Procesan al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, por supuesto pedido de coimas
El juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, a quien ubicó como jefe de una asociación ilícita y le achacó otros delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo.
Más de 20 imputados en la causa
En el fallo, el magistrado definió la situación procesal de otros 19 imputados, que también fueron procesados. Entre ellos se encuentran el ex número dos del organismo, Daniel María Garbellini, y los empresarios Pablo Atchabahián y Miguel Ángel Calvete, a quienes el fiscal Franco Picardi había sindicado como jefes paraestatales del organismo en su dictamen de principios de noviembre.
En conjunto con los procesamientos, el juez ordenó embargar a los acusados por cifras que llegan hasta los 202 mil millones de pesos.
Para el juez, la investigación permitió reconstruir la existencia de un "entramado de corrupción institucional" que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Andis. En ese esquema fue clave el rol de los "operadores externos", como Atchabahián y Calvete.
Sistema de retornos y sobreprecios
Según Casanello, se montó un "sistema de retornos" por parte de las droguerías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios a la Agencia Nacional de Discapacidad, "a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles".
"La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad", señaló el magistrado.
De todos modos, para el juez existen "márgenes difusos" en el aparente esquema de corrupción, por lo cual la investigación no se agotaría en los hechos probados hasta el momento. "Dentro de la propia Andis existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores", planteó.
La denuncia y los audios
El caso se inició a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en publicaciones periodísticas que daban cuenta de la difusión de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo. En esas piezas, difundidas por el streaming Carnaval, la voz que sería del ex titular de la Andis denunciaba un esquema de sobreprecios en medicamentos para personas con discapacidad, del cual habrían sacado una tajada empresarios farmacéuticos, y también señalaba a la cúpula de la Casa Rosada.
La señalada fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien —de acuerdo con los audios— se quedaba con un 3% de los retornos.
Además de los procesamientos individuales, la investigación avanzará sobre las estructuras societarias utilizadas para el presunto fraude. En ese marco, el juez Sebastián Casanello dispuso citar a indagatoria a las personas jurídicas de cuatro droguerías consideradas clave en el esquema bajo análisis: Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA. El objetivo es determinar el grado de responsabilidad empresarial en la maniobra y el eventual uso de estas firmas como vehículos para la operatoria ilícita.
La resolución judicial alcanza a un total de 19 personas procesadas, entre funcionarios de la gestión libertaria, empleados de carrera del Estado y empresarios vinculados al sector farmacéutico. Según el fallo, cuatro de ellos fueron identificados como jefes de la asociación ilícita: el ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Orlando Spagnuolo; el ex subdirector del organismo, Daniel María Garbellini; y los operadores externos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
El resto de los imputados fue procesado en carácter de integrantes o partícipes del entramado, entre quienes se encuentran el ex director de Prestaciones Médicas de la Andis, Diego Martín D’Giano; el ex coordinador de Gestión de Urgencias, Roger Edgar Grant; el ex director nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, Eduardo Nelio González; así como Lorena Vanesa Di Giorno, empleada vinculada a Calvete, y Luciana Ferrari, ex funcionaria del organismo. También figuran personas relacionadas con las droguerías investigadas, como Andrés Horacio Arnaudo, vinculado a Droguería Génesis; Silvana Vanina Escudero, ligada a Droguería New Farma; y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, asociado a Droguería Floresta. Completan la nómina Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.
Rechazo a los planteos de las defensas
Las defensas alegaron que esos audios eran ilegales, habían sido manipulados y pidieron la nulidad de todo lo actuado. Sin embargo, en paralelo a los procesamientos, Casanello rechazó esos planteos.
El juez y el fiscal Franco Picardi lograron corroborar el contenido de las denuncias mediante pruebas independientes —expedientes y testimonios—, sin depender procesalmente de las grabaciones, que no fueron utilizadas como prueba directa en el fallo, según se remarcó en la resolución.