La abogada argentina detenida en Brasil por racismo enfrenta un juicio que podría llevarla a 15 años de cárcel

La abogada argentina Agostina Páez, de 29 años, acusada de injuria racial en Brasil y actualmente bajo arresto domiciliario en Río de Janeiro, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión si prospera el planteo de la Fiscalía brasileña. El juicio contra la joven está previsto para comenzar el 24 de marzo, en una causa que generó fuerte repercusión pública tras la difusión de un video del episodio que originó la denuncia.

La advertencia sobre la posible pena fue realizada por Carla Junqueira, actual defensora de Páez, quien explicó que el Ministerio Público podría solicitar un concurso material de delitos, lo que implicaría la suma de varias penas por hechos considerados independientes.

"La estrategia ahora es preparar el juicio, que arranca el 24 de marzo, para evitar el peor escenario, que es el planteado por la Fiscalía de pedir un concurso material, que sería una sumatoria de tres delitos, tres penas, 15 años", explicó Junqueira.

Mientras avanza la preparación del proceso judicial, la abogada argentina permanece en Brasil con tobillera electrónica, sin posibilidad de regresar al país hasta que se resuelva su situación.

Abogada argentina acusada de racismo complicada en Brasil

Según detalló la defensa, la Fiscalía brasileña podría sostener que el hecho investigado no constituye un solo delito, sino tres episodios distintos de injuria racial, cada uno con víctimas diferentes. Bajo esa interpretación, las penas podrían acumularse.

"El concurso material es una exageración, porque lo que dice el juez es que en vez de haber habido un solo delito de racismo, hubo tres, porque fueron tres víctimas distintas en tres momentos distintos", explicó Junqueira durante una entrevista con Infobae a las Nueve.

La letrada también cuestionó la proporcionalidad de las medidas adoptadas en el caso y consideró que existen alternativas menos severas dentro del sistema judicial brasileño.

"Hay una desproporcionalidad entre la reacción cautelar y la definición del concurso material", sostuvo.

De acuerdo con su planteo, el proceso judicial podría haberse desarrollado con medidas cautelares menos restrictivas, sin necesidad de aplicar sanciones potencialmente tan severas.

Un caso que generó repercusión pública

El caso tomó notoriedad pública en enero de este año, cuando se viralizó un video que muestra a la abogada argentina realizando gestos hacia un ciudadano brasileño a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro.

Las imágenes, registradas por cámaras de seguridad y por teléfonos móviles de testigos, circularon rápidamente en redes sociales y derivaron en una denuncia penal por injuria racial, figura contemplada en la legislación brasileña.

A partir de ese momento, las autoridades judiciales iniciaron una investigación que terminó con la imputación formal de Páez y la imposición de arresto domiciliario mientras avanza el proceso.

Desde entonces, la joven permanece en Brasil y su situación judicial se convirtió en un caso seguido de cerca tanto por la prensa brasileña como argentina.

Cambio de estrategia en la defensa de la abogada argentina

La defensa actual de Páez decidió modificar el enfoque jurídico que había adoptado el equipo legal anterior. Según explicó Junqueira, la estrategia inicial incluía cuestionar el rol de las víctimas, una línea que la nueva defensa considera poco efectiva en este tipo de causas.

"Más allá de ser un caso de derecho penal, es un caso de derechos humanos, y en esos casos la estrategia de responsabilizar a la víctima no suele funcionar en ningún país del mundo", afirmó la abogada.

Por ese motivo, el nuevo planteo apunta a centrar la defensa en aspectos procesales y en la proporcionalidad de las acusaciones, con el objetivo de evitar que el tribunal adopte la interpretación más severa del caso.

La expectativa de la defensa es que el juicio permita revisar la calificación legal de los hechos y, eventualmente, reducir el alcance de las acusaciones.

El pedido de disculpas público: por qué no se habían hecho antes

En paralelo con la preparación del juicio, Páez publicó recientemente un video en Instagram en el que pidió disculpas públicas por lo ocurrido.

"Hola, soy Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil por una reacción muy grave que he tenido. Por eso ahora quiero pedir disculpas públicamente", expresó en el mensaje.

En el video, la abogada reconoció la gravedad de su conducta y aseguró que asume la responsabilidad por el episodio que la mantiene desde hace casi dos meses involucrada en el proceso judicial.

"Me equivoqué y asumo la responsabilidad", afirmó. Además, ofreció disculpas "de todo corazón a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, heridas o humilladas" por su comportamiento.

"Lo lamento profundamente. Lamento haber contribuido a ese dolor por ignorancia. Desconocía lo que era el racismo", agregó.

Según explicó Junqueira, Páez había querido pedir disculpas anteriormente, pero su equipo legal anterior le recomendó no hacerlo.

La razón era evitar que un pedido público de perdón pudiera interpretarse como una admisión de culpabilidad que agravara su situación judicial.

"Ella quería haber pedido disculpas antes, pero tenía este temor jurídico de hacerlo", señaló la abogada.

La defensora también reconoció que existe un video que muestra el momento del episodio discriminatorio, algo que consideró difícil de negar en el proceso.

"Hay un video y eso es innegable", admitió.

Lo que viene en el juicio

El pedido de disculpas todavía no fue incorporado formalmente al expediente, aunque la defensa planea notificarlo al juez antes de que comience el juicio.

La expectativa del equipo legal es que esta nueva estrategia —que incluye el reconocimiento del error y el intento de reparación— pueda influir en la evaluación del tribunal y evitar una condena máxima.

El proceso judicial comenzará el 24 de marzo y marcará una etapa decisiva para el futuro de la joven abogada argentina.

En ese escenario, la principal preocupación de la defensa es impedir que prospere el planteo de la Fiscalía que podría derivar en una pena acumulada de hasta 15 años de prisión, uno de los escenarios más severos previstos dentro del sistema penal brasileño para este tipo de delitos.