Agua, minería y participación ciudadana: la reforma de Glaciares que enfrenta a provincias y desata tensión en Diputados
La reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo de tensión. Diputados de la oposición impugnaron formalmente la audiencia pública convocada en la Cámara baja por presuntas irregularidades en el proceso de participación ciudadana.
El planteo apunta directo al corazón del conflicto: más de 100.000 personas se inscribieron para participar, pero solo el 0,3% pudo exponer oralmente. La reforma, que ya tiene media sanción del Senado, busca modificar una ley clave para la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
El oficialismo defiende el esquema mixto adoptado. La oposición habla de una "farsa institucional".
Por qué impugnaron la audiencia pública
El eje del conflicto está en la validez de la audiencia organizada para debatir los cambios en la Ley 26.639. Esta normativa protege glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservorios estratégicos de agua dulce.
Legisladores opositores, encabezados por Maximiliano Ferraro, presentaron una impugnación formal. Según el escrito, existen "graves irregularidades" en la metodología adoptada.
Esas irregularidades vulneran el Reglamento de la Cámara de Diputados, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y compromisos internacionales asumidos por Argentina, especialmente el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
Los cuestionamientos se concentran en tres aspectos. Primero: la limitación de la intervención oral directa. Segundo: el uso de criterios discrecionales para seleccionar expositores. Tercero: la exclusión de la gran mayoría de inscriptos.
Además, los legisladores denunciaron que las condiciones de participación fueron modificadas una vez iniciado el proceso. Las reglas cambiaron sobre la marcha.
"Estamos frente a una audiencia que se transformó en una farsa", sostuvo Ferraro. Advirtió que solo un 0,3% de los inscriptos pudo acceder a la exposición oral.
Cuestionó que se pretenda avanzar con una reforma de alto impacto ambiental "sin debate real y sin licencia social".
La diputada Sabrina Selva denunció que la participación fue "cercenada de manera arbitraria". También criticó que no se transparentaron los criterios de selección de participantes.
Selva señaló que se utilizó un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para justificar la restricción de ciudadanos de todo el país.
Qué dice el Acuerdo de Escazú y por qué es central en el debate
El Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a garantizar instancias de participación ciudadana en decisiones ambientales. No alcanza con abrir una ventanilla de inscripción: hay que asegurar condiciones efectivas de incidencia.
Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el esquema adoptado. Sostuvo que se cumplió con los requisitos del acuerdo internacional.
Explicó que no se establecieron restricciones iniciales para la inscripción. Cualquier ciudadano pudo anotarse sin necesidad de acreditar un interés específico.
Sin embargo, reconoció que la masividad de inscriptos obligó a definir un esquema mixto: exposiciones presenciales, intervenciones remotas y presentaciones escritas o en video, todas incorporadas al expediente legislativo.
"Quienes creen que la audiencia pública es la única manera de ser escuchados están en un error", afirmó Mayoraz. Remarcó que todo el material será considerado por los diputados al momento de debatir la ley.
Para la oposición, este enfoque desnaturaliza el espíritu del Acuerdo de Escazú. El tratado no solo exige la posibilidad de participar, sino también garantizar condiciones reales de injerencia en la toma de decisiones.
Qué pasó en la primera jornada de audiencias
La primera jornada de la audiencia pública dejó en evidencia la fuerte polarización en torno a la reforma. El encuentro, realizado en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados, comenzó a las 10 de la mañana.
Rápidamente derivó en momentos de tensión, protestas y cuestionamientos.
Uno de los primeros focos de conflicto se produjo cuando se redujo el tiempo de exposición de cinco a cuatro minutos por orador. La medida generó el rechazo inmediato de los participantes.
A esto se sumaron reclamos por la imposibilidad de ingreso de algunas personas al recinto. El cruce entre diputadas de la oposición y autoridades de la comisión escaló.
El clima se tornó aún más tenso tras la intervención de representantes sociales y comunitarios. Cuestionaron tanto la reforma como la metodología de la audiencia.
"Esto no es una audiencia pública como corresponde", reclamó un expositor. Señaló que miles de personas quedaron afuera del debate oral.
El debate de fondo: agua, ambiente y desarrollo productivo
Más allá de las controversias procedimentales, el debate central gira en torno al equilibrio entre protección ambiental y desarrollo productivo. La actividad minera está en el centro de la discusión.
Desde las provincias con economías vinculadas a recursos naturales surgieron posturas contrapuestas.
Vanina Basso, secretaria de Ambiente de La Pampa, advirtió sobre los riesgos de flexibilizar la protección de glaciares. Remarcó que estos ecosistemas ocupan apenas el 0,3% del territorio nacional, pero son fundamentales como reservas de agua dulce.
Alertó que el retroceso de los glaciares y los cambios en los ciclos de deshielo ya están afectando los caudales de los ríos.
"La decisión de flexibilizar la protección no es neutra, aumenta el riesgo", sostuvo Basso. Recordó que el 70% de la población pampeana depende del río Colorado, cuya cuenca se alimenta de ambientes glaciares.
También hizo hincapié en la interjurisdiccionalidad de los recursos hídricos. Mencionó el caso del río Atuel como ejemplo de las consecuencias de decisiones unilaterales aguas arriba.
Esas decisiones generaron desertificación y desplazamiento de poblaciones.
La postura de San Juan: minería y eficiencia en el uso del agua
En contraposición, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, defendió la modificación de la ley. Rechazó lo que calificó como una "falsa dicotomía" entre minería y cuidado del agua.
El funcionario argumentó que su provincia, con una geografía mayormente desértica, depende de la actividad minera para su desarrollo económico.
Destacó que solo el 3% del agua se destina a la minería, frente al 81% que utiliza la agricultura y el 16% correspondiente al consumo humano.
Además, señaló que la minería puede contribuir a mejorar la eficiencia en el uso del agua mediante inversiones en infraestructura y sistemas de riego.
Cuestionó la falta de mantenimiento de los canales de distribución durante gestiones anteriores. Resaltó el rol del sector privado en la modernización del sistema.
Qué dijeron científicos, comunidades originarias y referentes de derechos humanos
La audiencia también incluyó exposiciones de especialistas, referentes sociales y figuras de derechos humanos. En su mayoría, fueron críticas de la reforma.
El glaciólogo Gabriel Cabrera cuestionó aspectos técnicos de la ley vigente. Pero también planteó la necesidad de revisar el inventario de glaciares con participación de las provincias.
Representantes de comunidades originarias denunciaron un histórico proceso de explotación de los territorios. Advirtieron sobre los impactos de la actividad extractiva en sus comunidades.
Uno de los discursos más contundentes fue el del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. "El agua no es una mercancía, es un derecho", advirtió.
También denunció que la convocatoria a la audiencia viola el Acuerdo de Escazú y restringe la participación de los pueblos indígenas.
Qué sigue ahora con la impugnación y el proceso legislativo
La impugnación presentada por los diputados opositores solicita la declaración de invalidez de la audiencia. Pide la nulidad de los actos realizados y la convocatoria a una nueva instancia que garantice condiciones reales de participación.
Además, anticipa la posibilidad de recurrir a la vía judicial si no se corrigen las irregularidades denunciadas.
Desde el oficialismo aseguran que las presentaciones judiciales ya fueron rechazadas. Afirman que la impugnación seguirá los canales administrativos correspondientes.
Mientras tanto, el proceso legislativo continúa con una segunda jornada de audiencias bajo modalidad mixta. Se prevé la participación de nuevos expositores.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares no solo expone diferencias sobre el modelo de desarrollo, sino también sobre la calidad institucional de los mecanismos de participación ciudadana en decisiones ambientales.
En un tema tan sensible como la gestión del agua y la protección ambiental, la discusión trasciende lo técnico. Se instala en el corazón de la relación entre el Estado, la sociedad y los recursos naturales.
Con posiciones enfrentadas y un clima de creciente tensión, el futuro de la norma dependerá no solo de los votos en el Congreso. También de la legitimidad social que logre construir el proceso.