Fallo histórico por agroquímicos: ratifican condena a productor por la muerte de un niño

En una decisión considerada histórica para el ámbito judicial y ambiental, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó firme la condena contra el productor Ricardo Nicolás Prieto por la muerte de un niño y las lesiones graves sufridas por otra menor tras fumigaciones con agroquímicos en 2011.

La sentencia ratifica la pena de tres años de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas, luego de que la Justicia provincial rechazara la apelación presentada por la defensa. El fallo consolida uno de los antecedentes más relevantes en materia de responsabilidad penal vinculada al uso indebido de agrotóxicos en la Argentina.

En la resolución, los magistrados sostuvieron que los elementos de prueba reunidos durante el proceso brindaron "el grado de certeza necesaria" para acreditar el hecho y la culpabilidad del acusado sin margen de duda.

El caso del niño de Corrientes: casi 15 años de espera

El hecho ocurrió en marzo de 2011 en la zona de Puerto Viejo, en la localidad correntina de Lavalle. Nicolás Arévalo, de 5 años, murió tras entrar en contacto con un agroquímico utilizado en una chacra de tomates y hortalizas administrada por el productor condenado. Su prima, Celeste Abigail Estévez, de 4 años, también sufrió lesiones de gravedad.

Según determinó la Justicia, el productor utilizó el organoclorado alfaendosulfán de manera imprudente y negligente. El tóxico quedó acumulado en el barro de una zanja cercana a los cultivos. El niño cayó accidentalmente en ese sector y entró en contacto directo con la sustancia. Su prima intentó ayudarlo y también resultó afectada.

Las pericias concluyeron que la exposición al agroquímico provocó un edema agudo de pulmón que derivó en la muerte del niño y en daños severos para la menor. Además, el tribunal consideró probado que ambos inhalaron plaguicidas durante las fumigaciones.

En el fallo se señaló que el productor no supervisó personalmente el proceso y permitió que las aplicaciones se realizaran con las cortinas de los tendaleros levantadas, lo que facilitó la dispersión aérea de los tóxicos hacia zonas aledañas donde se encontraban los menores.

Responsabilidad penal y debate ambiental

El caso es considerado un antecedente clave en el debate sobre el uso de agroquímicos en zonas rurales y periurbanas. Organizaciones ambientales, vecinos y familiares de víctimas vienen reclamando desde hace años mayores controles, sanciones más severas y una actualización de la normativa vigente frente al uso intensivo de agrotóxicos.

La confirmación de la condena abre una nueva etapa en la discusión sobre la responsabilidad de los productores en la manipulación de sustancias potencialmente peligrosas y sobre el rol del Estado en la fiscalización.

El juicio por agroquímicos en Pergamino

Mientras tanto, otro proceso judicial de alto impacto avanza en la provincia de Buenos Aires. En Pergamino comenzó un juicio oral contra siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos acusados de contaminación con agroquímicos.

El debate se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario y es seguido de cerca por organizaciones sociales bajo la consigna "Paren de fumigarnos". Por primera vez en este tipo de causas, funcionarios estatales fueron imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al no haber controlado adecuadamente las fumigaciones denunciadas.

Entre las querellantes se encuentra Sabrina del Valle Ortiz, quien denunció haber perdido un embarazo de seis meses en 2011 tras reiteradas exposiciones a fumigaciones cercanas a su vivienda. Según relató, sufrió vómitos, mareos, inflamación y severas afecciones respiratorias antes de la muerte de su bebé.

Un precedente que puede cambiar el escenario judicial

El fallo confirmado en Corrientes y el juicio en curso en Pergamino configuran un escenario inédito en la Justicia argentina. Por primera vez, las responsabilidades penales por el uso indebido de agroquímicos alcanzan no solo a productores sino también a funcionarios encargados de controlar la actividad.

A casi 15 años de la muerte de Nicolás Arévalo, la decisión judicial no solo representa una reparación simbólica para la familia, sino que también instala un precedente que podría influir en futuras causas vinculadas a delitos ambientales y a la protección de la salud pública frente al uso de sustancias químicas en la producción agrícola.