Medida cautelar suspende el acuerdo para transferir el fuero del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires
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Una medida cautelar frenó el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La resolución suspende de manera provisoria el acuerdo entre Nación y Ciudad hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
La decisión la tomó Herman Mendel, juez a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°30. El magistrado dio curso a la presentación de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que cuestionó el convenio incluido en la ley de modernización laboral.
El convenio forma parte de la Ley 27.802, donde aparece incorporado como Anexo I, y establecía un esquema de transición para que las nuevas causas laborales fueran tramitadas por la Justicia local.
En la práctica, el proceso de transferencia del fuero quedó paralizado. Los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral quedan suspendidos hasta nuevo aviso.
Qué dice el fallo judicial
El juez consideró que, en esta etapa inicial del proceso, se encuentran acreditados los requisitos necesarios para dictar una medida de este tipo, en particular la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. En ese sentido, sostuvo que existen cuestionamientos constitucionales relevantes sobre el procedimiento de transferencia, que no pueden ser descartados sin un análisis más profundo.
Asimismo, el fallo señala que el avance del acuerdo podría generar una afectación concreta y actual, tanto en la estructura del fuero laboral como en la situación de los trabajadores judiciales. También advierte que la implementación progresiva del traspaso -incluyendo posibles renuncias de magistrados y reorganización de órganos- podría agravar ese escenario mientras se tramita la causa.
En función de estos elementos, el magistrado concluyó que corresponde suspender preventivamente la aplicación del acuerdo para evitar consecuencias de difícil o imposible reparación ulterior, incluso tratándose de normas con presunción de validez.
Por último, en la misma resolución se ordenó correr traslado al Estado Nacional, otorgándole un plazo de tres días para que presente un informe circunstanciado sobre los hechos y fundamentos del caso, en el marco del trámite previsto para este tipo de acciones.
Por qué el gremio judicial pidió frenar el traspaso con una medida cautelar
La acción fue impulsada por el sindicato que conduce Julio Piumato. La UEJN presentó una demanda contra el Estado Nacional pidiendo la nulidad y declaración de inconstitucionalidad de varias normas.
Entre ellas, apuntó contra la Ley 27.802 y el acuerdo de transferencia firmado el 9 de febrero de 2026. Según el planteo, estas disposiciones violan los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, además de distintos tratados internacionales.
El gremio también cuestionó el proceso legislativo. Sostiene que las leyes fueron aprobadas en sesiones extraordinarias sin la convocatoria correspondiente.
Para Piumato, la iniciativa "es un nuevo intento de disolución del fuero del trabajo, que ya venimos denunciando". El dirigente advirtió que "en tiempo récord salió un decreto que le da al jefe de Gabinete las facultades para firmar convenios de transferencia".
Qué pasa con los 1.600 trabajadores de la Justicia Nacional del Trabajo
Uno de los argumentos centrales del sindicato es la situación laboral de los empleados judiciales. Alrededor de 1.600 trabajadores integran la Justicia Nacional del Trabajo y su futuro quedó en el limbo.
El artículo 91 de la Ley de Modernización Laboral prevé la disolución de 30 juzgados y una sala en un plazo de 180 días, dentro de un esquema de transición que mantendría vigente el fuero nacional hasta que se concrete el traspaso.
Ese artículo establece una vigencia transitoria hasta que se implemente el acuerdo entre el Estado nacional y el Gobierno porteño. Una vez formalizado el traspaso, se prevé una disolución progresiva del fuero nacional conforme a los plazos fijados.
La preocupación del gremio es que este proceso termine afectando la estabilidad de cientos de empleados judiciales. La cautelar de Mendel pone pausa a ese cronograma por tiempo indeterminado.
Cómo era el acuerdo entre Milei y Jorge Macri que quedó suspendido
El convenio alcanzado entre el gobierno nacional encabezado por Javier Milei y la administración porteña de Jorge Macri quedó por ahora suspendido. La resolución judicial obliga a esperar una decisión definitiva sobre la cuestión de fondo.
El acuerdo aprobado por el Congreso como parte de la reforma laboral establecía un período de transición. En ese esquema, las nuevas causas laborales pasarían a ser tramitadas por la Justicia local.
Mientras tanto, los tribunales nacionales continuarían con los expedientes ya iniciados. El objetivo era garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones bruscas.
El convenio también fijaba la distribución de responsabilidades administrativas y presupuestarias entre la Nación y la Ciudad. Se buscaba respetar la autonomía porteña y evitar conflictos de competencia.
Además, el acuerdo especificaba qué materias quedarían excluidas del traspaso. Los conflictos colectivos de trabajo, por ejemplo, continuarían bajo competencia federal.
Finalmente, el esquema contemplaba el cierre progresivo de juzgados nacionales y la designación de nuevos magistrados en la órbita porteña. El plan apuntaba a consolidar la estructura de la Justicia laboral en la Ciudad de Buenos Aires.
Qué dice la UEJN sobre la reforma laboral y el traspaso de la Justicia
Para el secretario general de la UEJN, la decisión del Ejecutivo es "inaceptable y contraria a la Constitución, a las leyes, a los derechos de los trabajadores y de las y los judiciales". El dirigente alertó que la medida "disuelve el fuero del trabajo".
Piumato advirtió que "no nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras se desmonta algo que es fundamental para el ejercicio de la dignidad, la libertad y la justicia de todos los trabajadores argentinos".
Para la UEJN, el traspaso forma parte de un plan para "quitar derechos, debilitar la protección legal de los trabajadores en beneficio de los grandes grupos económicos y poner de rodillas a la Justicia del Trabajo".
El sindicato destacó que la Justicia laboral es "una herramienta fundamental para equilibrar la relación entre capital y trabajo". Según su postura, atacar el fuero equivale a atacar directamente los derechos de toda la clase trabajadora.
El gremio celebró la cautelar de Mendel como una victoria provisoria. Sin embargo, advierte que la pelea continuará hasta obtener una sentencia definitiva que declare la nulidad e inconstitucionalidad del acuerdo y de la Ley 27.802.