Causa AFA: allanamiento en San Fernando para buscar información sobre los vuelos a la mansión de Pilar
La causa que investiga la millonaria propiedad de Pilar, presuntamente vinculada a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), registró un avance significativo. Siguiendo la orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ingresaron al hangar de la empresa Flyzar, ubicado en el aeropuerto de San Fernando, para recopilar pruebas y documentación clave.
Los fiscales intentan reunir toda la documentación relacionada con los traslados a la opulenta mansión, incluyendo registros de vuelos, pólizas de seguros de los helicópteros, autorizaciones de operación y la identificación de los pilotos que efectuaron los viajes, propiedad que fue comprada mediante una sociedad que podría ser de fachada.
Sospechas sobre la titularidad y el origen de los fondos
La propiedad, bajo el nombre de Real Central S.R.L., figura a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes compraron la finca en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, aunque su tasación oficial asciende a 17 millones.
La Justicia sospecha que ambos podrían ser prestanombres de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, o de otros intermediarios, debido a que su patrimonio no justifica semejante inversión.
Investigación sobre vuelos y carga
Durante el allanamiento, los agentes fueron recibidos por Felipe Carmona Natta, propietario de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (Flyzar). El objetivo es reconstruir los traslados hacia la mansión, identificar pasajeros frecuentes y determinar si se transportaron bienes o dinero de manera irregular.
Los investigadores también revisan si dirigentes de la AFA, incluidos Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, habrían utilizado los helicópteros de forma irregular.
Declaraciones y antecedentes de la causa
La investigación sobre el patrimonio y los movimientos económicos de los máximos dirigentes de la AFA se inició por iniciativa de la Coalición Cívica ante el juzgado de Daniel Rafecas, pasó posteriormente al magistrado Marcelo Aguinsky y hoy se encuentra en trámite en el juzgado federal de Campana.
Dos pilotos que realizaron vuelos hacia la mansión ya habían declarado. Uno alegó que se trataba de "vuelos de entrenamiento", y ambos negaron haber transportado paquetes. No obstante, los registros muestran más de 60 traslados hacia la propiedad.
Al mostrarles imágenes de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, los pilotos negaron haberlos identificado entre los pasajeros, una declaración que generó aún más dudas entre los fiscales y peritos.
La incredulidad se profundiza porque no hay documentación formal de pasajeros ni listas de carga que puedan corroborar sus testimonios, dejando a los investigadores con un vacío de información clave sobre los traslados hacia la mansión.
Tapia denuncia presiones por fotomultas y vincula la causa de la mansión de Pilar a represalias
La revelación de los casos de corrupción vinculados con la AFA, que estallaron desde el escándalo de Sur Finanzas, que se relacionarían con el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, generó un fuerte impacto interno entre los clubes y la sociedad, pero la mayoría de los clubes por ahora optó por el silencio.
Pero por lo que pudo saber iProfesional, ambos -en una especie de demostración de fuerzas contra la justicia y el Gobierno, preparan un gran acto para el 7 de marzo en el predio de Ezeiza-, al que invitarían a unos 5.000 representantes del Consejo Federal del Fútbol Argentino, que nuclea 254 ligas del interior y cuya presidencia está a cargo de Tovigino.
Pero Tapia no se frena. Este martes denunció a los dirigentes de la Coalición Cívica que hicieron la denuncia por la compra de la mansión de Villa Rosa.
Claudio "Chiqui" Tapia denunció extorsiones ligadas al millonario negocio de las fotomultas
Según sostiene Tapia en su denuncia, "se trató de una operación mediática judicial montada como represalia luego de que se negara a habilitar un negocio millonario vinculado al sistema de fotomultas".
El escrito fue presentado ante el Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro y la UFI N° 3 del mismo departamento judicial, en el marco de la causa "Yofe, Matías s/Extorsión". Allí, Tapia, patrocinado por el abogado Gregorio Dalbón, aseguró que la denuncia por la vivienda de Pilar no fue el origen del conflicto, sino la consecuencia de una secuencia previa de presiones, amenazas y advertencias que, siempre según su versión, comenzaron cuando ejercía funciones en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).
De acuerdo con la declaración de Tapia, el punto de partida fue un pedido concreto formulado por el empresario Leandro Camani, titular de la firma Secutrans S.A., dedicada a la provisión y explotación de sistemas automatizados de control de tránsito.
El requerimiento consistía en autorizar la instalación de nuevas cámaras de fotomultas y el recambio de equipos existentes en rutas, accesos y predios bajo la órbita del CEAMSE.
Este es un tipo de habilitación que, según Tapia, implicaba un negocio de alto impacto económico por el volumen de recaudación involucrado y que, a partir de esa negativa, el vínculo con el empresario se tornó conflictivo.
"El pedido fue sustituido por un esquema claro y sostenido de presión", sostiene Tapia en la denuncia y, de acuerdo a su relato, a través de intermediarios recibió un mensaje intimidatorio y, si no habilitaba el negocio de las fotomultas, se activarían denuncias penales en su contra.