España regularizará a medio millón de inmigrantes: a quiénes alcanza y qué requisitos deberán cumplir
El Gobierno de España confirmó que pondrá en marcha un proceso especial para otorgar documentación legal a cerca de medio millón de inmigrantes que ya residen en el país. La iniciativa apunta a ordenar una situación social extendida y brindar respaldo jurídico a quienes viven y trabajan sin papeles.
La medida será instrumentada a través de un Real Decreto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez enviará al Consejo de Ministros para iniciar su tramitación. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo central es "garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente".
Un decreto con respaldo político y social
Desde el Gobierno señalaron que la decisión es el resultado de un acuerdo político con Podemos y de una convergencia de apoyos que prioriza una mirada centrada en las personas. Además, destacaron que el plan recoge el espíritu de una iniciativa legislativa popular que había reunido más de 700.000 firmas.
Esa propuesta había sido tomada en consideración por el Congreso con un amplio respaldo parlamentario —310 votos afirmativos y 33 negativos, correspondientes únicamente a Vox—, aunque su tratamiento había quedado frenado durante meses.
Quiénes podrán acceder al beneficio
El esquema de regularización estará vigente hasta el 30 de junio y alcanzará a personas extranjeras que se encuentren en España desde antes del 31 de diciembre de 2025. Así lo precisó la diputada de Podemos Irene Montero, quien afirmó "que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025" y que acrediten "al menos cinco meses de residencia", según consignó RTVE.
Para demostrar esa permanencia se aceptarán distintos comprobantes, como certificados de empadronamiento, informes médicos, contratos de servicios públicos o constancias de envío de dinero. No podrán acceder al beneficio las personas que tengan antecedentes penales.
Suspensión de expulsiones y retornos
Otro punto clave del decreto es que, al momento de presentar la solicitud, se interrumpirán los procesos administrativos de expulsión o retorno que estén en curso, así como sanciones vinculadas al trabajo sin autorización, de acuerdo con información difundida por la agencia EFE.
Investigación en curso tras una tragedia ferroviaria
En paralelo a las decisiones políticas, España atraviesa días de conmoción por un grave accidente ferroviario que dejó 45 víctimas fatales. La Justicia y los organismos técnicos analizan las causas del choque de trenes, mientras crecen los cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura.
El periodista Ramón Pérez Maura, director de opinión del diario El Debate, aseguró que el tramo donde ocurrió el siniestro no había recibido mejoras desde hace décadas, pese a anuncios oficiales de inversión. "Sabemos que la vía es la misma de 1992", afirmó, y remarcó que usuarios habían advertido reiteradamente sobre vibraciones extremas que no fueron atendidas.
Las pesquisas ahora se concentran en determinar si la falta de actualización y los déficits en los sistemas de seguridad influyeron en una de las tragedias más graves de los últimos años en el país.