadas a comienzos de 2024 por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes advirtieron que los aportes jubilatorios descontados de sus recibos de sueldo no estaban siendo ingresados al sistema previsional.
Según consta en el expediente, José Pablo Gastaldi, quien presidió el Consejo de Administración entre febrero de 2020 y octubre de 2022, es señalado como presunto responsable de siete hechos de apropiación indebida correspondientes a distintos períodos entre 2020 y 2021. Solo esos episodios suman más de $128 millones a valores nominales de la época.
Por su parte, Alberto Eduardo Sánchez, que lo sucedió en la presidencia, fue imputado por dieciséis hechos ocurridos entre noviembre de 2022 y enero de 2024, siempre bajo el mismo esquema de aportes retenidos a los trabajadores que no fueron depositados dentro de los plazos legales.
En la audiencia indagatoria realizada el 12 de noviembre, ambos imputados optaron por no declarar. Su abogado defensor, Pablo Francisco Salvatori, sostuvo que no alcanza con acreditar la falta de ingreso de fondos al fisco para configurar el delito penal, una postura que fue rechazada tanto por la fiscalía como por el juez.
En su resolución, Cuello Murúa descartó además la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba (probation) y afirmó que existió "la voluntad de no cumplir con el mandato preceptivo de depositar", remarcando que la conducta tuvo como finalidad "una mejora patrimonial", en un contexto donde el monto evadido supera ampliamente el umbral penal previsto por la ley.
El rol de Atilra y la ampliación de la denuncia
Tras conocerse la decisión judicial, el gremio Atilra celebró el procesamiento y anunció que los trabajadores damnificados ampliarán la denuncia penal, al considerar que las maniobras irregulares continúan hasta la actualidad.
Según el sindicato, la empresa mantiene una modalidad que agrava la situación, que es fijar como remunerativo en los recibos de sueldo solo el equivalente al salario mínimo, pese a que los haberes reales son mayores y, además, se pagan con meses de atraso.
En un comunicado firmado por su secretario general, Héctor "Etín" Ponce, Atilra sostuvo que el uso de fondos de terceros, la afectación de aportes laborales y el ocultamiento del verdadero estado económico de la empresa "ponen a SanCor de cara a un posible concurso fraudulento" y podrían derivar en una extensión de responsabilidades sobre sus autoridades.
El gremio también remarcó que, lejos de tratarse de una persecución ideológica o política, la causa judicial marca un límite frente a conductas que perjudicaron tanto a trabajadores como a productores asociados, en un contexto donde -según aclararon- la mayoría de los empresarios del sector lácteo actúa de buena fe.
Una causa penal que se cruza con el concurso
El avance del expediente penal se produce mientras SanCor atraviesa una de las etapas más críticas de su historia. Tras más de una década de deterioro financiero y operativo, la cooperativa ingresó en concurso preventivo de acreedores, aprobado por unanimidad por sus socios.
Sin embargo, el concurso no logró normalizar la situación y continuaron los atrasos salariales, se profundizaron los despidos y la actividad quedó reducida a mínimos históricos, sostenida en gran medida por acuerdos de producción para terceros que permiten mantener abiertas algunas plantas, y eso mantiene la esperanza de recuperar a la emblemática productora de lácteos del país.
Desde Atilra y sectores del ámbito judicial no descartan que, a partir de ahora, se unifiquen las causas vinculadas a la evasión fiscal y al proceso concursal, ya que el esquema actual dificulta el cumplimiento de deudas previas y expone inconsistencias patrimoniales.
En septiembre pasado, el gremio llegó incluso a solicitar la quiebra con continuidad de explotación, argumentando la persistencia de incumplimientos salariales y previsionales, mientras la empresa anunciaba acuerdos parciales para reactivar la producción sin recuperar el volumen histórico.
Lo que viene
Con el procesamiento firme, el futuro judicial de los exdirectivos de SanCor quedó atado a lo que defina el juicio oral, donde podrían sumarse medidas como embargos, peritajes patrimoniales y nuevas imputaciones si prosperan las ampliaciones de denuncia.
Para una cooperativa que fue símbolo del entramado productivo argentino, el avance de la causa penal no solo expone responsabilidades individuales, sino que reabre el debate sobre cómo se gestionó una de las empresas más emblemáticas del sector lácteo en sus años finales.