Le transfirieron 4 millones de pesos por error, gastó todo en un terreno y esto le exigió la Justicia
Una empleada pública que trabajaba en el Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) deberá devolver $4 millones que recibió por error de una transferencia en su cuenta sueldo. La mujer se negó a restituir el dinero y llegó a comprar un terreno con esos fondos.
El caso llegó a la Justicia después de que la trabajadora rechazara múltiples pedidos del organismo provincial. Ahora, un juez ordenó la devolución total de la suma.
La Dirección de Tesorería del IPVU realizó la transferencia a la cuenta equivocada debido a una semejanza de nombres entre dos empleadas. Cuando descubrieron el error, intentaron comunicarse con la beneficiaria accidental.
En el primer contacto telefónico, la agente respondió que "no sabía nada y que estaba ocupada". En una segunda llamada, cambió su versión.
La mujer manifestó que suponía que el dinero "era parte de un juicio". También reveló que lo había utilizado en "la compra de un terreno". Finalmente, se negó de manera categórica a reintegrarlo.
Transferencia por error: qué dijo la Justicia sobre la empleada que recibió $4 millones
El juez Martín Peliquero analizó el expediente y consideró acreditados varios hechos clave. El IPVU sufrió un empobrecimiento involuntario al transferir el dinero a la cuenta equivocada.
La demandada incorporó esa suma a su patrimonio personal. Además, el magistrado determinó que no existe causa jurídica alguna que habilite su percepción de esos fondos.
Peliquero enmarcó los hechos en el instituto del enriquecimiento sin causa. Este concepto está estipulado por los artículos 1794 y 1795 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Para su procedencia se exigen cuatro requisitos fundamentales:
- Un enriquecimiento patrimonial de una parte
- Un empobrecimiento correlativo de la otra
- Ausencia de causa jurídica que lo justifique
- La inexistencia de otro medio legal para reclamar
Todos estos elementos quedaron probados en el caso de la empleada del IPVU. El organismo provincial perdió $4 millones sin razón legal, mientras ella aumentó su patrimonio injustificadamente.
La denuncia penal y el sobreseimiento de la trabajadora
El IPVU realizó primero una denuncia penal contra la trabajadora. En ese fuero, la mujer fue sobreseída por extinción de la acción penal.
El sobreseimiento se produjo después de que pagara el mínimo de la multa previsto para la expropiación de cosa ajena. Ese fue el delito en el que se encuadraron los hechos.
Sin embargo, el juez Peliquero explicó que el sobreseimiento penal no impedía el análisis civil del caso. Su decisión debió basarse en los hechos reconocidos en el legajo penal que no fueron controvertidos.
Esos hechos incluyeron la transferencia por error del IPVU, el conocimiento inmediato de la demandada acerca del error, la negativa inicial a restituir y la realización de extracciones y movimientos posteriores.
Todos estos elementos probaron que la empleada tuvo conocimiento del error desde el primer momento y decidió actuar en consecuencia, realizando movimientos con el dinero a sabiendas de que no le pertenecía.
Qué alegó la empleada pública en su defensa
Por su lado, la mujer negó haber obrado con dolo. Afirmó que no tuvo "intención de apropiarse indebidamente de los fondos".
La demandada argumentó que "su situación económica y la posterior exoneración le impidieron restituir la suma en forma inmediata". Se mostró dispuesta a devolver los fondos, aunque con condiciones.
La trabajadora solicitó que "los intereses sean reducidos". También pidió que "se descuente del capital adeudado las retenciones sobre sus haberes que se realizaron oportunamente".
A pesar de estos argumentos, el juez ordenó la devolución completa. El fallo se fundamentó en que la empleada del IPVU enriqueció su patrimonio sin causa legal, empobreciendo correlativamente al organismo provincial.
El caso sienta precedente sobre las consecuencias de retener dinero recibido por error. Aunque la vía penal no prosperó, la civil obligó a la restitución de los $4 millones más los intereses correspondientes.