Impulsan proyecto de ley para "perdonar" deudas e intereses por tarjetas y préstamos personales: quiénes podrían acceder
Un proyecto de ley presentado por el diputado Roberto Santiago, del bloque Unión por la Patria, impulsa la creación de un régimen extraordinario de regularización de deudas destinado a personas humanas con dificultades de pago. La iniciativa, titulada "Desendeudamiento y reestructuración de deudas de las familias argentinas", establece mecanismos de condonación parcial, refinanciación y asistencia estatal para deudas vinculadas al consumo, con el objetivo de abarcar situaciones registradas hasta el 31 de diciembre de 2025.
La propuesta alcanza a personas que se encuentren clasificadas en las categorías 2, 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central, es decir, aquellas que presentan distintos niveles de riesgo o incumplimiento en sus obligaciones crediticias. El universo incluye deudas contraídas con entidades financieras, proveedores de servicios de pago, proveedores no financieros de crédito y plataformas de financiamiento entre particulares.
Qué deudas quedan incluidas en el régimen
El texto delimita que el régimen comprende deudas originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales, dos de las principales fuentes de financiamiento al consumo. En cambio, excluye expresamente obligaciones alimentarias, deudas tributarias, créditos hipotecarios y prendarios.
Asimismo, contempla la posibilidad de incluir deudas que hayan sido transferidas a fideicomisos u otras entidades administradoras de activos, bajo condiciones que serán definidas en la reglamentación.
El proyecto incorpora definiciones técnicas clave para su aplicación, como las referidas a proveedores de servicios de pago, proveedores no financieros de crédito y plataformas de crédito entre particulares. También utiliza como referencia indicadores económicos oficiales, como la Canasta Básica Total (CBT) elaborada por el INDEC y la tasa BADLAR publicada por el Banco Central.
Condonación del 90% del capital para familias de bajos ingresos
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la condonación total de los intereses punitorios, recargos, cargos y demás accesorios derivados de la mora en las deudas alcanzadas.
En relación con el capital, el proyecto establece un esquema diferenciado según el nivel de ingresos del grupo familiar: para aquellas personas cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, se prevé una condonación del 90% del capital adeudado.
El saldo restante deberá ser refinanciado en hasta 36 cuotas mensuales, con una tasa de interés que no podrá exceder el 50% de la tasa BADLAR. Esta refinanciación se realizará a sola firma del deudor y sin costos adicionales en concepto de comisiones o gastos administrativos.
Para quienes superen ese nivel de ingresos, el proyecto no contempla quita de capital, pero sí la posibilidad de refinanciar la totalidad de la deuda bajo las mismas condiciones de plazo y tasa.
Incentivos regulatorios para entidades financieras
La iniciativa prevé que el Banco Central de la República Argentina establezca una serie de incentivos regulatorios y prudenciales para las entidades alcanzadas por el régimen.
Entre las medidas posibles se incluyen tratamientos contables diferenciales, ajustes temporarios en los requerimientos de previsiones y facilidades en el cómputo del capital regulatorio. También se contempla la posibilidad de distribuir el impacto contable de la implementación del régimen en hasta tres ejercicios.
Creación del Fondo de Asistencia a Deudores
El proyecto propone la creación del Fondo de Asistencia a Deudores (FAD), que funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía. Este instrumento estará orientado a personas con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales que mantengan deudas con proveedores no financieros de crédito.
Entre sus funciones, el fondo podrá:
- Adquirir deudas con un descuento del 50% sobre el capital original ajustado por inflación, excluyendo intereses y otros cargos
- Facilitar la reinserción de los deudores en el sistema financiero formal
- Prevenir situaciones como desalojos o ejecuciones patrimoniales
El financiamiento del FAD se realizará mediante la asignación de un 1% de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a operaciones del sistema financiero en el tramo no coparticipable.
Suspensión de ejecuciones judiciales por 90 días
El régimen contempla un plazo de 90 días corridos desde la publicación de la ley para que las personas alcanzadas puedan adherirse. Durante ese período, se dispone la suspensión de los procesos judiciales y de ejecución vinculados con las deudas incluidas, incluso en casos donde exista sentencia firme.
Además, el Banco Central deberá dictar la reglamentación necesaria dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma.
Modificaciones normativas complementarias
El proyecto también incluye disposiciones orientadas a modificar el marco normativo vigente. En particular, propone la derogación de artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la reimplantación de determinados artículos de la Ley 25.065 vinculada al régimen de tarjetas de crédito.
Contexto: 18 millones de argentinos afectados por sobreendeudamiento
En los fundamentos, el autor de la iniciativa señala que el régimen busca atender una situación de sobreendeudamiento de los hogares que se ha extendido en los últimos años. Según estimaciones citadas en el texto, hacia fines de 2025 el stock de crédito a personas humanas alcanzaría aproximadamente los $55 billones, con una tasa de irregularidad cercana al 9%.
El documento indica que entre 5 y 7 millones de hogares presentarían niveles de endeudamiento problemático, lo que equivaldría a entre 13 y 18 millones de personas. También menciona que el pago de deudas representa en promedio el 34% de los ingresos familiares.
En relación con el sistema financiero, se señala que presenta niveles de solvencia superiores a los requerimientos regulatorios mínimos y un alto nivel de previsiones por incobrabilidad, cercano al 93% de la cartera irregular.
El impacto estimado del programa sobre el sistema se ubicaría en torno a $106.000 millones, equivalente a aproximadamente el 0,12% del total del crédito al sector privado.
El texto sostiene que el régimen se enfoca en créditos con baja probabilidad de recupero y que su implementación podría transformar esas carteras en deudas refinanciadas con mayores posibilidades de cobro. También plantea que el esquema tendría un "costo fiscal directo cero", al apoyarse en previsiones ya constituidas por las entidades financieras y en la reasignación de recursos existentes para el financiamiento del fondo.
Objetivos del régimen
Entre los objetivos señalados se encuentran la reducción del sobreendeudamiento de los hogares, la recuperación del acceso al crédito formal para sectores excluidos, la disminución de la litigiosidad y la mejora en la capacidad de consumo de las familias.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Santiago Luis Roberto y se encuentra en etapa de tratamiento legislativo.