El presidente de la AFA llegó a Tribunales para declarar en la causa que investiga retención de más de $19.300 millones
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Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), llegó este jueves a los tribunales del fuero Penal Económico en Retiro para prestar declaración indagatoria. La causa investiga una presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por más de $19.300 millones vinculados al fútbol argentino.
La audiencia estaba prevista para las 12 ante el juez Diego Amarante. El magistrado lleva adelante una investigación que ya involucra a varios dirigentes de la entidad.
El miércoles había declarado Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y también imputado en el expediente. Toviggino presentó un escrito ante el juez como parte de su estrategia de defensa y se retiró sin formular declaraciones públicas, un patrón que repitieron otros dirigentes citados.
El expediente judicial busca determinar si existieron irregularidades en la retención y el pago de tributos. La causa se convirtió en uno de los focos de atención tanto en el ámbito deportivo como político.
El volumen del dinero investigado y la participación de varios dirigentes relevantes mantienen la causa bajo la lupa pública.
Qué maniobras investiga la Justicia y cuánto dinero está bajo análisis
La causa se centra en un presunto esquema de apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de seguridad social. Según la denuncia, esos fondos no habrían sido depositados en tiempo y forma ante el organismo recaudador.
Las maniobras investigadas abarcan el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la acusación inicial, el monto involucrado ascendía a más de $7.593 millones.
Esa cifra fue ampliada posteriormente con nuevas presentaciones. Hoy el total bajo análisis judicial supera los $19.300 millones.
En el expediente también fueron citados otros dirigentes vinculados a la estructura de la AFA. Entre ellos figuran Cristian Malaspina, exsecretario general de la entidad.
También comparecieron Víctor Blanco, expresidente de Racing Club, y Gustavo Lorenzo, director general de la organización. Todos se presentaron previamente ante el juez, se negaron a responder preguntas y solicitaron su sobreseimiento mediante presentaciones escritas, una estrategia coordinada de defensa.
La defensa de Tapia había solicitado que se declarara la nulidad de su citación a indagatoria. Ese planteo fue rechazado por el magistrado, lo que habilitó la continuidad del proceso judicial.
Las restricciones que pesan sobre Tapia y el permiso especial para viajar
En el marco de la investigación, el juez Amarante dispuso inicialmente la prohibición de salida del país para los dirigentes involucrados. Sin embargo, en el caso de Tapia se autorizó posteriormente un permiso especial.
La autorización tuvo en cuenta compromisos institucionales vinculados al fútbol internacional. La medida generó repercusiones debido a la cercanía del Mundial de la FIFA 2026.
Ese torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Demanda actividad institucional de las federaciones nacionales en reuniones previas y coordinación logística.
La situación procesal de Tapia sigue activa. El rechazo a su pedido de nulidad mantiene firme la investigación y abre la posibilidad de nuevas medidas judiciales.
El trasfondo político y el conflicto con el Gobierno de Milei
El avance del expediente judicial se produce en un contexto de tensión política entre la dirigencia del fútbol argentino y el Gobierno nacional. Javier Milei encabeza un Ejecutivo que impulsa reformas en el modelo de gestión deportiva.
Parte de ese conflicto gira en torno al proyecto oficial para impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Esa reforma es resistida abiertamente por la conducción actual de la AFA.
Durante el último fin de semana, los partidos del fútbol profesional fueron suspendidos en todas las categorías. La medida buscó mostrar apoyo de los clubes a la dirigencia de la AFA, en un mensaje directo al Gobierno sobre la unidad del sector ante lo que consideran una presión política.
Desde ese sector sostienen que la investigación judicial tiene motivaciones políticas. Argumentan que está vinculada a la disputa por el modelo de gestión del fútbol argentino.
El abogado de la entidad, Gregorio Dalbón, afirmó públicamente que el conflicto podría resolverse mediante una negociación política. Sugirió que el Gobierno buscaría intervenir en la conducción del organismo.
La respuesta de Karina Milei y la postura oficial del Gobierno
Las declaraciones del letrado generaron una rápida reacción en la Casa Rosada. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, rechazó esas afirmaciones de manera contundente.
La funcionaria aseguró que el proceso debe resolverse exclusivamente en el ámbito judicial. "Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley", expresó a través de sus redes sociales.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, respaldó esa postura. Remarcó que el Poder Ejecutivo no intervendrá en el expediente bajo ningún concepto.
Según explicó, el respeto al debido proceso y la independencia judicial impide cualquier tipo de intervención del Gobierno. La causa se encuentra en trámite ante los tribunales y debe seguir su curso natural.
Esa posición oficial busca desactivar las acusaciones de persecución política. El Gobierno intenta separar el conflicto por las SAD de la investigación judicial en curso.
Otras causas judiciales que enfrenta la AFA en paralelo
En paralelo, la AFA enfrenta otras investigaciones judiciales que complican el panorama institucional. Entre ellas se encuentra una causa que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora.
Esa investigación apunta a presunto lavado de dinero vinculado a operaciones financieras realizadas en el exterior. También analiza posibles desvíos de fondos generados en Estados Unidos.
Desde la dirigencia de la AFA sostienen que las obligaciones fiscales señaladas en la denuncia principal ya habrían sido regularizadas. Argumentan que no existió delito debido a que una resolución oficial había suspendido las ejecuciones fiscales.
Esa suspensión habría estado vigente durante parte del período investigado. Sin embargo, el juez Amarante rechazó esos planteos preliminares tanto de Toviggino como de Tapia.
El expediente continúa su curso y las declaraciones indagatorias de los dirigentes constituyen una etapa clave. El futuro de la investigación dependerá de las pruebas aportadas y de la evaluación judicial sobre la existencia o no de maniobras delictivas.