Multas millonarias y secuestros de vehículos en zonas prohibidas de Pinamar

En plena temporada de verano, la Municipalidad de Pinamar tomó una decisión drástica para frenar la inseguridad en sus playas. A través del Decreto 0104/2026, el gobierno local oficializó un nuevo régimen de penalidades que busca poner orden, especialmente en el sector de La Frontera. Esta zona, históricamente conflictiva por la circulación de cuatriciclos y UTV, fue escenario de incidentes que conmocionaron a la opinión pública, acelerando la necesidad de aplicar castigos mucho más severos para quienes ignoran las normas de convivencia y seguridad.

El endurecimiento de las medidas no solo responde a una necesidad de ordenamiento vial, sino que tiene un trasfondo de urgencia ante los recientes accidentes que pusieron en riesgo la vida de menores. El objetivo de las autoridades es erradicar las maniobras peligrosas en los médanos y las áreas no habilitadas, asegurando que el turismo pueda disfrutar de la costa sin peligro. Los operativos de control ya se encuentran desplegados en los puntos de acceso más críticos, con inspectores de tránsito y fuerzas policiales que realizan chequeos exhaustivos de documentación y pruebas de alcoholemia de forma permanente.

Pinamar: montos de las multas y causales de secuestro del vehículo

El nuevo esquema tarifario de las infracciones en Pinamar escaló a niveles históricos. Según la normativa vigente, las multas se calculan en módulos y, dependiendo de la gravedad de la falta y de si existe reincidencia, los montos pueden oscilar entre los 5 millones y alcanzar un techo de 15 millones de pesos. Entre las faltas que activan estas sanciones se encuentran la circulación por zonas protegidas o prohibidas, realizar maniobras temerarias que pongan en riesgo a terceros y el ingreso indebido a propiedades privadas en la zona de médanos.

Además de la sanción económica, el municipio está facultado para realizar el secuestro preventivo del vehículo de manera inmediata. Si un conductor es detectado en una zona no permitida, la unidad (ya sea moto, cuatriciclo, UTV o camioneta 4x4) será trasladada al playón municipal. Para recuperarla, el infractor no solo deberá abonar la multa correspondiente, sino también los costos de acarreo y estadía. Asimismo, el decreto prevé la inhabilitación de la licencia de conducir por periodos prolongados, lo que representa un golpe directo a quienes utilizan estos vehículos de forma recreativa sin respetar la ley.

Gastos médicos y daños ambientales a cargo del infractor

Una de las novedades más fuertes de este decreto es la responsabilidad civil y financiera que recae sobre el conductor. A partir de ahora, el municipio podrá exigir que el infractor se haga cargo de la totalidad de los gastos médicos, internaciones y traslados sanitarios en caso de que su imprudencia provoque un accidente con heridos. Esta medida busca que el Estado municipal no deba afrontar los costos operativos de emergencias derivadas de conductas negligentes en zonas prohibidas, trasladando esa carga económica directamente al responsable del siniestro.

Por otro lado, la protección del ecosistema costero también es una prioridad en este nuevo marco legal. Quienes circulen por áreas forestadas, dunas protegidas o zonas de playa no habilitadas serán sancionados por el daño ambiental ocasionado. El municipio exigirá la reparación de los bienes públicos dañados y el pago de compensaciones por la alteración del paisaje natural. Estos operativos especiales también ponen el foco en el uso de vehículos por parte de menores de edad: los padres o tutores que permitan que niños o adolescentes conduzcan cuatriciclos serán pasibles de las multas máximas y denuncias ante la justicia de faltas, en un intento por blindar la seguridad de cara a la segunda quincena de enero.