La compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial a diez meses de cerrada la operación
A diez meses de haberse concretado una de las operaciones más importantes del sector de las telecomunicaciones en la Argentina, la compra de Telefónica Móviles Argentina (TMA) por parte de Telecom Argentina continúa sin una definición final por parte de los organismos reguladores.
La transacción, valuada en más de 1.200 millones de dólares, permanece bajo análisis del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que evalúan si la fusión puede derivar en un escenario de monopolio o de fuerte restricción a la competencia.
El acuerdo se cerró formalmente el 24 de febrero pasado, cuando Telecom adquirió la filial local del grupo español Telefónica por 1.245 millones de dólares. De ese total, la empresa desembolsó 1.119 millones en efectivo, luego de descontar una deuda de 126 millones que la compañía española mantenía con su subsidiaria argentina. Desde el inicio, la operación despertó alertas en el Gobierno nacional, que resolvió activar los mecanismos de control previstos para este tipo de concentraciones económicas.
Apenas se anunció la compra, la administración de Javier Milei dio intervención tanto al Enacom como a la CNDC —actualmente Autoridad Nacional de la Competencia— para determinar si la absorción de Telefónica por parte de Telecom implicaba la conformación de una posición dominante incompatible con la normativa vigente. En ese marco, fuentes oficiales advirtieron que, en caso de detectarse riesgos para la competencia, Telecom podría ser obligada a desprenderse de activos o a modificar su estructura en determinados segmentos del negocio.
Compra de Telefónica por Telecom: un negocio millonario bajo revisión
La cautela oficial no fue aislada. A la evaluación de los organismos públicos se sumaron las objeciones de otros actores relevantes del mercado. Claro Argentina, filial de América Móvil y controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, y Telecentro presentaron planteos formales ante el regulador para cuestionar la operación. Ambas compañías sostuvieron que la fusión reduciría drásticamente la competencia, especialmente en el mercado de telefonía móvil y en los servicios convergentes.
En este contexto, el 21 de marzo la Secretaría de Industria y Comercio ordenó a Telecom abstenerse de avanzar en la integración con TMA hasta que concluyeran las investigaciones en curso. Sin embargo, la empresa apeló la medida y, el 5 de junio, la Justicia resolvió suspender esa decisión administrativa, lo que permitió a Telecom continuar con el proceso mientras se aguardaba un pronunciamiento definitivo.
Objeciones, frenos oficiales y el giro judicial
El punto más crítico llegó el 19 de junio, cuando la CNDC emitió un informe técnico en el que objetó la operación por considerar que implicaba "riesgos significativos" para la competencia. Según ese dictamen, la absorción de Telefónica eliminaría a uno de los tres principales operadores de telefonía móvil del país, dejando un mercado prácticamente dividido entre Telecom, con una participación estimada del 58%, y Claro, con el 42% restante.
El organismo también alertó sobre la acumulación de espectro radioeléctrico en manos de Telecom, su presencia superior al 40% en telefonía fija en numerosas ciudades y su posición dominante en el mercado de servicios integrados —telefonía, internet y televisión— así como en el segmento de clientes corporativos.
Ante este escenario, el 5 de agosto Telecom presentó su descargo ante la CNDC. Allí rechazó los fundamentos de la objeción, aunque dejó abierta la puerta a asumir "posibles compromisos" destinados a atender las preocupaciones expresadas por la autoridad de competencia. Desde entonces, el expediente permanece en análisis y, pese a las expectativas del sector, no hubo aún un dictamen final.
Un mercado históricamente concentrado
La discusión se inscribe en un mercado con una larga historia de concentración. Telecom y Telefónica han sido actores centrales del negocio de las telecomunicaciones desde la privatización de la empresa estatal de telefonía en 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el país fue dividido en dos regiones para la prestación de los servicios. Tres décadas después, el debate sobre la competencia vuelve a ocupar un lugar central.
En sus últimas presentaciones ante inversores, Telecom sostuvo que cuenta con "sólidos argumentos" para respaldar la legalidad de la operación y aseguró que no puede anticiparse el resultado de la revisión regulatoria. La compañía cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York y tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding —controlada por el Grupo Clarín— y al fondo Fintech Telecom, del empresario mexicano David Martínez.
Al cierre de septiembre, Telecom registraba 2,7 millones de líneas de telefonía fija, más de 20 millones de clientes móviles en la Argentina, 4,1 millones de accesos fijos a internet y 3,4 millones de abonados a televisión en la región. Telefónica Móviles Argentina, en tanto, aportaba una base relevante de clientes que explica por qué la operación sigue siendo observada con lupa. Mientras tanto, a casi un año del anuncio, la definición oficial sigue en suspenso.