Procesan por presunta evasión impositiva al ex F1 Gastón Mazzacane: investigan un esquema tributario millonario

El magistrado Alejo Ramos Padilla resolvió avanzar con el procesamiento del ex piloto de Fórmula 1 y actual corredor de Turismo Carretera, Gastón Mazzacane, junto a su padre, Hugo Héctor Mazzacane —figura central de la ACTC— y otros tres integrantes del ámbito empresarial. A todos se los acusa de presunta evasión impositiva e insolvencia fiscal fraudulenta.

También quedaron alcanzadas distintas firmas vinculadas al mismo grupo económico: Quilmes Tolosa S.A., CEAGA S.A., Maverick S.A. y MDNAJMM S.A., que fueron incorporadas al expediente como parte del entramado bajo análisis.

Hipótesis fiscal: cómo habría funcionado el esquema

Según la investigación impulsada por la fiscalía, la operatoria bajo sospecha se habría apoyado en una estructura societaria compleja, diseñada para distribuir ingresos entre varias empresas y dificultar el control tributario.

Los investigadores sostienen que se habrían utilizado mecanismos de registración paralela, junto con operaciones no declaradas, con el fin de ocultar parte de la facturación real. El objetivo final, de acuerdo con esa hipótesis, habría sido reducir la carga impositiva y debilitar la solvencia de la compañía principal del grupo.

El expediente abarca un lapso prolongado de actividad económica, estimado entre 2014 y 2024. Durante ese lapso, los peritajes lograron reconstruir movimientos internos, detectar ventas omitidas en los registros oficiales y seguir transferencias de activos entre las sociedades involucradas.

Las cifras millonarias bajo análisis

El impacto económico del caso es alto. La deuda tributaria investigada se calcula en torno a los $5.500 millones para los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2023. Si se incorpora el año 2024, el total superaría los $8.000 millones.

Por su parte, la Procuración General de la Nación calculó el perjuicio fiscal en aproximadamente $3.965 millones, cifra que resume el impacto directo sobre las arcas públicas.

Allanamientos, secuestros y embargos

Como parte de las medidas adoptadas durante el avance del proceso, la Justicia ordenó el embargo de bienes de los acusados con carácter preventivo, buscando asegurar una eventual condena y la posible recuperación de los montos involucrados.

Además, se realizaron allanamientos en domicilios particulares y oficinas de las empresas investigadas. En esos procedimientos, llevados adelante con participación de la Policía Federal Argentina —a través de la División Lavado de Activos—, se incautaron documentación contable, archivos societarios, registros financieros y dinero en efectivo.

La respuesta de la defensa

Luego del procesamiento, los abogados defensores —Alfredo J. M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón— presentaron una apelación para revertir la decisión judicial.

Entre sus argumentos, plantearon que:

• Parte de los períodos fiscales ya no serían perseguibles por prescripción, lo que reduciría el alcance del expediente.
• Varias de las obligaciones tributarias fueron regularizadas tras inspecciones del organismo recaudador ARCA, mientras que otras se encuentran incluidas en planes de pago vigentes.

Cuestionamientos a la medida judicial

La estrategia defensiva también sostuvo que la reorganización de las sociedades respondió a criterios legales y a la necesidad de sostener la continuidad operativa del grupo, del que dependen alrededor de 150 familias.

En esa línea, calificaron el procesamiento como una decisión excesiva, argumentando que desconoce el nuevo régimen de inocencia fiscal y pone en riesgo la actividad empresarial sin sustento suficiente.

Los próximos pasos del expediente

La investigación es llevada adelante por la fiscal federal María Laura Roteta, con intervención de ARCA como parte querellante. La causa se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador por presuntas maniobras de evasión en los ejercicios 2021 a 2024.

Con el procesamiento ya dictado, la Cámara deberá analizar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y resolver los próximos pasos que seguirá la causa en la instancia superior.